Lunes 26 de Agosto, 2019

Militantes partidarios: una especie en extinción

18 de abril, 2019

Sergio Araya Alvarado / Politólogo

[email protected]

En los sistemas de partidos políticos europeos es usual categorizar a la ciudadanía en función del tipo de ligamen sostenido con las agrupaciones políticas. A aquellas personas que únicamente se conectan con los partidos de forma puntual en elecciones a las que son convocadas, se les conoce como electores.

Lea: Papel de los partidos políticos en la potenciación del régimen municipal

Por su parte, las personas que poseen un vínculo más concreto y sostenido en el tiempo con un partido específico se les identifica como militantes partidarios.

Poseyendo como referencia al modelo europeo, algunos países de América Latina, entre ellos Costa Rica, idearon un marco jurídico-institucional del sistema político y de partidos, con la incorporación de la figura de la militancia como uno de sus componentes formales.

La Ley No. 8.765 Código Electoral refiere al tema en el inciso q) del artículo 52 al señalar como uno de los elementos constitutivos del Estatuto que debe poseer cada partido, la consignación de los derechos y deberes de sus “miembros”.

Conectado con los artículos 48, 49 y 50 de la misma norma que otorga la potestad a la ciudadanía de agruparse en dichos institutos políticos como vehículo de participación en procesos políticos y electorales dentro del territorio costarricense, en tanto se sujeten al cumplimiento de principios generales como la igualdad, libre participación y al ordenamiento jurídico nacional, se infiere entonces una clasificación de las personas en relación con el sistema de partidos, similar al europeo.

Derivado de lo anterior, distintos estatutos partidarios amplían y precisan el concepto.

Por ejemplo, el Estatuto del Partido Unidad Social Cristiana en su artículo 7 desarrolla el concepto.

Así el citado artículo señala que: “se consideran militantes del Partido todos los hombres y las mujeres costarricenses que:

a) Conozcan y se adhieran a sus principios doctrinarios, posiciones ideológicas, estatutarias y políticas.
b) Cumplan los reglamentos y las disposiciones del Partido y participen activamente en las labores derivadas de este Estatuto y aquellas que promuevan los organismos del Partido.
c) Contribuyan financieramente, en la medida de sus posibilidades económicas, para sufragar los gastos del Partido.
d) Ejecuten las actividades específicas que las autoridades del Partido les encomienden.
e) Mantengan, en todo momento, un comportamiento ético y moral.” (TSE, 2019)

El Partido Liberación Nacional en el artículo 13 de su Estatuto define a quienes considera sus miembros.

Así el citado artículo señala: “Son miembros del Partido Liberación Nacional, todos los ciudadanos de filiación democrática que den su adhesión escrita al Partido y que tengan credenciales personales congruentes con los fundamentos y propósitos del Partido, que acojan los principios y programas que establecen la Carta Fundamental, las Proclamas y este Estatuto. El ser miembro del Partido, implica un compromiso personal y moral indisoluble, que se debe reflejar en todas sus actuaciones, especialmente en aquellas que tienen relación con la actividad política y contribuyan económicamente de acuerdo con los Reglamentos” (TSE, 2019).

El Partido Republicano Social Cristiano desarrollo el tema en los artículos sexto y sétimo de su Estatuto.

El Partido Nueva Generación desarrolla el concepto en el artículo XVII, creando dos categorías: la de afiliado y la de afiliado asambleísta.

En torno a la primera la define en el inciso a) como: “personas que deseen contribuir con su voto, y con trabajo esporádico o permanente en el PNG. Apoyando actividades sean operativas o en su área de especialidad. Los afiliados, aportan económicamente al partido de manera voluntaria y esporádica. Pueden formar parte de grupos de trabajo, comités de trabajo y de las comisiones sin coordinarlos no tienen voz ni voto dentro de las asambleas” (TSE, 2019).

Y en relación a la categoría intitulada “afiliado asambleísta” la define en su inciso b) como: “personas que deseen contribuir con su voto, y con trabajo voluntario temporal o permanente en el PNG, apoyando actividades sean operativas o en su área de especialidad. Pueden formar parte y coordinar grupos de trabajo temporales, comités de trabajo y las comisiones.

