Miércoles 13 de Noviembre, 2019

Acta pública de Sutel pone en riesgo económico a TV y radios

Sharon Cascante Lizano31 de mayo, 2017 | 12:01 AM

La Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel) habría violado el debido proceso al recomendar la recuperación de 12 frecuencias televisivas, porque lo hizo público en un acta, violentando la privacidad de estas y poniendo en riesgo económico a la clientela de todas esas concesionarias.

La Sutel emitió una serie de recomendaciones a través de la Junta Directiva mediante las cuales pedía al Poder Ejecutivo, representado por el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones (Micitt), que cesara la administración de las frecuencias a varios concesionarios.

Estas concesiones o permisos de uso se extienden hasta el 2024, tiempo que puede prorrogarse si se cumplen los requisitos exigidos. Sin embargo, el Estado pretende recuperar las frecuencias de manera anticipada, aunque sin respetar el debido proceso. Se trata de las concesiones de:

-Teleamérica S.A. (Canal 34)
-Telesistema Nacional S.A. (Canal 22)
-Celestron S.A.
-Canal Cincuenta de Televisión S.A. (Canal 45)
-Grupo Tagama S.A. (Canal 49)
-Sociedad Periodística Extra S.A. (Canal 69)
-Radio Costa Rica Novecientos Treinta AM S.A. (El acta de Sutel presenta un error pues afirma que son concesionarios del canal 49, mismo que tiene el Grupo Tagama)
-Corporación Costarricense de Televisión S.A. (Canal 26)
-Televisora Cristiana S.A. (Canal 63)
-Canal Color S.A. (Canales 37 y 48)
-Televisora Canal Veintisiete MM S.A. (Canales 20 y 27)
-Asociación Cultural Cristo Visión (Canales 31 y 55)

En el caso de la Sociedad Periodística Extra, el canal 69 es la repetidora del Canal 42 (Extra TV), esto permite que se tenga cobertura a nivel nacional, es decir, de no contar con el canal 69, ciertas zonas del país no recibirían la señal.

Ley General de Telecomunicaciones

La recomendación de la Sutel incluida en el acta de la sesión ordinaria 033-2017, con fecha del 27 de abril, se basa en el artículo 22 de la Ley General de Telecomunicaciones, el cual incluye los lineamientos para revocación y extinción de las concesiones, las autorizaciones y los permisos.

Este artículo incluso señala que, al extinguirse la concesión por causas ajenas al dueño del derecho de uso, podrá exigir la indemnización que corresponda por Ley y según el contrato.

Iary Gómez, gerente general de Grupo Extra, dijo que el hacer pública esta acta puede generar consecuencias negativas a los concesionarios.

No hubo debido proceso

Esta decisión de la Sutel ha generado una serie de reacciones, las cuales, en su mayoría, indican que no se cumplió con el debido proceso.

Vanessa Castro, abogada especialista en Telecomunicaciones, dijo a La Prensa Libre que el informe salió cuando no debía, lo cual podría generar daños a los concesionarios.

Por ejemplo, habría una posible afectación a la pauta, ya que al darse a conocer la recomendación, podría generar incertidumbre.

 “Este informe de Sutel siento que salió cuando no debió haber salido, y sin un debido proceso, debió haberse dado el informe y que el Viceministerio de Telecomunicaciones conociera el tema y darles el debido proceso a las partes.

Lo que no me parece lógico es que haya salido de esta manera, causando un daño importante a la imagen de los entes concesionarios, quienes no han tenido la oportunidad de defenderse adecuadamente”, aseguró la experta.

También indicó que el concesionario debe ser notificado acorde con lo que estipula el artículo 22 de la Ley de Telecomunicaciones, procedimiento que le corresponde al Micitt.

“Aquí ha faltado el debido proceso, eso es fundamental. El debido proceso debe ser ante el Viceministerio, lo que es reprochable es que esto haya salido sin haberle dado la audiencia debida a los concesionarios, es reprochable porque le causa un problema a su imagen, sin tener la posibilidad de defenderse”, recalcó.

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Lesión a la libertad de expresión

Esta posición la apoya William Méndez, abogado especialista en libertad de expresión, quien dijo que es obligación del Gobierno velar por el respeto a este derecho humano, el cual se materializa a través del uso de frecuencias de radio y televisión, por lo que cualquier decisión de quitarlas tiene una repercusión que puede alterar el sistema democrático costarricense.

