Martes 26 de Setiembre, 2017

ANEP: Privatizar seguridad en aeropuertos es "nociva ocurrencia"

Esperan que se dé marcha atrás.
Jarmon Noguera González23 de agosto, 2017 | 09:12 PM

La opción de que la seguridad en el Aeropuerto Juan Santamaría sea privatizada cayó como un balde de agua fría en la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP).

Pero la inquietud no se da tanto por las implicaciones laborales que esto podría tener para los miembros del Servicio de Vigilancia Aérea, sino por el tema de la legalidad que podría implicar.

“Más allá de las posibles repercusiones a nivel laboral para los oficiales, la clara oposición a esta nociva ocurrencia, se reviste de intereses vinculados a la seguridad ciudadana y el prestigio de Costa Rica”, aseveraron los representante sindicales.

Dentro de los argumentos expresados están que la normativa internacional que regula la actividad aeronáutica en el país, el RAC 17, establece que los puestos deben tener supervisores con capacidad de arresto.

“Un funcionario que trabaje para una empresa de seguridad privada no se reviste con el poder de Estado, requerido para llevar a cabo la figura de arresto o aprehensión, al menos no de manera directa”, indicaron.

Además, el tema de capacitación y experiencia de un funcionario del Ministerio de Seguridad no se puede comparar con el de un trabajador de una empresa de seguridad privada.

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Esto toma mayor relevancia “cuando se trata de temas específicos, como el que atiende Vigilancia Aérea, cuerpo especializado en la seguridad aeroportuaria. Esto genera una disminución en la calidad del servicio brindado”, recalcaron.

Otro detalle es cuando ingrese al país una persona que tenga alguna causa pendiente a nivel internacional, para poder realizar el procedimiento correspondiente se requiere de una coordinación institucional tanto nacional como internacional.

“Las empresas de seguridad privada no poseen esos recursos, y, por obvias razones, no es posible otorgarles tal posición”, agrega ANEP.

Finalmente, está el tema de que una empresa de seguridad privada es creada con fines de lucro y acomodan sus actividades acorde al tiempo y dinero del mejor postor.

“Ante tal situación, es sencillo deducir que una seguridad privada es una organización mucho más propensa a ser absorbida por la corrupción. Ofrecimientos económicos de estructuras delictivas pueden fácilmente comprar la empresa misma, o a sus funcionarios”, concluyeron.

Por todo esto, esperan esta situación se recapacite y sea dejada en el olvido, porque no sería conveniente para nadie.



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