Lunes 11 de Diciembre, 2017

Hacia la efectiva aplicación del protagonismo ciudadano en el quehacer político nacional

11 de agosto, 2017

Sergio Araya

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A menos de dos meses de que arranque oficialmente la campaña electoral 2017-18, en medio de un panorama político poco claro, donde lo único cierto es la ausencia de certeza, muchos de los partidos políticos con expectativa de ser protagonistas en la contienda están inmersos en la definición de quienes les representarán como sus candidatos a los dos puestos de elección popular sometidos a sufragio el 4 de febrero.

En medio de esta vorágine electoral, donde los intereses más diversos afloran por doquier y las pasiones producidas por el afán de poder exponen los rasgos más crudos de quienes contienden por alcanzar esa codiciada posición en la respectiva plancha, es momento preciso, oportuno y necesario de hacer una reflexión reposada alrededor de un asunto de tanta relevancia como lo es la definición de las autoridades políticas públicas, desde la perspectiva de la ciudadanía, en nombre de quien, al menos discursivamente, se desarrolla la dinámica político-electoral referida, pero que, en la realidad concreta del proceso, asume el rol pasivo de "convidada de piedra".

Algo así como si a quien se le celebra su cumpleaños,  fuera figura secundaria, decorativa, o del todo ausente, de dicho ágape efectuado en su honor.

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Esa reflexión pasa por trascender la posición subordinada y segundona en la que la praxis política cotidiana ha colocado a la población, asumiendo el papel protagónico consagrado en el artículo 9 de la Carta Magna.

La activación del espíritu de la norma suprema referida requiere necesariamente de ajustes de fondo en el accionar práctico de la ciudadanía. En primer término exige una mayor información y comprensión de la dinámica política, por parte del Soberano.

Si bien la realidad diaria de muchas y muchos costarricenses no le permiten concentrarse en conocer, atender y dar seguimiento exhaustivo y permanente a la dimensión política de la formación social de la que hace parte, es indispensable superar el mínimo de interés mostrado por un segmento considerable de la población, en torno a este eje del quehacer social.

En aras de encauzar y hacer efectivo dicho propósito, debe caracterizarse con rigor la naturaleza, alcances y dimensiones de los distintos componentes del sistema político democrático imperante.

Esto pasa por tener claro qué hace, cual es el fin, y qué no hace, cada uno de los órganos de poder constitutivos del sistema.

Dado razones de espacio, en este artículo se abordará de manera sucinta lo conducente al Poder Legislativo.

Estudios de opinión reflejan una aprehensión parcial por parte de la población, sobre su razón de ser, dentro del engranaje global del sistema político.

Por ejemplo, en el estudio intitulado “Expectativas ciudadanas de las elecciones generales 2018 en relación a los temas-eje movilizadores del voto” publicada en marzo del año en curso, un 33 % del total de los encuestados indicó que es potestad del Poder Legislativo construir caminos; un 30 %  le endilgó la responsabilidad de conducir las relaciones internacionales del Estado costarricense; un 37 % le atribuye la atención médica a las personas aseguradas bajo el régimen de seguridad social vigente.

Por otra parte, un 50 % de la muestra total asocia al Poder Legislativo con la definición de los impuestos; un 46 % con el nombramiento de los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia y un 46 % con la función de supervisar las acciones del Gobierno de turno.

Ahora bien, ¿qué dice la Constitución Política al respecto?

El artículo 121 consigna las atribuciones de la Asamblea Legislativa, expresión institucional del Poder Legislativo costarricense.

Sobresalen el dictado, reforma, derogación y otorgamiento de interpretación auténtica del cuerpo legal de la formación social costarricense; el nombramiento de los Magistrados de la Corte; la aprobación o rechazo de convenios internacionales, tratados públicos y concordatos; el dictado de presupuestos ordinarios y extraordinarios de la República; el establecimiento de los impuestos y contribuciones nacionales, así como la autorización de los tributos de carácter municipal y el nombramiento de quienes lideren la Contraloría General de la República.

Se reafirma el conocimiento parcial y limitado poseído por el cuerpo social, de las atribuciones y funciones del llamado Primer Poder de la República, al contrastar lo estipulado en el ordenamiento constitucional, con lo planteado en el estudio de opinión.

Lo anterior comporta un riesgo para el ejercicio efectivo de los derechos políticos de  la ciudadanía, en el tanto abre la puerta de las campañas electorales a corrientes populistas que, basadas en la ausencia de una plena conciencia de la esencia, propósitos y áreas de acción del Legislativo, seduce y moviliza voluntades político-electorales a partir de premisas falsas o no completamente asidas en la realidad.

Así, aspirantes a ocupar una curul legislativa ofrecen como contrapartida al voto solicitado, reparación de caminos, dotación de más y mejor educación; generación de fuentes de empleo o la garantía de una disminución o supresión de los problemas de seguridad ciudadana enfrentados en sus lugares de residencia u ocupación.

Un ciudadano consciente de lo que puede y no puede hacer un miembro del Poder Legislativo, sabrá entonces identificar la invalidez de tales promesas y podrá poner en evidencia su carácter demagógico, populista y engañoso, desvirtuando su capacidad de incidencia real.

Parte del ejercicio del Gobierno contemplado en el antes citado artículo 9 constitucional, se traduce en una suerte de veeduría ciudadana de la pureza, transparencia y rectitud con la que los otros poderes allí establecidos, cumplen su propio papel dentro del quehacer político público.

Mas este rol solo podrá desarrollarse de manera eficaz si se dispone de los medios pertinentes para lograrlo, sobresaliendo como punto de partida, la información y dominio veraz de los más relevantes elementos del sistema político en su conjunto.



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