Domingo 23 de Setiembre, 2018

¿Qué país celebra el 197 aniversario de la vida independiente?

13 de setiembre, 2018

Lic. Sergio Araya Alvarado

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Hoy, a las puertas de la conmemoración 197 de la independencia de Costa Rica del Reino Español, a tres años de celebrar dos siglos de vida republicana, hay muchos aspectos que invitan a la reflexión activa.

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El país encara un escenario complejo, caracterizado en lo coyuntural por una delicada y explosiva situación fiscal, que amenaza con degenerar en una crisis de orden económico-social; una inflexibilidad en las posturas de diferentes sectores de la sociedad, incapaces de ceder un ápice en sus posturas y dispuestos a llegar a un punto de colisión de consecuencias negativas para todas las partes y en lo estructural se observa una fuerte tendencia a la fractura del entramado social, así como a la atrofia del sistema político, derivado de una tendencia sostenida a la reducción del margen de gobernabilidad y el anquilosamiento del aparato jurídico-institucional público.

Con nostalgia podría evocarse lo que la historia nos enseña en los momentos cumbre de nuestro devenir como sociedad libre y autónoma y que, más allá de los aspectos míticos anexados, reflejan como común denominador una disposición a construir de manera dialogada acuerdos sociopolíticos de alto impacto, a través de los cuales se asume control y conducción del entorno inmediato y futuro.

Un ejemplo claro de lo anterior es la forma misma en que fue gestionada la decisión de separarse de España, inicialmente adoptada en el centro político de la Capitanía General de Guatemala el día 15 de septiembre de 1821.

Recibido lo resuelto en Guatemala el 13 de octubre de ese mismo año, se avala tan solo 16 días después, a través de un cabildo abierto celebrado en Cartago el día 29, del que emana el Acta de Independencia de Costa Rica de España.

Posteriormente en un lapso de un mes se elabora un marco jurídico que da sostén a lo dispuesto por la mayoría en octubre. Emerge a la historia la primera Constitución política de la nación, intitulada como el Pacto Social Fundamental Interino de Costa Rica o Pacto de Concordia.

Con su advenimiento, se muestra desde los albores de la República la disposición imperante en el imaginario social costarricense de buscar un orden social y político sustentado en el imperio de la legalidad y no de la fuerza; donde primare la voluntad de las mayorías y no las imposiciones de carácter autoritario, de minorías detentadoras de un poder omnímodo.

La introducción misma del texto lo deja plasmado con precisión y claridad:

“La provincia de Costa Rica, libremente congregada y legítimamente representada por los legados reunidos en esta ciudad (Cartago) de todos los pueblos que la componen y suscriben, teniendo en consideración que por haberse jurado la independencia absoluta del Gobierno español en ésta y las demás provincias del reino y aún en toda la América Septentrional sobre diversas bases y principios, se hallan libres los pueblos para constituirse en nueva forma de gobierno; y deseando esta provincia conservarse libre, unida, segura y tranquila por un pacto de unión y concordia, ínterin que informándose las otras pueda concurrir al establecimiento de un gobierno supremo constitucional, se constituye éste provisional. Al efecto, después de haber conferenciado dichos legados cuanto ha parecido conveniente, en uso de sus respectivos poderes y representación, han concluido y celebrado el tratado siguiente…” (Pacto Social Fundamental Interino de Costa Rica, 1821).

La construcción de acuerdos de largo aliento, sustentados en una dinámica de naturaleza esencialmente democrática, acompaña el devenir histórico-social del país desde aquel lejano inicio de su vida republicana. Variando las formas, actores e incluso tópicos, la constante ha sido la misma: diálogo social y político, sujeción a principios democráticos y compromiso real por forjar resultados concretos de trascendencia.

Aun en momentos clave, donde el agotamiento del diseño jurídico-institucional del régimen político imperante produjo rupturas violentas, se produjeron efectos y resultados afectos a los valores fundantes de la sociedad, traducido en expresiones institucionales que los preservaron y fortalecieron.
Un ejemplo lo constituye el desenlace de la Revolución del 48, encabezada por José Figueres Ferrer y su Ejército de Liberación Nacional.

Una vez alcanzado el éxito de la acción cívico-militar, el grupo triunfador fijó un límite temporal al ejercicio del poder político público, periodo en el que se desmovilizó; se proscribió el Ejército como institución del Estado costarricense y se elaboró, a través de una Asamblea Nacional Constituyente, una nueva Constitución Política que, en lo sustantivo, mantuvo y consolidó acuerdos nacionales suscritos por el viejo orden, en torno a temas de especial sensibilidad y relevancia nacional, como el carácter social del Estado de derecho vigente.

Más recientemente fruto del esfuerzo concertado de distintos actores económicos, sociales, académicos y políticos, se construyeron significativos aportes al orden jurídico-institucional establecido, como son la Ley de Protección al Trabajador en 2000 o la reforma al marco regulador de los procesos laborales en 2016.

Estos últimos ejemplos, empero como excepción y no como regla, en un entorno cada vez más tenso y fragmentado.

Es la celebración de las efemérides patrias una oportunidad para reflexionar sobre lo forjado como nación. Con visión crítica y ajena a lecturas románticas impregnadas de inexactitudes o de etiquetas ideológicas de cualquier signo, deben empero discernirse los elementos configuradores de las dinámicas histórico-sociales reproducidas desde aquellas lejanas fechas y que han marcado con un signo distintivo el derrotero del país.

Ello permitirá entonces, actualizado a las características del siglo XXI, continuar el sendero cimentado doscientos años atrás, de forma que 2021 simbolice un salto cualitativo hacia adelante y no un triste ejemplo de involución histórica.

El desafío, como en 1821, es asunto de quienes dan sentido corpóreo real a la construcción social conocida como “patria”.





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