Jueves 18 de Octubre, 2018

Agosto: un mes distinto en la relación Poder Ejecutivo-Poder Legislativo

09 de agosto, 2018

Sergio Araya

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El mes de agosto posee la particularidad en el mundo legislativo costarricense, de ser el primer periodo de sesiones extraordinarias de la legislatura de turno. A diferencia del año calendario, la Asamblea Legislativa de Costa Rica inicia el suyo el primer día del mes de mayo. A partir de esa fecha y hasta el día 30 de abril siguiente, se despliega el lapso conocido como Legislatura.

Cada periodo constitucional de cuatro años, consta de cuatro legislaturas. A su vez, cada una se divide en cuatro sesiones, dos ordinarias y dos extraordinarias.
Durante las sesiones ordinarias, las y los diputados poseen iniciativa parlamentaria y son los responsables de configurar la agenda de proyectos de ley a ser analizados, discutidos y, potencialmente votados.

Las sesiones extraordinarias poseen como particular distinción, el transferir al Poder Ejecutivo, tal liderazgo en la definición de los temas a ser abordados en la dinámica parlamentaria cotidiana, con  excepción de la función de control político que, por jurisprudencia sigue manteniendo vigencia propia aún en tales periodos de protagonismo del Ejecutivo.

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Los tiempos ordinarios de la legislatura se llevan a cabo del primer día del mes de mayo al día 31 de julio y del primer día de septiembre al día 30 de noviembre. Usualmente concluyen con la votación del Presupuesto Ordinario de la República, elevado a consideración del Legislativo, por parte del Poder Ejecutivo en plazos debidamente contemplados en la Constitución Política.

Por su parte, las sesiones extraordinarias se efectúan en el mes de agosto y a partir del primer día de diciembre y hasta la culminación de la legislatura, en el día último del mes de abril de cada año.

Nótese que cada cuatro años asume una nueva Asamblea Legislativa el día 1 de mayo, en el marco del primer tramo de las sesiones ordinarias de la I legislatura, lo que implica que concluye de manera definitiva sus funciones, durante el segundo periodo de sesiones extraordinarias de la IV legislatura.

En síntesis: inicia cada nueva Asamblea siendo directa responsable de la construcción de su agenda y dinámica legislativa y concluye en un periodo donde el Ejecutivo de turno es el principal responsable de lo que se estudie y, eventualmente legisle.

Diversos actores políticos y sociales, especialmente del mundo académico, han venido planteando reflexiones críticas en torno a la forma en la actual Carta Magna delinea la relación existente entre ambos poderes supremos, especialmente en lo concerniente a la capacidad de iniciativa legislativa producida por la distribución que se hace de las sesiones ordinarias y extraordinarias en cada legislatura anual.

La Comisión Presidencial sobre Gobernabilidad Democrática creada por la Presidenta Laura Chinchilla en 2012, popularmente rebautizada como Junta de Notables, planteó propuestas concretas en torno a este tópico.

En el marco del eje Relación Poder Ejecutivo-Poder Legislativo e inspirada en su propósito superior de identificar las reformas indispensables para lograr una mejoría palpable en el funcionamiento del Estado costarricense y en la calidad de su sistema democrático, los integrantes de este órgano colegiado recomendaron en lo concerniente al tema de la distribución de las sesiones del Parlamento lo siguiente.

“Se propone ampliar los periodos de sesiones legislativas a seis meses cada uno y cambiar el orden actual, de manera que cada gobierno aproveche un periodo de sesiones extraordinarias que iniciaría el día ocho de mayo y terminaría el día treinta de noviembre de cada año” (Comisión Presidencial sobre Gobernabilidad Democrática, 2013).

Dicha propuesta, recogida en la recomendación No 15, se sustentó en la necesaria ampliación del margen de maniobra del Ejecutivo, especialmente en el primero de sus cuatro años, de manera tal que pudiera de manera inmediata a su toma de poder, plasmar las propuestas programáticas ofrecidas en el periodo de campaña electoral. Tal y como afirma la Comisión: “El Poder Ejecutivo no cuenta con la posibilidad de que la Asamblea Legislativa conozca con prioridad proyectos de su máximo interés y los lleve hasta su aprobación o rechazo en plazos razonables” (Comisión Presidencial sobre Gobernabilidad Democrática, 2013).

Nótese que con el actual modelo, el Gobierno entrante recién dispone del mes de agosto, a prácticamente 100 días de haber iniciado su gestión, para impulsar de manera directa y exclusiva, sus principales propuestas. Pero en esta ocasión, por ejemplo, de los treinta días calendario, en la práctica se reducen a 17 días hábiles, considerando que la semana legislativa se extiende de lunes a jueves y en esta ocasión los días feriados 2 y 15 de agosto caen en jueves y miércoles, respectivamente.

De 30 días la mitad no se habilita para sesionar ni en comisión ni en el Plenario. Y esto no incluye la posibilidad de rupturas de quórum que disminuya aún más el tiempo efectivo de acción de las y los diputados durante el mes.

De lo anterior se desprende que el primer periodo de sesiones extraordinarias de todas las legislaturas y, particularmente de la I, a pesar de su importancia estratégica, se desvirtúa, circunscribiéndose a servir de espacio para delinear lo que podría ser la ruta de navegación del Ejecutivo en su interacción con el Poder Legislativo.

Es por lo anterior que no cabe la crítica rigurosa sobre el aprovechamiento o no de este periodo. A lo sumo, permite medir la capacidad de lectura estratégica del Ejecutivo y su habilidad concreta para interactuar con el Poder Legislativo, especialmente en estos periodos donde posee iniciativa de ley.

Al amparo de lo antes indicado, el actual periodo de sesiones extraordinarias deviene en la puesta de escena inicial de la Administración Alvarado Quesada en tales menesteres.

En una coyuntura compleja, marcada por tópicos impulsados desde su mismo arranque, como el fiscal, aún en un periodo donde el protagonismo lo ejercía el otro poder, es de prever que, con el aval jurídico a su haber, se profundizará el impulso de tales temas. Mas, considerando el factor tiempo efectivo citado, una vez, el indicador de éxito no puede limitarse al número de iniciativas de ley aprobadas, menos en el caso de lo fiscal, supeditada a un régimen diferenciado con plazos previamente fijados.

Será entonces, un periodo donde lo que estará a prueba es el ejercicio concreto de liderazgo político de los titulares del Ejecutivo, especialmente de los que tienen directo relacionamiento con la cámara parlamentaria. Y también será un espacio idóneo para medir intereses reales de las bancadas parlamentarias vigentes. La calidad e intensidad de sus reacciones a lo propuesto por el Ejecutivo develará lo subyacente a sus discursos y posturas mediáticas. Es por tanto un lapso igualmente válido para medir y delinear a los que están del “otro lado de la acera”.

* Politólogo



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