Miércoles 17 de Julio, 2019

Sobre coaliciones, gobiernos de unidad y “ser o no ser” de partidos políticos en Costa Rica

16 de mayo, 2019

Sergio Araya Alvarado / Politólogo

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En países democráticos con regímenes parlamentarios es usual que la titularidad del Ejecutivo se defina a partir del arreglo o acuerdo político de bancadas legislativas resultantes del proceso eleccionario correspondiente.

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En atención a la correlación de fuerzas producto de la decisión del Soberano, es plausible que un Ejecutivo se forme con el concurso de uno, dos o múltiples grupos parlamentarios.

Así, si la votación alcanzada le permite a un partido político poseer la mayoría absoluta del respectivo órgano legislativo, es plausible que “forme gobierno” sin necesidad de pactar con ninguna otra bancada.

En el otro extremo del escenario post-electoral, podría acaecer que la fuerza partidista más votada, empero no logre liderar ese Ejecutivo, toda vez que los partidos políticos que le siguieron en el orden de sufragios conseguidos, se alíen y juntos alcancen la mayoría requerida para asumir la conducción del otro poder.

Ello reflejaría que esa mayoría electoral relativa es inferior en magnitud a la votación dispersada en las restantes fuerzas políticas intervinientes en el proceso electoral respectivo y por ello no parece violentar la correcta representación política la constitución de un gobierno con la exclusión del partido más votado, convertido de esta forma en la I minoría.

Un tercer escenario, el más usual en elecciones sin un claro ganador, conlleva la alianza del ubicado en primer lugar con una o dos de las bancadas que le siguen en número de escaños obtenidos.

Indistintamente de la fórmula y de los actores involucrados, es parte de la dinámica de este tipo de régimen construir coaliciones y alianzas entre partidos políticos con representación parlamentaria para establecer el Gobierno del órgano ejecutivo.

La cabeza visible del Gobierno deviene en su Jefe, mas no posee la titularidad del Estado propiamente dicho. Este último es designado más allá de la elección legislativa de la cual se genera el gobierno. Según las características del régimen político concreto, puede ser de elección directa de la ciudadanía, de designación del Legislativo a instancia del titular del Gobierno o incluso provenir de la vieja institución de la Monarquía.

En todo caso su ámbito de representación y competencias está claramente definido y diferenciado de quien lidera el Gobierno que administra en el día a día, el devenir de la cosa pública del respectivo país.

Una expresión distinta del régimen parlamentario lo constituye el régimen presidencialista, donde el titular del gobierno y del Ejecutivo recae en la misma figura, usualmente electa de manera directa por la población habilitada a emitir el voto o a través de su delegación en integrantes de un órgano especializado, denominado “colegio electoral”, tal y como ocurre en los Estados Unidos de América, el referente por excelencia de esta modalidad de régimen.

En este esquema, la configuración del Parlamento no incide en lo absoluto en la formación del Gobierno. Tal y como se viene observando en muchos países de América Latina, puede darse un escenario de un Ejecutivo liderado por un partido político con poca o mediana presencia en el respectivo poder legislativo. En estos casos la implicación se produce en la dinámica reproducida por la interacción entre ambos poderes, afectando su gobernanza diaria.

Una tercera modalidad ubicada a mitad de camino entre ambos tipos, es el régimen semi-presidencialista donde el titular del Ejecutivo electo popularmente, designa un encargado del gobierno que puede ser removido a instancia del parlamento.

En lo tocante a la figura de la coalición, es mayormente replicada en el modelo parlamentario por la naturaleza misma del tipo de gobierno que opera bajo su alero. No obstante, en las otras dos formas de régimen es plausible su concreción.

Chile, con un sistema presidencialista, fue gobernado por veinte años bajo una modalidad de Concertación entre partidos políticos ubicados del centro a la izquierda del espectro ideológico, tras el retorno a la democracia a finales de la década los ochenta del siglo anterior, deviniendo en un claro y exitoso ejemplo de la posibilidad de sostener coaliciones en el presidencialismo.

En todos los casos empero, la coalición se construye entre partidos políticos, no entre personas provenientes de formaciones partidistas.

Es característico que la alianza se sustente en un documento de acuerdo en el que incluyen posiciones políticas y propuestas seleccionadas de las plataformas programáticas de cada uno de los partidos políticos intervinientes en el acuerdo.

En la experiencia del conocido “Gobierno de Unidad Nacional” propugnado por el actual Presidente de la República en Costa Rica, se alcanzó una suerte de modelo mixto. A saber: la presencia del Frente Amplio, a través del acuerdo adoptado por su Asamblea Nacional, en su condición de órgano de representación legal superior, que permitió la incorporación al Gabinete de la titular de su Comité Ejecutivo Nacional encuadró en la dinámica de coalición antes descrita.