“El Gobierno debe ser muy cauteloso en el uso de las frecuencias de radio y televisión. No pueden, de la noche a la mañana, retirarse, en virtud de que debe prevalecer el respeto a la libertad de expresión y lo que en derecho conocemos como seguridad jurídica, y, si quiere estudiar el uso del espectro, el Gobierno debe, en honor a la seguridad jurídica, dar el debido proceso a los interesados, los concesionarios, para que expresen sus puntos de vista”, acotó.

Méndez añadió que el Gobierno costarricense siempre ha respetado las libertades y afirma que en esta oportunidad no debe ser la excepción. Además, indicó que ha circulado información extraoficial que podría ser utilizada por grupos con intereses “mezquinos, ideológicos, que lo que buscan es destruir la democracia y la paz social”.

Para él, hay personas interesadas en extinguir a los medios de comunicación, porque de este modo pueden utilizar esos espacios para sus fines políticos e ideológicos.

Daño al Grupo Extra

En este sentido, Saray Amador, presidente de la Cámara Nacional de Radio y Televisión (Canartel), mencionó que Sutel da una recomendación técnica, la cual debe ser analizada muy bien, con la intención de conocer si está a derecho o no.

“Aun cuando hubo mucho tiempo para tomar la decisión, no quiere decir que fue una buena decisión. Creo que, aunque hubo mucho tiempo para tomarla, no fue correcta, porque en el caso de Extra lo que tiene es una repetidora, entonces cómo hace ella con su matriz, porque quedaría parte de la población sin la señal”, mencionó. Añadió que se ve afectada la libertad de expresión.

El diputado Mario Redondo, del Partido Alianza Democrática Cristiana, comentó a Extra TV que le preocupaban las políticas en el Gobierno con respecto a algunos medios de comunicación.

“Es como si quisieran ir ablandando algunos medios, como si estuvieran molestos con algunos medios, tal vez porque no les parecen algunas noticias que se divulgan, ya esta es la enésima intención de ir golpeando medios independientes. Me parece que, si hay algo que fortalece la democracia, es la prensa independiente”, mencionó el legislador.

¿Qué dicen Sutel y Micitt?

Consultados sobre el tema, en la Sutel mencionaron que “como órgano técnico, en cumplimiento de la Ley General de Telecomunicaciones, realiza todos los años mediciones del uso del Espectro Radioeléctrico y emite informes con recomendaciones técnicas para que, de acuerdo a las políticas públicas, el Poder Ejecutivo tome las decisiones correspondientes”.

Mientras que, Edwin Estrada, viceministro de Telecomunicaciones, expresó que están siguiendo las indicaciones de la Contraloría General de la República (CGR), en las que se les pedía un ordenamiento del espectro y les pide que revisen el estado de las concesiones.

Él señaló que deben respetar varios principios: el de debido proceso, el de legalidad y el defensa que tienen los concesionarios, además, indicó que, a hoy, el Poder Ejecutivo no ha emitido actos administrativos que extingan frecuencias.

“El órgano competente para extinguir las concesiones es el Poder Ejecutivo, posteriormente a la aplicación del debido proceso. Cuando Sutel emite una recomendación pidiendo que se aplique el artículo 22, lo que procede es la conformación de un órgano administrativo, que aplique a su vez el procedimiento que está contenido en la Ley de Administración Pública, es totalmente independiente”, explicó.

Estrada expuso que si emite un criterio específico podría traerse abajo el procedimiento, el cual incluso es confidencial y se comunica únicamente a las partes afectadas.

Actualmente, la Sutel envió al Micitt 21 procesos de revisión de las concesiones de radio y televisión, de los cuales ya tienen cuatro procedimientos abiertos y cinco en proceso. Además, el Viceministro mencionó que se trata de un trabajo complejo, porque tienen limitaciones del recurso humano, ya que para cada procedimiento requieren equipos conformados por dos ingenieros y dos abogados.

“Si el órgano comete un error de notificación o de procedimiento, se puede caer por la forma también. Hemos venido cumpliendo en plazos todas las disposiciones”, añadió.

Estrada subrayó que el resultado de estos procedimientos se sabrá hasta que el Poder Ejecutivo deje en firme la decisión.



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