Jueves 21 de Junio, 2018

Elecciones de 2018: más que un cambio de autoridades de Gobierno

15 de febrero, 2018

Sergio Araya Alvarado

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Culminada la elección del día 4 de febrero, por tercera vez en la historia política del país, segunda de manera consecutiva, Costa Rica deberá escoger en una segunda ronda prevista para el primer domingo de abril, a quien lidere el Poder Ejecutivo durante el cuatrienio 2018-2022.

Desde la entrada en vigor de la actual Constitución Política el 7 de noviembre de 1949, es recién en el Siglo XXI cuando se activó de manera real lo dispuesto en su artículo 138, relativo a la elección en segunda vuelta del presidente de la República.

Experimentada por primera vez en el 2002, de acuerdo con los cambios observados en la composición socio-cultural y demográfica de la sociedad en estas décadas, parece convertirse en un componente que llegó para quedarse en la dinámica electoral costarricense contemporánea.

Aunado a su reciente ingreso a la escena política, la prolongación de la campaña electoral por dos meses calendario más, reviste en la presente coyuntura histórico-social, características singulares.

Como no se tenía registro en la historia política reciente, temas de orden cultural y religioso jugaron un rol determinante en la dinámica reproducida por el proceso y en su desenlace registrado en las urnas.

No fue la tradicional alineación social en orden a elementos de carácter ideológico o en función de lealtades partidistas, las que marcaron y configuraron la lógica subyacente al proceso político-electoral.

Tampoco el contraste alrededor de enfoques sobre modelos de desarrollo ejerció un papel determinante.

En esta oportunidad la alineación predominante se construyó a partir de valores espirituales, creencias religiosas y rasgos culturales informantes de la identidad como personas y como sociedad.

Los restantes factores estuvieron presentes a lo largo del proceso, pero de forma subordinada y tangencial.

Temas sensibles por su esencia y alcance, abordados desde una lógica de campaña, produjeron un resultado inédito e insospechado en un país como Costa Rica, que la equiparan a lo que viene acaeciendo en otras realidades de países de la propia región latinoamericana.

En definitiva, la elección presidencial y, parcialmente la legislativa, devino en una suerte de plebiscito sobre cosmovisiones opuestas, expresadas en lo inmediato en dos tópicos concretos: el tipo jurídico que tutele las relaciones de pareja de personas del mismo sexo y la posibilidad de cambiar la identidad personal, por razón de género.

Muestra de lo anterior es que quienes hoy disputan la Presidencia de la República son quienes manejaron un discurso más claro y contundente en torno a aquellos temas, cada uno representando uno de los polos opuestos.

Antes bien, aunque la movilización electoral en torno a este eje temático articulador no explica de manera absoluta, los resultados registrados en las urnas, tal  como lo señalan distintos análisis de la composición del voto de los candidatos, divulgados públicamente en los últimos días, no puede ignorarse su peso decisivo en la configuración definitiva de este.

La clave fue la fina integración de indicadores socio-económicos y de desarrollo humano, complejos e inequitativos, con el estado actual del sistema de partidos políticos, caracterizado por su precariedad, afectado por las percepciones sociales dominantes de signo negativo sobre la política y lo político, con el antagonismo magnificado de las cosmovisiones en disputa, por un escenario que, como el electoral, es proclive a la potenciación de temas conflictivos, gestionados de manera reduccionista, simplista y maniquea.

Entendiendo lo sucedido a partir de esta conjunción de factores, debe avizorarse lo que viene en la recta final del proceso y más allá, lo que acaezca en el devenir de la sociedad costarricense en el corto y mediano plazo.

Ello exige precisar aún más la conformación de los apoyos electorales de ambos contendores, así como de quienes respaldaron a otros o del todo no acudieron a la cita electoral.

Si bien a estos otros segmentos del electorado, el tema central de la campaña pareció afectarles poco o nada, la construcción de su decisión electoral, no significa que no pueda convertirse en un criterio definidor de cara a su rol el primer domingo de abril.

En medio de la realidad descrita arriba, las alianzas entre cúpulas partidarias no se convierten en garantía de ninguna especie de endoso de votos, antes bien, puede producir un efecto no deseado, ahondando la aversión social imperante en torno a lo político.

En concordancia con lo anterior, lo ocurrido el 4 de febrero debe llamar a la reflexión a los distintos actores, políticos y sociales, en un afán por seguir encauzando al país por el sendero democrático trazado desde muchas décadas atrás, pero comprendiendo que las fórmulas y praxis previamente reproducidas deben ser revisadas y, en muchos casos, replanteadas.

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Para los actores políticos es un llamado de atención que los obliga a replantear su forma de gestionar la acción política, partiendo además de la necesidad de construir nuevos referentes analíticos para aprehender las complejidades que hoy sustentan el entorno en que se desenvuelven.

Para la ciudadanía, englobando bajo este concepto un amplio abanico de sectores sociales, representa un repensar de su valor y papel como “ser político” en la presente coyuntura histórico-social.

Y ello exige comprender el escenario de polarización social vigente, cuyo clímax fue alcanzado durante la campaña, pero gestado de manera subterránea y casi imperceptible, desde tiempo atrás.

Debe comprenderse la responsabilidad compartida en su génesis y ulterior avance. De esta no se exoneran quienes desdeñaron la posibilidad de seguir la práctica usual de acometer cambios estructurales de manera gradual, capaces de ir sorteando y superando sensibilidades culturales dominantes.

En definitiva, es una responsabilidad observada en la combinación factores explosivos tales como omisiones e inacciones de unos, manipulaciones de otros, permisividad como rasgo conductual de actores clave y subestimación alimentada por una suerte de soberbia intelectual de quienes así procedieron, especialmente de aquellos que dieron por socialmente asumida, su propia lectura del entorno específico.

Prevenir que lo detonado por la campaña electoral devenga en un factor de ruptura social exige toma de conciencia de lo que está en juego, así como de la humildad necesaria, la altura de mira requerida y el coraje y mística, no sólo de los que transitoriamente ejercen roles de liderazgo, sino de la sociedad en su conjunto.

La revitalización del pacto social hoy adquiere sentido de urgencia y debe ser acometido desde todas las fuerzas sociales, económicas y políticas.
Esta elección marcó un punto de inflexión.

Será la historia la que juzgue si la generación actual de costarricenses pudo actuar en concordancia con los desafíos subyacentes al proceso electoral y que lo tornaron en algo más que un cambio ordinario de autoridades de gobierno.

Sergio Araya Alvarado, Politólogo



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