Martes 12 de Diciembre, 2017

Sobre el financiamiento público a procesos electorales: diferencia entre pertinencia y cuantía

13 de octubre, 2017

Sergio Araya Alvarado

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En medio de la dura crisis enfrentada por la sociedad costarricense como resultado de los efectos de la tormenta tropical Nate, han surgido voces pidiendo que parte del aporte estatal al proceso electoral de reciente inicio sea canalizado a atender las innumerables necesidades y situaciones de emergencia provocadas por el fenómeno atmosférico.

Si bien, a simple vista, tal solicitud parece tener sentido y es, posiblemente, impulsada por un genuino deseo de aliviar la situación compleja encarada por millares de pobladores del territorio nacional, debe observarse con lupa y analizarla con espíritu crítico.

La figura del aporte público, conocido coloquialmente como “deuda política” no es exclusiva del sistema electoral costarricense.

Esa forma de financiamiento ha adquirido fuerza en muchas regiones del mundo, especialmente en América Latina, motivada en la sana intención de evitar, o al menos minimizar, la incidencia de los intereses privados en la construcción y gestión de las decisiones de las autoridades públicas electas en los procesos comiciales de alcance universal.

Motivación que adquiere renovada actualidad y relevancia estratégica con el advenimiento de nuevos desafíos enfrentados por los sistemas democráticos de la Región, entre los que sobresale el Crimen Organizado Transnacional, por su alta y precisa capacidad de penetración y corrosión de la institucionalidad política en la que se albergue.

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A diferencia de otros países que han apostado por el financiamiento estrictamente público, Costa Rica cobija un modelo mixto, donde se autoriza, bajo ciertas condiciones, las contribuciones de particulares.

Específicamente, se avalan apoyos a partidos políticos, en líquido o en especie, de personas físicas, sin límite de suma, dejando en un órgano técnico, adscrito al Tribunal Supremo de Elecciones, la responsabilidad de vigilar de manera rigurosa y permanente, la legitimidad de tales aportes.

Pero ciertamente la tendencia es la de procurar que haya una preeminencia del recurso financiero público, por encima del privado, como forma de blindaje para el propio proceso electoral y para los que de él resulten ganadores.

Aunado a la discusión en torno a la conveniencia o no de mantener un régimen de financiamiento mixto, se suman otros aspectos problemáticos inherentes a su gestión por parte de sus principales destinatarios: los partidos políticos que intervienen en cada justa electoral.

Resaltan en ese inventario de temas críticos: la correcta gestión de los recursos por parte de las agrupaciones, expresada en su adecuación a los lineamientos establecidos por el ordenamiento jurídico vigente; el cumplimiento o no de condiciones de equidad en el acceso a tales recursos por parte de la totalidad de contendores inscritos en el respectivo proceso político-electoral

Sobre lo primero, supone un apego a la legalidad y a la transparencia en el uso de recursos, sean públicos o privados, por parte de los integrantes de las fuerzas políticas, independientemente de si son los directamente responsables ante la ley, de dicho manejo.

Sobre lo segundo, versa en la forma de evitar que el acceso a recursos financieros, máxime de naturaleza pública, propicie situaciones desventajosas para uno, varios, o la mayoría de los partidos intervinientes en las elecciones.

Regulaciones, auditorías y supervisión continua, a cargo de órganos técnicos internos de los propios partidos, así como del departamento respectivo dentro del Tribunal Supremo de Elecciones o actos de veeduría de la ciudadanía, son expresiones concretas a través de las cuales se potencia la transparencia y corrección en el uso de recursos.

Franjas horarias tuteladas y administradas desde el Tribunal Supremo de Elecciones, para propiciar el acceso en condiciones de equidad a medios de comunicación por parte de los partidos, sería una alternativa para lidiar contra una contienda desigual. Huelga señalar que esta propuesta, materializada en una iniciativa de ley presentada por el organismo electoral en 2013 fue desestimada por las y los legisladores en su momento.

Pero aún estos aspectos no entrarían a resolver el tema de la magnitud del aporte estatal destinado al proceso electoral y que, de conformidad con la Constitución Política, corresponde al cero coma  diecinueve  por  ciento  ( 0,19% )  del  producto  interno  bruto  del  año  trasanterior  a  la  celebración  de  la  elección  para Presidente, Vicepresidentes de la República y Diputados a la Asamblea Legislativa, salvo que por una ley específica se modifique una reducción para un proceso electoral concreto. En el actual, se redujo a un 0,11%.

Ello obliga a hacer una pertinente, ecuánime y profunda valoración en torno a aspectos relacionados con el recorte estructural del costo económico de la campaña.

Ecuánime por cuanto la reducción no debería de implicar menoscabo de áreas sensibles y necesarias del proceso; profunda porque exige una revisión exhaustiva de los distintos componentes del proceso, a efecto de diferenciar con claridad lo indispensable de lo accesorio.

A manera de introducción, una primera acción enmarcada en dicho propósito implicaría la reducción del periodo de campaña electoral, hoy establecido en cuatro meses, extensivos a dos más si ocurriere una segunda ronda presidencial en abril.

Distintos estudios señalan que la decisión en torno a la emisión del voto cada día se construye en un tiempo menor y más cercano a la fecha en que debe emitirse el sufragio.

Por tanto, mantener un lapso de cuatro meses, donde debe desarrollarse una campaña electoral, especialmente en medios de comunicación, cuyo costo es usualmente uno de los rubros más altos de cualquier presupuesto partidario, no parece ser concordante con el comportamiento ciudadano dominante, antes referido.

La aceptación de las franjas horarias o la dotación del servicio de transporte público gratuito el día de la elección pueden ser otras opciones tendientes a reducir el costo global de un proceso electoral, con el efecto inmediato y directo sobre la cuantía de recursos públicos asignados para estos fines.

Mucho debe hacerse, pero una reducción arbitraria y casuística del aporte estatal, motivada más por un hecho que, si bien muy doloroso, es circunstancial, sin que forme parte de un ajuste integral de orden estructural no parece ser el camino adecuado y más bien puede ser un factor de desestabilización del sistema político, que genere más problemas a una sociedad necesitada de soluciones duraderas y sólidas.

Cuidado entonces con medicinas que resulten peores que la enfermedades a las que pretenden combatir.








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