Miércoles 22 de Febrero, 2017

Desde la concepción misma del sistema democrático en la antigua Grecia, se consideró a la participación activa de los sujetos sociales legitimados para ello, como un pilar fundamental de su esencia y praxis concreta.

A lo largo de la historia los modelos de participación han evolucionado en función de las características propias de cada contexto sociohistórico específico.

En pleno siglo XXI, el tema de la participación ciudadana posee rasgos novedosos que reflejan el avance tecnológico experimentado por la humanidad en los últimos tiempos.

Una muestra de esto es la irrupción de las redes sociales, como un mecanismo virtual capaz de movilizar voluntades y empujar acontecimientos en la realidad tangible. La llamada “Primavera Árabe” es una de sus más emblemáticas expresiones.

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En Costa Rica recientemente el uso de esta herramienta informática ha permitido diseñar y ejecutar manifestaciones sociales de protesta en torno a temas diversos.

Desde la reivindicación de los derechos de los animales, hasta la oposición a instituciones públicas o a decisiones emanadas de aquellas, han sido conceptualizadas y gestionadas a través del uso de las redes sociales.

Empero en medio de tan variadas manifestaciones de participación, es preciso delimitar con rigurosidad, su definición conceptual, así como los alcances reales, intrínsecos a la misma.

Se entiende por participación la influencia sobre decisiones de la autoridad, sea porque se desempeña formalmente un rol en el proceso de toma de decisiones, sea porque se influye sobre quienes desempeñan esos roles.

Al amparo de esta definición general, se conceptualiza de forma más específica a la participación política como: toda actividad de los ciudadanos dirigida a intervenir en la designación de sus gobernantes o a influir en la formación de la política estatal.

A su vez esta modalidad de participación se distingue de la llamada “participación popular”, en tanto esta última, refiere a las expresiones de intervención de los actores sociales en la incidencia del devenir de la administración pública, especialmente en el ámbito de lo local, inspiradas por un interés de orden comunal y no necesariamente político o ideológico.

En términos generales la participación ciudadana en Costa Rica se caracteriza por su condición de proceso; su perdurabilidad en el tiempo, toda vez que se entiende como una influencia permanente, o al menos que busca serlo; su interacción con el poder, especialmente público, y su finalidad: incidir en la conducción de los procesos políticos y administrativos a través de los cuales, se construyen y gestionan las decisiones de gobierno, que afectan el entorno inmediato de los sujetos reproductores del proceso participativo.

Sobre su efecto, es decir sobre la capacidad real de incidencia en el contenido y orientación de la política pública, huelga indicar que deviene en un indicador objetivo medular, que permite diferenciar la aspiración discursiva de la realidad tangible.

Dicho de otra forma: a lo largo de décadas y desde distintos espacios, particularmente desde los ámbitos de lo político y lo mediático, se insiste en la necesidad de fomentar la participación ciudadana como componente vital del modelo político establecido.

Empero en la práctica, existen distintas evidencias fácticas que muestran que, tras la participación promovida, lo que se ha producido es la cooptación de distintos agentes sociales por parte de las élites de poder existentes, con el propósito de legitimar su proyecto político propio.

La viabilidad y efectividad de la participación ciudadana verdaderamente inclusiva y no manipulada, depende del grado real de involucramiento de los actores sociales en la formulación, ejecución, seguimiento y control de las decisiones públicas adoptadas, que a su vez deberán reflejar en sus contenidos, esa diversidad social participante en su construcción.

Y para alcanzar esto, devienen en factores fundamentales, la calidad y cantidad adecuada de información poseída por los actores sociales, así como su grado de autonomía dentro del proceso de participación reproducido.

En síntesis, la participación ciudadana, especialmente la de alcance político, supone la existencia de actores sociales que ejercen una influencia efectiva en la conducción de los procesos políticos que les afectan en lo inmediato y en lo cotidiano, materializada en su capacidad de presión y proposición, gracias a su dominio real de las variables que confluyen en un escenario político y social concreto, lo que se traduce en la definición de acuerdos políticos construidos de forma consensuada.

En ese contexto, Costa Rica ha observado un transitar lento, no necesariamente lineal, pero sí sostenido, hacia un modelo de gestión política del poder público más inclusivo y participativo.