Empero la incorporación de figuras de alto peso político de otras fuerzas a título personal constituyó la réplica de una práctica aplicada en otros gobiernos, incluido el inmediatamente anterior, donde sus dos Vicepresidencias fueron ejercidas por actores provenientes de otras fuerzas políticas, en las que poseyeron responsabilidades de alto nivel a su interior o en órganos públicos de poder en representación de aquellas.

Hubo empero en torno a esta forma de involucramiento ya usado en experiencias anteriores, un factor distintivo que lo hizo singular y que fue causante de la confusión que hoy poseen segmentos de la sociedad en torno a la calidad en la que ingresaron al Gobierno las figuras provenientes de uno de los partidos políticos participantes. Específicamente la suscripción de un documento de orden programático, como paso previo a la incorporación efectiva.

En efecto hoy se entreteje una polémica alrededor de la naturaleza y alcance del involucramiento del Partido Unidad Social Cristiana en la actual Administración, a partir del protagonismo asumido por quienes fueran los miembros de su fórmula presidencial, encabezados por Rodolfo Piza Rocafort, hoy Ministro de la Presidencia.

La insistencia de altas autoridades del actual Comité Ejecutivo Superior del citado partido o de la jerarquía de su expresión parlamentaria, en deslindarse del Gobierno y en señalar como una decisión estrictamente individual, la integración de aquellas y otras figuras de la agrupación al Poder Ejecutivo liderado por Carlos Alvarado Quesada evidencia el reconocimiento implícito de la confusión reinante en el imaginario social, alrededor a tan sensible tema.

¿Cuál es la causa posible de que un acto efectuado en otras ocasiones, haya sido apreciado diferente en la actual coyuntura?

El posicionamiento y peso de las figuras más visibles ciertamente es un factor que lo distingue de otras oportunidades. No había sido observado un acercamiento de este tipo a nivel de quien había sido contendor por el mismo cargo con el que finalmente ganó la elección. Esto sin lugar a dudas en sí mismo es un elemento que tiende a suponer un carácter institucional del acto adoptado.

Debe recordarse que es práctica usual en los partidos políticos costarricenses que quien les lidere como candidato presidencial se convierta durante el periodo de la campaña electoral en su Jefe máximo, siendo colocado formalmente de manera transitoria como miembro del respectivo Comité Ejecutivo Nacional Superior.  Aunado a que es la figura más visible a nivel mediático, es entendible suponer que sus acciones reflejan el accionar de la agrupación en pleno, o al menos, de su estructura política de dirección.

Mas, tal y como fue indicado atrás, hubo un hecho concreto que marcó la vinculación de las figuras del Partido Unidad Social Cristiana al entonces Candidato Presidencial del Partido Acción Ciudadana. A saber: la firma del Acuerdo “Gobierno Nacional: acuerdo por la esperanza, la equidad y el desarrollo” el día 8 de marzo de 2018.

El texto compuesto por 93 compromisos en 10 ejes temáticos estratégicos, recogía muchas de las propuestas ofrecidas por el entonces ex – Candidato Presidencial Piza Rocafort y contenidas en el programa de gobierno del partido del que provenía. Entre ellas sobresale la aprobación de la regla fiscal a nivel constitucional, si bien aún no alcanzada, si introducida una derivación a escala legal en el marco de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas.

Construir una alianza con el grado de formalidad de la mencionada no parece fruto de una decisión individual, tan siquiera de una facción minúscula de los colectivos de procedencia de los firmantes. Es por ello que deviene en explicable el grado de escepticismo y asombro generado por el discurso y reacciones de representantes de una de las partes, centrado en marcar una absoluta separación del proceso que condujo a la concreción de tan acabado producto.

Abona poco a ese objetivo, la decisión adoptada en abril de 2018 por la Asamblea Nacional del Partido Unidad Social Cristiana de garantizar la continuidad de la militancia a quienes decidieren incorporarse al Gobierno que asumiría menos de dos semanas después.

Y aún menos favorece la coherencia de la tesis central de esta reciente narrativa, la cooperación de la Bancada Parlamentaria del colectivo, en la conformación del Directorio Legislativo correspondiente a la primera legislatura del presente cuatrienio, con integración activa de una de sus integrantes en el citado órgano de gobierno interno del Congreso.

En cualquier ámbito del accionar humano, pero especialmente en el político, tan venido a menos en términos de credibilidad y adherencia social, es fundamental la coherencia, consistencia y transparencia.

La ambigüedad y contradicción discursiva y de praxis debe ser erradicada si se desea migrar de una percepción negativa imperante a una positiva o por lo menos, favorable.

Por ahora caer en el “ser o no ser” ciertamente es lo menos aconsejable. Augura, contra quienes de manera temeraria lo enarbolan, más perjuicio que beneficio.

El tiempo dictará si jugar al filo del reglamento fue lo adecuado o no.



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