Miércoles 22 de Mayo, 2019

Algunos apuntes en torno a la figura de la reelección presidencial

07 de marzo, 2019

Sergio Araya Alvarado / Politólogo

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Ha sido una tónica reiterada en la América Latina del siglo XXI la búsqueda de la reelección presidencial, llevada en algunos casos a la re-reelección de quienes ejercen dicho cargo.

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En regímenes políticos de corte parlamentario, es usual que quienes lideren el Ejecutivo puedan aspirar de forma indefinida a mantenerse en el rol, toda vez que su designación es indirecta, recayendo en el cuerpo legislativo previamente electo mediante sufragio universal y directo por parte del Soberano.

En ese contexto, si la fuerza legislativa afecta al titular de turno del Ejecutivo alcanza mayoría de votos, sea por decisión emanada de las urnas; sea por acuerdos políticos con otras bancadas, tiene la posibilidad de mantenerlo en el puesto.

E igualmente si las condiciones políticas varían, ese mismo órgano legislativo puede propiciar una terminación anticipada del periodo de su mandato, activando, según sea el caso específico de cada país, mecanismos que van desde la constitución de un gobierno de transición, hasta la convocatoria a elecciones anticipadas.

Huelga indicar que normalmente la naturaleza política y jurídica de este Jefe del Ejecutivo se circunscribe al ámbito del gobierno y no del Estado como un todo. De ahí que se le designe como “Jefe de Gobierno”; “Primer Ministro” o “Canciller Federal”. La titularidad del Estado recae en una figura adicional, no necesariamente electa de manera democrática. Tal el caso de las Monarquías Parlamentarias, como la española o la inglesa, donde quien detenta la corona real es el Jefe de Estado.

En los regímenes presidencialistas, es usual que ambas jefaturas, Estado y Gobierno, se integren en la misma figura. De ahí que la posibilidad de  ampliar la permanencia de una misma persona en tal cargo pueda incidir en la solidez de la estructura misma de dicho Estado.

La estabilidad y cumplimiento efectivo de las reglas propias del sistema democrático y del Estado de Derecho, podrían verse comprometidas si quien conduce su órgano ejecutivo, extralimita sus competencias, amparado en la ausencia de un límite temporal de su posición de poder o aún en caso de que existiere tal periodo de caducidad, el mismo puede ser modificado una y otra vez, a través de argucias jurídicas y componendas políticas.

Influenciada por una historia amplia de experiencias de gobiernos autoritarios de corte caudillista, América Latina, donde se concentra una buena parte de los regímenes presidencialistas de orbe, procuró al inicio de su última ola democratizadora, temporalmente registrada a partir de finales de la década de los setenta en el siglo XX, transitar por la vía de la restricción a la reelección presidencial.

La reelección fue vista como un mecanismo capaz de otorgarle al presidente de turno, poderes excesivos, mediante los cuales podría debilitar el juego democrático, tanto en forma coyuntural, cuando en el marco de una elección, competía con ventaja ante sus potenciales contendores por el puesto; tanto desde un alcance estructural, socavando la división de poderes  existente y configurando un ordenamiento jurídico afín a su interés continuista.

Mas con el devenir del proceso de profundización y consolidación del sistema democrático, al menos en su dimensión formal, expresado en la reproducción continuada de elecciones libres, periódicas con participación pluralista, se fue perdiendo la robustez de la contención a la figura de la reelección y de manera paulatina se fueron introduciendo modificaciones que la han ido permitiendo donde no existía, o le han quitado restricciones donde ya estaba establecida.

La reelección  empero en sí misma no es responsable directa de la erosión del marco jurídico-institucional en la que se aplique. Estados Unidos de América es un claro ejemplo de ello.

A pesar de que la restricción a la reelección a una única vez de forma consecutiva, es de reciente data, específicamente en 1951 a través de la incorporación de la XXII Enmienda a la Constitución de la Unión, previamente existió una regla consuetudinaria que en la práctica limitó a un solo periodo adicional su aspiración a mantenerse como Jefe de Estado, con la conocida excepción del Presidente Franklin Roosevelt, quien gobernó por tres mandatos consecutivos.

Y ni antes sin regla explícita y tampoco después de incluida, ha sido cuestionada por ningún Presidente en las últimas décadas.