Además, pueden conformar las estructuras partidarias, y órganos de decisión dentro del partido. Tiene voz y voto dentro de las asambleas, según sean cantonales, provinciales y nacionales…” (TSE, 2019). Y agrega “para ser afiliado asambleísta se requiere pasar por un proceso establecido por el Procedimiento de Reestructuración de Estructuras del PNG aprobado por la Asamblea Nacional…” (TSE, 2019).

Empero más allá de la forma en que, al amparo del principio de autorregulación partidaria conferida por el Código Electoral, cada partido defina y delimite el tema, ciertamente existe una brecha entre lo establecido en la norma y lo que ocurre en la práctica, en relación a la vigencia efectiva de la figura de la militancia partidaria.

Una causa de esta separación la provoca la misma realidad de la presente coyuntura histórico-social.

En un fenómeno igualmente global, prevalece una tendencia a la pérdida de la llamada fidelidad partidaria en segmentos cada vez más amplios de la población, especialmente observado en los estratos más jóvenes de cada sociedad.

Ello encuentra su sustento en el incremento sostenido de la desconfianza y rechazo ciudadano hacia los partidos políticos y las instituciones políticas de representación de las que forman parte.

Costa Rica no escapa a esta situación. A pesar de la participación electoral relativamente alta, ubicada en un 70% promedio del total de personas convocadas a las urnas, registrado en los últimos comicios nacionales efectuados el año anterior, conforme avanzó el tiempo, la adherencia partidaria retomó la magnitud que le ha caracterizado en casi dos décadas, a saber: más de la mitad de la población señala no estar identificada con ninguna agrupación de las existentes.

Paradójico resultado al contrastarlo con los casi 100 partidos políticos inscritos ante el Tribunal Supremo de Elecciones en los tres ámbitos de jurisdicción en los que pueden intervenir.

A manera de ejemplo el estudio de opinión de CID-Gallup hecho público en enero de 2019 indica que un 53% no posee adherencia partidaria. Tan sólo un 21% dice preferir al Partido Liberación Nacional, cifra muy por debajo de lo que fue la media histórica de apoyo a la fuerza política más longeva de las existentes en el actual sistema de partidos políticos costarricense.

Le siguen el Partido Unidad Social Cristiana y el oficialista Partido Acción Ciudadana con un 9% de respaldo; 5% dice apoyar al partido Restauración Nacional, el otro finalista en la II ronda electoral presidencial acaecida el 1 de abril de 2018 y un 2% expresó su apoyo al Frente Amplio.

Partidos como el Republicano o Integración Nacional con representación parlamentaria en la presente Asamblea Legislativa no aparecen mencionados ni en el margen de error.

En ese contexto, las fuerzas políticas ensayan distintas fórmulas para seguir manteniendo vigencia, especialmente en el ámbito político-electoral, su principal y más apetecido campo de acción.

Así, algunas optan por incluir dentro de sus listados de candidaturas a puestos de elección popular a personas con un liderazgo y arraigo social propio, sin importar su procedencia partidista, o del todo su desconexión anterior con el sistema de partidos políticos. Para ello incluso hacen modificaciones a sus propios estatutos.

Otros exhortan en redes virtuales a intervenir en la actividad electoral del partido, a quien lo desee, independientemente de su origen o sin consultar si posee alguna afinidad ideológica o programática con el partido.

A pesar de la eficacia potencial de estas opciones, de cara a los inmediatos procesos electorales a cuyo amparo se llevan a cabo, producen un mayor alejamiento entre la dinámica real reproducida por los partidos políticos y lo contemplado en el ordenamiento jurídico vigente, y de paso, con los fundamentos deontológicos que le dieron configuración y estructura.

En definitiva, un contexto histórico y sociopolítico adverso, sumado a un reconocimiento tácito por parte de los propios integrantes de los partidos políticos de la imposibilidad de hacer efectivas sus propias normas, confirman de manera clara que la militancia partidaria es una especie en extinción.

Ante un hecho inobjetable, la interrogante se desplaza de sitio, situándose en determinar si el alcance del referido proceso paulatino de desaparición, abarcará la existencia misma de los partidos políticos y de la representación política con sustento institucional.

El tiempo lo señalará.

 



Noticias relacionadas

VEA MÁS



Comentarios

COMENTAR