Martes 12 de Diciembre, 2017

12 magistrados optaron por hacer privado el sorteo para investigar a Celso Gamboa

Otros nueve querían que mecanismo se hiciera ante los medios
Bharley Quirós11 de octubre, 2017 | 12:01 AM

Fue el 18 de setiembre anterior, cuando la Corte Suprema de Justicia realizó una sesión privada donde acordó abrir una investigación contra el magistrado de la Sala III Celso Gamboa, luego que trascendió que este realizó un viaje a Panamá en el mismo vuelo con el empresario Juan Carlos Bolaños, importador del cemento chino.

Fue el presidente del Poder Judicial, Carlos Chinchilla, quien informó en conferencia de prensa la decisión para investigar el vínculo que tiene o tuvo el magistrado con el cuestionado empresario Bolaños, que, por cierto, ya es investigado por Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción.

Pero antes de la sesión, los magistrados tuvieron una discusión ya que 9 de ellos querían que el proceso, incluido el sorteo para escoger al magistrado instructor (encargado de llevar la investigación), se hiciera público y no de forma privada. 

Finalmente, se dio una votación donde 12 magistrados votaron para que la sesión se realizara a puerta cerrada, contra los 9 que insistían que los medios tuvieran acceso y se transmitiera en vivo. 

LEGALIDAD

Los magistrados que votaron a favor de que la sesión fuese privada fueron: Carlos Chinchilla, presidente de la Corte, Luis Guillermo Rivas Loáiciga (Sala I), William Molinari Vílchez (Sala I), Jesús Ramírez Quirós (Sala III), Doris Arias Madrigal (Sala III), Fernando Castillo Víquez (Sala IV), Paul Rueda Leal (Sala IV), Nancy Hernández López (Sala IV), Luis Fernando Salazar Alvarado (Sala IV), Juan Federico Echandi Salas (Suplente Sala II), María Elena Gómez Cortés (Suplente Sala III) y José Paulino Hernández Gutiérrez, Suplente (Sala IV).

Consultado sobre el criterio para votar de esta forma, el magistrado Chinchilla reiteró que lo mejor era “proteger el procedimiento” ya que existía el riesgo de que si se hacía público se pueda declarar nulo y tener un problema más grave.

Recordó que únicamente en este punto hubo discrepancia, pero que en el resto se dio unanimidad para los acuerdos.

“Eso es lo que regula la Ley (sesión privada) y la interpretación que yo hago de la norma, algunos otros pudieron interpretarla diferente, pero preservarlo de esta manera no genera posibilidad de nulidad de los actuado, si fuera al contrario si hay una posibilidad”, explicó.

Para Chinchilla esta decisión no le resta credibilidad a lo realizado, porque él salió inmediatamente a los medios a explicar cómo ocurrió todo.

Un criterio similar tuvo los magistrados Rueda y Arias, tras consultas del Periódico de Más Venta en Costa Rica.

Rueda enfatizó que lo que se hizo fue una aplicación de la norma y de resoluciones de la Sala Constitucional sobre el tema. 

“El criterio de la Dirección Jurídica de la Corte, que asesora a la Corte Plena, indica que es confidencial”, señaló. Esto según los artículos 8, párrafo 2) de la Ley N° 8.422, Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública y 58 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Además, la jurisprudencia de la Sala Constitucional (17-6382, 17-6051 y 6.382) que ha indicado la confidencialidad de la investigación preliminar y del procedimiento disciplinario, la cual cesa con la notificación de la resolución final de la investigación.

En el caso de la magistrada Arias indicó que “los procedimientos administrativos sancionadores son de carácter confidencial”.

Lea: Fiscalía abre investigación contra Juan Carlos Bolaños

TRANSPARENCIA

Los nueve magistrados que votaron para que la sesión fuera pública fueron: Román Solís (Sala I), Carmenmaría Escoto (Sala I), Fernando Cruz (Sala IV), Iris Rocío Rojas (Sala I), Jorge Enrique Olasso Álvarez (suplente Sala II), Maureen Roxana Solís Madrigal (suplente Sala II), Flora Marcella Allón Zúñiga (suplente Sala II), Héctor Luis Blanco González (suplente Sala II) y Enrique Ulate Chacón (suplente Sala IV).  

Para el magistrado Cruz si bien el conocimiento en general es privado, la discusión surgió por la pertinencia o no de abrir procedimiento y conocer de las denuncias y si era procedente o no abrir la causa contra Gamboa.

“Para mí este detalle debió ser público en función de la transparencia, de tal manera que la regla fuese que lo secreto o lo privado debe ser siempre restringida y que, si se iba a discutir algo que no tenía que ver con la investigación de los hechos debió ser una sesión ordinaria pública con la posición de los magistrados”, explicó.

Es decir, la mayoría votó que aún las reglas del procedimiento y el establecimiento del mismo debía ser privado según la ley.

“Me parecía más sano institucionalmente que eso se hubiese discutido aplicando el procedimiento ordinario y de acceso a los medios de prensa”, agregó.

Cruz fue claro en que, en el resto del proceso, por ejemplo, en el sorteo de la escogencia del magistrado instructor, todo se apegó a la transparencia y lo que la ley indica. 

Foto: Archivo



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