Viernes 22 de Junio, 2018

Todos somos iguales ante la ley

12 de marzo, 2018

Luis Fernando Allen Forbes

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Costa Rica ha sido pionera en América Latina en la promulgación de leyes dirigidas hacia la igualdad entre hombres y mujeres, sin embargo en los últimos veinte años los resultados en materia laboral han sido muy pobres, lo que supone que aún persisten los desafíos.

La igualdad de oportunidades es una idea de justicia social que propugna que un sistema es socialmente justo cuando todas las personas potencialmente iguales tienen básicamente las mismas posibilidades de acceder al bienestar social y poseen los mismos derechos políticos y civiles.

Esto implica una combinación de aspectos constitucionales y redistributivos. Por un lado, hay que atender aspectos procedimentales, tales como proscribir limitaciones arbitrarias contra las oportunidades, y por otro, definir los principios básicos a través de los cuales dichos procedimientos se van a materializar.

Cabe destacar que el principio de igualdad es el que rige en nuestra democracia constitucional y permea todo el sistema político y jurídico, no solo en su dimensión subjetiva, sino objetiva y consecuentemente ninguna política ni norma puede abstraerse de cumplir con este principio básico, que significa trato igual para hombres y mujeres.

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El gobierno no puede mantener una política de bienestar a costa de la desigualdad excesiva entre los sujetos económicos porque esto pondría en peligro la igualdad de oportunidades, en detrimento de los postulados de la justicia.

El derecho al trabajo es la base para una vida digna. Esto supone que todas las personas deben tener la posibilidad de ganarse la vida con el trabajo que elijan, y condiciones de trabajo seguras y saludables que no sean degradantes de la dignidad humana.

El trabajo es un derecho del individuo y una obligación con la sociedad. El Estado debe procurar que todos tengan ocupación honesta y útil, debidamente remunerada, e impedir que por causa de ella se establezcan condiciones que en alguna forma menoscaben la libertad o la dignidad del hombre o degraden su trabajo a la condición de simple mercancía.

Los problemas de la empleabilidad reclaman las responsabilidades del Estado, al cual compete el deber de promover políticas que activen el empleo, es decir, que favorezcan la creación de oportunidades de trabajo en el territorio nacional, incentivando para ello el mundo productivo.

El deber del Estado no consiste tanto en asegurar directamente el derecho al trabajo de todos los ciudadanos, limitando toda la vida económica y sofocando la libre iniciativa de las personas, más bien es secundar la actividad de las empresas, creando condiciones que aseguren oportunidades de trabajo, estimulándola donde sea insuficiente o sosteniéndola donde hay crisis.

Por último, el gobierno debe retomar su rol de precursor y garantizar una agenda de oportunidades y de trabajo, que propicie la equidad y que potencie el desarrollo de manera amplia, participativa e incluyente.

Luis Fernando Allen Forbes, Director ejecutivo Asociación Salvemos El Río Pacuare, [email protected]




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