Sábado 08 de Agosto, 2020

Reelección y equidad en la contienda electoral: una fórmula complicada

21 de marzo, 2019

Sergio Araya Alvarado / Politólogo

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La figura de la reelección en una democracia representativa puede analizarse a la luz de distintas aristas.

Lea: Estado de la reelección en América Latina: De su rechazo absoluto a la reelección indefinida

Una de ellas, de gran repercusión en la calidad y efectividad de los fundamentos del sistema, versa sobre su impacto en la dinámica electoral reproducida al interior del correspondiente sistema político.

Estudios de la ciencia política en el campo de la política comparada sobre el Poder Legislativo y Ejecutivo han encontrado que la ventaja de acudir a las elecciones desde el puesto al que se aspira suele ser un factor determinante para alcanzar el triunfo electoral.

Se colige a partir de la evidencia empírica que las probabilidades de ser reelegidos en esquemas que permiten la reelección consecutiva o indefinida, con algunas excepciones, tienden a favorecer a quien ocupa el puesto.

La relación ejercicio de gobierno e impacto en las condiciones de equidad de una competencia electoral abarca la valoración de variables ligadas a la dinámica del uso del poder político en contextos socioeconómicos y políticos con mayor o menor solidez institucional.

Algunos ejemplos de aquellas son: los presupuestos públicos en ciclos político-electorales; disposición de recursos del erario para fines electorales e influencias ejercidas a terceros en el marco de un proceso político-electoral.

Sobre el primer factor, estudios efectuados por los profesores Min Shi y Jakob Svennson en torno a los denominados “presupuestos de ciclo político”, entre 2002 y 2006 , en los que analizaron ejecuciones presupuestarias en periodos electorales en 91 países, 25 de América Latina y el Caribe, en un lapso de 21 años e incluyendo 352 procesos electorales, demostraron que en todos los países analizados, el gasto sufre un aumento en el periodo electoral, siendo mucho mayor y de un impacto más profundo en las sociedades en vías de desarrollo, en donde impacta de forma más fuerte los resultados electorales.

Sumado a lo anterior, los autores comprobaron que son precisamente los países que acusan mayor grado de corrupción o riesgo institucional (según Transparencia Internacional y The International Country Risk Guide, ICRG), los países que tienen un más alto gasto presupuestario y déficit fiscal en el periodo electoral.

Los datos  duros confirman la vinculación directa entre la existencia de frágiles mecanismos institucionales reguladores de la gestión del gasto público  e incluso su ausencia absoluta, y el aprovechamiento abusivo de competencias formales del Ejecutivo, especialmente observado en aquellos regímenes presidencialistas de rasgos dominantes en los que el cargo concentra una alta dosis de poder en distintos ámbitos de la toma de decisiones gubernamental dentro de las que se ubica el manejo y control de los presupuestos públicos.

El uso de recursos estatales para fines electorales deviene en un segundo factor de riesgo identificado que tiende a inclinar la balanza a favor del Presidente en funciones.

Ejemplos de lo anterior abarca desde el uso de activos estatales a favor de la campaña de reelección; instrumentalización de publicidad estatal, uso de actos oficiales como parte de la promoción electoral del Candidato-Presidente, hasta manipulación de programas sociales con carga al Presupuesto y políticas discrecionales de empleo público.

Influir de manera ilegítima en sectores específicos para incorporarlos como grupos de apoyo a la pretendida reelección o para disuadir su adherencia a bandos opositores, alude al tercer tipo de factor de riesgo.

En concreto implica el uso del poder del aparato estatal para lograr que funcionarios públicos, empresas privadas, medios de comunicación, entre otros actores clave, apoyen de manera forzada la candidatura del Presidente en ejercicio, o bien neutralice la posibilidad de que abiertamente la rechacen.

La presencia o no de los factores enumerados, así como la efectividad de su impacto, dependerá en definitiva del tipo de presidencialismo imperante, del marco normativo e institucional en el que se sustente y del grado de empoderamiento ciudadano, el cual a su vez, será resultante del desarrollo socioeconómico existente.

Es entonces vital consolidar el marco jurídico e institucional del sistema democrático, comprendiendo empero, que el esfuerzo va más allá. Implica un salto cualitativo en el desarrollo social, económico y cultural del conjunto de la sociedad.

Solo con acciones de orden integral y transversal se consolidarán en forma simultánea las tres dimensiones de una democracia sostenible e inclusiva: el modelo político, el socioeconómico y el cultural, pilares de una sociedad cohesionada, inclusiva y auténticamente democrática.



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