Domingo 17 de Diciembre, 2017

Urgente: Caso de Gerardo Cruz vuelve a los titulares

Monica Matarrita05 de diciembre, 2017 | 09:22 AM

Hace pocos minutos, inició el juicio por el asesinato de Gerardo Cruz en el Tribunal Penal de Pavas, San José, el cual podría extenderse hasta el 22 de enero de 2018.

En este período, se tiene previsto que 17 personas participen como testigos.

El proceso de investigación por el caso de Cruz finalizó desde el 20 de junio anterior, cuando se envió la acusación con solicitud de apertura a juicio.

Las pesquisas estuvieron a cargo de la Fiscalía de Hatillo y se trabajó bajo el Expediente 15-021637-042-PE por el delito de homicidio calificado.

En la sala de juicio, se encuentran los miembros del Tribunal Penal de Pavas, el Ministerio Público, la defensa de los sospechosos, familiares de Cruz y también de los sospechosos.

Este lunes, la Fiscalía informó que los allegados de Cruz delegaron la acción civil resarcitoria en la Oficina de Defensa Civil de la Víctima del Ministerio Público para exigir una indemnización por daños y perjuicios sufridos por el homicidio.

Minutos antes de iniciar el juicio, los sospechosos ingresaron a la sala.

Se trata de dos mujeres de apellidos Fonseca Fernández; Valerín Fonseca, ellas son madre e hija; Chaves Cerdas; Arce Barrientos y Castillo Espinoza, todos ellos figuran como sospechosos del ataque que Cruz sufrió el 7 de octubre de 2015.

El hecho le provocó la muerte el 29 de noviembre del mismo año, mientras estaba internado en el Hospital Calderón Guardia.

Fonseca, Valerín, Chaves y Arce permanecen en prisión preventiva; medida cautelar impuesta por el caso y que se extenderá hasta el 8 de febrero del próximo año.

Por su parte, Castillo desde el inicio del proceso cumple con las medidas cautelares de firmar una vez al mes y no perturbar o contactar a ninguna de las partes.

Asimismo, otro imputado que es menor de edad fue declarado como coautor del homicidio y se sometió a un proceso abreviado, esto porque él aceptó los hechos que se le atribuyen, razón por la que el Juzgado Penal Juvenil ordenó 7 años de internamiento en un centro penal.



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