Viernes 23 de Agosto, 2019

Hacienda pagó ¢400 mil mills. de manera ilegal

Revela Contraloría General de la República
Bharley Quirós Navarro 13 de mayo, 2019 | 05:24 PM

El Ministerio de Hacienda hizo pagos ilegales para amortizar deuda (es decir, no pasaron por la aprobación de la Asamblea Legislativa) por un monto de ¢401.062 millones (un 1,2% del Producto Interno Bruto) y no por ¢182.000 millones, como se informó en un principio.

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Los ¢220.062 millones de más los confirmó la propia Contraloría General de la República y la jefa de fracción liberacionista Silvia Hernández resaltó el dato en el plenario.

El dato actualizado se incluye en la página 60 de la memoria anual de la Contraloría del 2018, donde se lee:

“En relación con el título ‘Servicio de la Deuda Pública’, se determinó lo siguiente: En la partida de Amortización títulos valores internos no se reconocieron como gastos del periodo las cancelaciones realizadas entre el 25 de enero y el 4 de abril de 2018 de títulos valores de deuda interna de corto plazo por un monto de ¢216.387 millones, ni las cancelaciones efectuadas entre el 02 de julio y el 10 de setiembre de 2018, de títulos valores de deuda interna de largo plazo por la suma de ¢184.675 millones, para un total de ¢401.062 millones, las cuales fueron pagadas en su oportunidad, excediendo el monto presupuestario contenido en la Ley de Presupuesto Ordinario y Extraordinario No.9514 y sus modificaciones disponible al momento de realizar cada pago”.

Cabe señalar que ni Rocío Aguilar, ministra de Hacienda, ni la oficina de prensa de esa cartera revelaron la cifra. Incluso la jerarca en la Comisión de Asuntos Hacendarios en un principio dijo que los pagos ilegales fueron por ¢48 mil millones.

DESDE ENERO

Aunque Hacienda sostuvo que los pagos se hicieron entre julio y agosto de 2018 sin la aprobación correspondiente de la Asamblea Legislativa, pero cierto es que según la Contraloría lo pagos se arrastran desde enero.

“No lo digo yo, sino la propia Contraloría dice que esta actuación de la Tesorería Nacional y el Ministerio de Hacienda no solo fue continuada durante nueve meses, sino que en definitiva fue más del doble del dato que inicialmente circuló por ¢182 mil millones. Estamos hablando que de los ¢900 mil millones del denominado ‘hueco fiscal’, más del 40% respondió a pagos sin autorización legislativa”, denunció la verdiblanca.

FALTA GRAVE 

Hernández ha catalogado las acciones del gobierno en este tema como una falta grave a la institucionalidad democrática y un irrespeto a la sana y necesaria interdependencia de poderes, así como a los más elementales principios de responsabilidad y transparencia. 

“Preocupa dónde queda el respeto a la institucionalidad democrática y la transparencia en el manejo y gestión de la deuda. La autorización presupuestaria legislativa no es un trámite irrelevante, sino un ejercicio de control del Estado que consolida el principio democrático y la transparencia en la gestión del erario”, enfatizó.

Por este caso el ente contralor abrió una investigación contra cinco funcionarios por los pagos ilegales, entre ellos la ministra de Hacienda.

Tanto el presidente Carlos Alvarado como la fracción del Partido Acción Ciudadana (PAC) han respaldado las acciones de Aguilar al aducir que no pagar hubiera sido peor para el país.

“Respaldo plenamente las acciones de la ministra de Hacienda. La respaldo plena y absolutamente en todo el extremo de lo que ha actuado, desde que ha iniciado sus funciones y hasta este momento porque ha hecho lo correcto en función de llevar estabilidad y orden a la Hacienda Pública. Le he dado el aval para tomar las decisiones correctas”, declaró el mandatario.

Por el hueco fiscal que generó esta situación la Fiscalía abrió una investigación desde el 14 de agosto del 2018 (expediente 18-000159-0033-PE), que en un principio no tenía imputados, pero que en las últimas semanas se indicó que se investiga a Carlos Alvarado, Luis Guillermo Solís, Rocío Aguilar, Helio Fallas, Fernando Cruz (presidente de la Corte Suprema de Justicia) y Luis Antonio Sobrado (presidente del TSE).

La legisladora insistió en la llamada de atención para que un hecho similar no vuelva a suceder en el futuro. “No se puede repetir. El Poder Ejecutivo tiene responsabilidades constitucionales y legales, y la Asamblea Legislativa cumple un rol vital en el Estado de derecho costarricense, que deben ser respetadas”, sentenció.



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fnaf world (14/05/2019)

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