Martes 11 de Diciembre, 2018

Elecciones 2018: Estado fallido y contención del gasto

09 de enero, 2018

Albino Vargas

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“Estamos cerca de hablar de un Estado fallido”, es el titular de una extraordinaria entrevista realizada a Marcelo Solano Ortiz, jefe de la Policía Municipal de San José, que se publicó en Diario Extra el miércoles 3 de enero. (http://www.diarioextra.com/Noticia/detalle/349978/estamos-cerca-de-hablar-de-un-estado-fallido).

Es la primera vez que un alto jerarca de la seguridad ciudadana de este país habla, sin tapujos, de la posibilidad de que Costa Rica llegue a ser un Estado fallido, poniendo el dedo en la llaga en las verdaderas causas del grave deterioro de la seguridad ciudadana en nuestro país, de las reales razones del alto índice de muertes violentas producto de asesinatos, especialmente por ajustes de cuentas, de la captura de la juventud vulnerable por las redes del crimen organizado y del narcotráfico, y sobre la factura que se nos está pasando por caminar hacia la triste realidad de una sociedad que parece haberse resignado a vivir en medio de grandes desigualdades y cruenta violencia.

Hace tiempo, en nuestro propio caso y en varias de las columnas de opinión que nos publica el Grupo Periodístico Extra, venimos hablando, también, de que Costa Rica se encamina hacia un Estado fallido.

Los creadores de este término afirman que un Estado fallido es aquel que muestra un fracaso social, político y económico; que se caracteriza por tener un gobierno ineficaz, que tiene poco control sobre vastas regiones de su territorio; no provee ni puede proveer servicios básicos; presenta altos niveles de corrupción y de criminalidad. (John Sebastián Zapata Callejas, “La teoría del Estado fallido: entre aproximaciones y disensos”.)

Aunque cueste creerlo y reconocerlo, ¡vamos por ese camino! Los objetivos indicadores sociales de la desigualdad, del desempleo, de la precarización del mismo, de la pauperización y del alto endeudamiento salarial, de la concentración de la riqueza, de la deserción escolar, del crecimiento del número de personas habitantes de la calle, de la corrupción, del tráfico de influencias, del desencanto de la gente con la política, etc., nos llevan a que nos estalle en la cara el Estado fallido.

Desde nuestra perspectiva, esta posibilidad es creciente en la medida que las políticas públicas para evitarlo se sigan debilitando, especialmente aquellas destinadas ya no solamente a fortalecer los mecanismos represores de todas las formas de violencia criminal y delincuencial; sino, y lo más importante, los mecanismos integrales de la prevención del delito que pasan por un vuelco estratégico en el abordaje de la exclusión y la vulnerabilidad social.

Ni lo uno, ni lo otro es posible si se sigue apostando a esas consignas fundamentalistas de corte neoliberal del recorte del gasto, de la contención del gasto.

Los candidatos presidenciales que las están enarbolando en este momento están mintiendo descaradamente, pues ya no es posible niveles mayores de restricción y de recorte del gasto y de la inversión en aquellas áreas y servicios que, precisamente, vienen a representar la necesaria muralla para que no termine de imponerse, de manera definitiva, el Estado fallido.

Lea: La función policial y la actividad sindical

Por otra parte, la penetración del narcotráfico y del crimen organizado en el tejido social, tanto por arriba pero especialmente por abajo, incrementa la necesidad de un fortalecimiento del gasto y de la inversión pública en esas áreas vulnerables pero que también están presentando servicios públicos ya vulnerados por tanto recortismo irresponsable, irracional e irreflexivo.

Solamente en el ámbito de la seguridad resulta urgentísimo fortalecer los diversos cuerpos policiales en recurso humano, en equipamiento, en tecnología, en trabajo y salario decente, por ejemplo.

Si no ya, estamos perdiendo la batalla de la seguridad ciudadana en varios órdenes: en los barrios azotados por la pobreza y la criminalidad; en los puestos migratorios, pues aquí Raymundo y todo el mundo está entrando fácilmente ante fronteras porosas; la matazón en las carreteras y la enorme inseguridad al transitar por ellas; las debilidades del control fiscal contra el robo de impuestos; la pérdida paulatina de la soberanía y la seguridad ecológica en los parques nacionales cediéndosele al narco; la seguridad carcelaria sigue precarizándose; la policía judicial en restricción de gasto frente a la abundancia de recursos del crimen organizado; etc.

¿Cómo pretenden recortar más gasto en estas áreas si ya están al tope de lo tolerable con su operatividad altamente comprometida producto de esa suicida austeridad?

Y, ¿cómo tenemos las políticas públicas para poblaciones en riesgo social, en vulnerabilidad de pobreza, en barrios urbano-marginales, en barriadas de sectores medios altamente endeudados? ¿Cómo están esas políticas en materia de deporte y recreación, en cultura y en juventud, en cívica y valores? Nada de nada. ¡En total precariedad presupuestaria!

Efectivamente, hay un serio problema fiscal. Pero más serio es todavía el problema tributario-estructural y su alta naturaleza regresiva.

La propuesta electoral del recorte del gasto, de la restricción del gasto es demagogia pura y gran irresponsabilidad. Si del Gobierno central se trata, asumido integralmente en sus varios componentes, ya no hay espacio para más recortes.

Es precisamente en este ámbito del Estado donde se encuentra ese gran espacio de servicios públicos urgidos de ser fortalecidos pues, precisamente, son los que están ocupando con urgencia los sectores sociales en miseria, en pobreza y en vulnerabilidad de pobreza; precisamente el mejor caldo de cultivo para alimentar el crecimiento del riesgo del Estado fallido. ¡A otros con ese cuento de la contención y de la restricción del gasto! A esta consigna no le voto yo.

Albino Vargas Barrantes, Secretario general de Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP)



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