Viernes 23 de Junio, 2017

Enmarcado en el proceso de empoderamiento de la mujer desarrollado por Costa Rica desde inicios del siglo XX, y que, en lo político alcanza un primer gran logro, con el acceso al ejercicio del sufragio en 1949, desde 1996 se ha venido realizando una serie de transformaciones en los campos jurídico e institucional del sistema político, inspirados en el propósito supremo de facilitar las condiciones para su efectiva integración en los espacios decisorios del poder político.

El advenimiento de las cuotas al interior de los partidos políticos y en sus candidaturas a puestos de elección popular, perfeccionadas con el mandato de que en los casos de las papeletas a cargos públicos, debían ser colocadas en los lugares con mayor probabilidad de éxito en las urnas, fueron la antesala de la migración a la paridad y alternancia, consagradas en la actual redacción de la legislación electoral y cuya puesta en práctica ocurrió por vez primera en los comicios nacionales de 2014.

No obstante el avance conseguido en la norma, en la dinámica concreta de su aplicación, prevalece aún un rezago que impide materializar plenamente su espíritu.

Factores propios de la lógica del poder y del comportamiento electoral de la ciudadanía, ajenos de manera directa al tema, han incidido en dicha dicotomía.

La fragmentación del voto para la conformación del Parlamento no solo provoca la representación multipartidista que hoy caracteriza a la Asamblea Legislativa, sino que, como efecto indirecto, incide en la cantidad de mujeres designadas como diputadas.

La colocación mayoritaria de las aspirantes en los segundos lugares de las papeletas, en un escenario donde imperó como ecuación dominante, la elección de un solo diputado por lista, generó el decrecimiento del número de diputadas en el actual cuatrienio con respecto al anterior.

Mientras en el periodo 2010-2014, hubo 22 diputadas electas, equivalentes al 38,59 % del total de la cámara, en 2014 se redujo en dos la presencia parlamentaria femenina, para un total de 20 legisladoras, correspondientes a un 35,08 %.

Motivado en lo anterior, se han buscado fórmulas armonizadoras del espíritu contenido en la norma promotora de la equidad de género en los espacios de conducción del poder y el entorno político real.

Derivado de ello, surgió como respuesta concreta la ampliación del efecto del mecanismo de la paridad, circunscrito inicialmente a una dimensión vertical, para hacerlo también de alcance horizontal.

En la práctica, esto significa que, cada partido político inscrito a escala nacional, deberá encabezar tres de las siete papeletas de candidaturas a la próxima Asamblea Legislativa con personas de un sexo distinto al de las que sean cabeza de lista de las restantes cuatro.

Dicho de otra forma, un partido deberá tener de tres a cuatro mujeres liderando sus papeletas diputadiles.

Con esto, se procurará neutralizar el antes aludido efecto colateral, generado por la dispersión del sufragio en distintas fuerzas político-partidistas.

No obstante, el avance que puede suponer este ajuste en la implementación de la paridad, hubo necesidad de que el Tribunal Supremo de Elecciones, a través de la resolución de un recurso de amparo electoral, estableciera como jurisprudencia la obligatoriedad de que cada partido político fijara de manera transparente y anticipada al proceso de selección de sus aspirantes a formar parte del próximo Parlamento, la forma como materializará la paridad horizontal.

Reza en lo que compete lo resuelto por el órgano electoral: “En síntesis, aun cuando los partidos tienen un amplio margen de libertad para configurar el mecanismo a través del cual implementarán la paridad horizontal, deben cumplir dos requisitos esenciales: a) consagrarlo en una norma jurídica discutida y aprobada por la asamblea superior de la agrupación; y, b) disponerlo antes de convocar el proceso electivo interno, sin que puedan modificarlo una vez que este se haya convocado”.

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Una vez más el tiempo y, específicamente la voluntad del votante, definirán si la adopción de esta medida contribuirá de manera pertinente con elevar la presencia de la representación de la mujer en el órgano legislativo.

Aunado a ello, otras normas tendientes a favorecer la equidad de género en la conformación de juntas directivas de instituciones autónomas, junto a ofrecimientos electorales de configuración paritaria de gabinetes, forman parte del inventario de medidas y acciones que siguen sumando en el proceso lento, pero sostenido de construir un sistema político, donde hombres y mujeres tengan las mismas posibilidades y condiciones para poder participar e incidir de manera tangible y duradera.

La agenda en materia de brechas de género no se agota ahí. Inequidades en acceso a puestos de trabajo de alta calificación profesional o en oportunidades para desarrollar emprendimientos son expresión de una gama amplia de espacios en los que aún la asimetría impera.

Empero, si se alcanza una auténtica paridad en los órganos de poder político público, que devenga en la elaboración de políticas públicas con perspectiva de género, en todos los órdenes del quehacer social, ello legitimará y fortalecerá las acciones emprendidas, dando renovado brío a la construcción de una sociedad auténticamente inclusiva y justa.

Sergio Araya Alvarado, politólogo



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