La Constitución Política del país señala en su artículo noveno lo siguiente: “El Gobierno de la República es popular, representativo, participativo, alternativo y responsable. Lo ejercen el pueblo y tres Poderes distintos e independientes entre sí: el Legislativo, el Ejecutivo y el Judicial”.[i]

Esta redacción del artículo constitucional, reformado mediante la Ley N° 8364, de 1º de julio de 2003 en lo tocante a la incorporación del carácter participativo del Gobierno, así como en el reconocimiento del pueblo como un operador político, colocado en el mismo plano que los poderes propios del sistema representativo, es fiel expresión de esa tendencia promotora de la participación ciudadana, observada en la dinámica política del país.

Desde la última década del siglo anterior se viene decantando, primero a nivel discursivo y más adelante, en el plano de la concreción de decisiones públicas, la migración hacia un modelo de organización política promotora de un involucramiento mayor y más activo, de la sociedad en su gestión.

Como resultante de esta dinámica se han producido normas jurídicas, como el referido artículo a nivel de la Carta Magna, e institutos como el Referéndum y la Iniciativa Popular, en el ámbito legislativo.

A nivel del Poder Ejecutivo se han promovido estrategias como la llamada Concertación Nacional impulsada en los inicios de la Administración Rodríguez Echeverría o las Mesas de Diálogo promovidas por el actual Gobierno de la República.

En su dimensión estrictamente electoral, la participación ciudadana también ha experimentado avances desde la perspectiva formal-institucional en los últimos años.

Por ejemplo se comenzó a implementar en  la práctica el principio de paridad de género y el mecanismo de alternancia en las listas de candidaturas y los órganos internos de los partidos políticos. También se permitió por primera vez el ejercicio del voto en el extranjero para la elección presidencial, de acuerdo con la normativa del Código Electoral de 2009.

Complementando estas acciones de naturaleza formal, también se han generado distintas expresiones de participación social desde los estamentos de la sociedad, con una capacidad de incidencia política real.

Este tipo de participación ciudadana no institucionalizada, ha ido adquiriendo cada vez más fuerza, reflejado en su mayor recurrencia, logros debidamente registrados en términos de afectación directa de las decisiones de los operadores políticos y en su nivel de organicidad, que incluso los ha llevado a ocupar espacios  en instancias de diálogo y negociación política, anteriormente reservados para la institucionalidad política formal de carácter representativo.

El desafío central encarado por el país en relación a las modalidades de participación ciudadana interactuantes, pasa por superar la tensión existente entre las fuerzas que empujan hacia una instrumentalización de la participación ciudadana tendiente a reforzar y legitimar proyectos políticos sectarios, o representativos de segmentos específicos de la sociedad y las que tienen como proyecto político, la configuración mecanismos de participación paralelos a la institucionalidad política establecida, mediante los cuales se reemplace a esta última.

En aras de ordenar y orientar el abordaje del desafío señalado, debe constituirse una suerte de catalizador que establezca el marco y los límites óptimos de las modalidades de participación válidas.

La concreción de acuerdos políticos que reconstituyan el pacto social, capaz de ofrecer estabilidad y mejoría de las oportunidades para la gobernabilidad democrática, devendría en el rasgo esencial del catalizador planteado.

La incidencia efectiva de la participación ciudadana exige la viabilidad financiera, jurídica y política de los acuerdos alcanzados en los espacios de interacción político-sociales, potenciando su impacto real en el sistema político en el que se desarrolla.

En ese contexto, toda acción que tienda a institucionalizarse en este campo comporta un doble propósito: en lo estrictamente coyuntural, busca la influencia real en la dinámica y en el  carácter de las decisiones de política pública resultantes del proceso, y desde una perspectiva estructural, persigue la legitimación del proceso concreto y, por este medio, del sistema político al cual adhiere e informa.

Del logro de este equilibrio, dependerá la concreción de los fines superiores buscados, lo que a su vez, da sentido y legitima a los modelos de participación ciudadana reproducidos.

Es en pocas palabras, la potenciación de una dinámica socio-política configuradora de una suerte de círculo virtuoso de la participación ciudadana, en su doble condición de promotor del desarrollo integral de quienes participan y de  instrumento vital del fortalecimiento del sistema político del que adhiere como componente estratégico.

De esta manera el tránsito hacia una democracia más participativa generará frutos concretos que reforzarán la validez del camino trazado, a la vez que consolidará las bases mismas del sistema político del que surgió, llevando al país en su conjunto por un sendero de bienestar inclusivo, plural y sostenible en el tiempo.



[i] Constitución Política de Costa Rica en http://www.asamblea.go.cr/Documents/Constitución%20Política.pdf


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