En definitiva, parece entonces que la solidez de los valores sustentadores del régimen político imperante en aquel país, que lo configuran como una de las democracias formales más robustas del globo terráqueo, deviene en un factor central, tanto para construir un orden jurídico e institucional capaz de activar la figura de la reelección sin que traiga aparejados factores que lo socaven, como también para evitar que, empleando sus propios mecanismos intrínsecos, se procure alterarlo, ampliando la reelección más allá de los límites ya dados.

En un contexto caracterizado por un sólido marco legal que la regule, la reelección comporta elementos positivos para quien se cobija bajo su alero, tales como la posibilidad de ampliar el norte de mira de la planificación y gestión de su proyecto político y de las políticas públicas mediante las cuales se plasma aquel. Amén de que, siguiendo a pensadores de la talla del federalista estadounidense Alexander Hamilton, su limitación suponía un duro revés para el propio Soberano, al reducirle sus opciones de elección, como al restar un incentivo estratégico que contribuyere a la búsqueda de la excelencia en el ejercicio del poder, por parte de quienes podrían ser premiados con su continuidad a través del respaldo ciudadano desde el sufragio.

El frío no está en las cobijas. La prueba empírica refleja que la reelección en sí misma no debe ser estigmatizada. Antes bien, donde las luces de alerta se activan, es en aquellos escenarios caracterizados por la búsqueda de la ampliación del mandato otorgado, a través de un cambio en las reglas que la acotaban a un único periodo, consecutivo o diferido.

En África y en no pocas naciones del continente americano, los problemas de inestabilidad y polarización política están directamente vinculados a los esfuerzos de presidentes electos democráticamente que buscan enquistarse en su posición, mediante cambios a las normas que faciliten su reelección más allá de una ocasión.

En síntesis, el quid del tema estaría en definitiva en la tensión ocasionada al sistema político por el afán de presidentes electos que, una vez alcanzado el cargo por vez primera o mediante la reelección autorizada, intenten mantenerse en el cargo, evadiendo las restricciones jurídicas establecidas, o modificándolas del todo, apoyados en contrapesos débiles e incluso complacientes, por parte de los otros supremos poderes.

La reiteración por mantenerse no se genera al vacío.

Aunado al interés manifiesto del actor singular, demanda factores exógenos que recreen un entorno apropiado para su concreción material. Nuevamente empleando como referencia al sistema estadounidense, se advierte como factores críticos para el logro de ese objetivo, una frágil cultura democrática; un marco legal e institucional vulnerable y poroso; una división de poderes formal pero no real; un entorno socio-económico favorable, sea por resultados objetivamente verificables, sea por su manipulación a través de acciones de gobierno claramente direccionadas por el interés político de su conducción superior de conseguir la continuidad en el poder.

En síntesis, la reelección en sí misma comporta de manera simultánea, variables de signo positivo y de carácter negativo. Usualmente los aspectos críticos prevalecen en una de sus tipos: la reelección indefinida, con pretensión de perpetuidad.

Empero aún, la consolidación de esta última, está signada por la existencia de factores y elementos que van más allá de la figura de la reelección o de la capacidad volitiva de actores políticos en una coyuntura determinada.

En América Latina, la prueba fáctica muestra el necesario alineamiento de aquellas, con variables de orden estructural que potencien su implementación y arraigo en un sistema político.

Esa misma evidencia define también las resultantes de su aplicación: una transición de un sistema democrático institucionalizado al menos en su dimensión formal-legal, a una forma de gobierno autocrática, reminiscente de los caudillismos autoritarios anteriores al advenimiento de la ola democratizadora.

Finalmente arroja una conclusión alarmante: si bien la solidez democrática  cuyo basamento es débil, es donde  tal metamorfosis sistémica, puede iniciarse y echar raíces con mayor celeridad y permanencia, tampoco los regímenes menos porosos están exentos de verse inmersos en ese proceso.

La democracia no es un modelo estático que produce un régimen inmunizado a posibles amenazas a su integridad. Por ello debe crear y consolidar mecanismos  de distinta índole, a través de los cuales pueda detectar y contener tendencias políticas que atenten contra su existencia misma.

La frase “la democracia no es perfecta, pero sí perfectible” en los tiempos contemporáneos adquiere plena vigencia.

 



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