Miércoles 26 de Junio, 2019

Percepción ciudadana de la política: tensión entre legitimidad-representatividad-participación social

23 de mayo, 2019

Sergio Araya Alvarado / Politólogo

[email protected]

Al hablar de la política se hace permanente referencia a las relaciones intersubjetivas de poder producidas y reproducidas en un entorno socio-histórico específico, cuyas concatenaciones temporales y espaciales, configuran un continuum que atraviesa la dinámica del quehacer humano, desde sus orígenes, dándole la certidumbre y organicidad requerida para salvaguardar su existencia misma como especie y su capacidad transformadora de su realidad, característica única e irreductible del género humano.

Lea: Sobre coaliciones, gobiernos de unidad y “ser o no ser” de partidos políticos en Costa Rica

De lo anterior se desprende que la política es consustancial a la naturaleza humana y de la forma en que se desarrolla en la acción concreta, deviene el modelo de organización socio-político que un colectivo construye.

Una praxis política caracterizada por el intercambio transaccional entre grupos específicos de poder, producirá un modelo social excluyente, diferenciado y escindido.

En el lado opuesto, una praxis política sustentada en la persona humana como eje de su accionar, delineará una organización social y política inclusiva, cohesionada y promotora del desarrollo integral de cada uno de sus miembros, en su doble condición de sujetos concretos y actores sociales.

La política se rige por fines. En la definición de los medios y recursos para alcanzar dichos fines, entra en juego el manejo de las relaciones de poder, expresadas por actores en pugna, con intereses distintos y, ocasionalmente, contrapuestos. El espacio de interacción, condensación, jerarquización y eventual agregación de estos intereses, es por excelencia, el ámbito de lo público, por lo que la política es una actividad esencialmente pública, expuesta al proceso de escrutinio y control social permanente, lo que le reviste de un carácter dinámico y conflictivo.

La dinámica política tiende a consolidarse en prácticas, normas e instituciones vinculadas a un periodo histórico determinado, las cuales a su vez, responden a valores y construcciones simbólicas, propias de la cosmovisión dominante en la época.

A lo largo de la historia, la política ha adquirido expresiones o dimensiones institucionales específicas, las cuales han oscilado desde los clanes tribales, la estructura feudal, pasando por el Absolutismo Monárquico, al sistema de Democracia Representativa Formal, imperante en nuestros tiempos mediante distintas formas de organización del poder político.

Este último a su vez, expresado en regímenes políticos como el Presidencialista o el Parlamentario para citar tan solo algunos, cuyo fundamento central es el tema de la representación política y la legitimidad social del sistema.

Y es sobre este modelo de organización política de la Sociedad y el Poder, que hoy gravitan fuertes presiones y discusiones, tanto teóricas como prácticas, aspectos que tienen en el fondo un común denominador: la histórica preocupación social por construir un modelo de organización política que responda al objetivo último de alcanzar el bienestar de sus actores concretos, de una forma efectiva y duradera.

En los tiempos actuales, este tema se aborda en un contexto determinado por elementos novedosos y propios: una creciente heterogeneidad social y cultural; una pérdida aparente de predominio de lo público como espacio articulador de intereses y canalizador de conflictos sociales; la globalización de procesos económicos, culturales, políticos y sociales y la cada vez mayor interdependencia entre los distintos actores nacionales, supra y subnacionales; el surgimiento o recuperación de preocupaciones colectivas de distinto matiz: relacionadas con equidad de género; reivindicaciones étnicas, etarias, sexuales y socioculturales;

La complejidad de los temas y relaciones sociales y políticas que se entretejen, no sólo presionan fuertemente al modelo de organización política dado, sino que, al cuestionar la capacidad de respuesta de la política, en el tanto esta es inherente al ser humano, pone en entredicho al ser humano mismo, en su condición de sujeto social.

No se trata entonces únicamente de la debilidad de un sistema político, de sus normas, procedimientos e institutos, para concretar el bienestar de la colectividad; el quid del asunto radica en que la humanidad misma se debilita en su capacidad de construcción y reconstrucción de su propia vitalidad como ser social

El reforzamiento de pseudovalores como el individualismo a ultranza con la pérdida de solidaridad social que aquel trae aparejado, es una expresión tan solo de esta deshumanización que hoy constituye un reto fundamental, en el proceso de construcción de condiciones de bienestar para la totalidad de las y los miembros del cuerpo social.

En el plano político-institucional, concretamente, en el sistema político democrático formal de corte occidental, centro de atención de la presente reflexión, el debilitamiento antes indicado encuentra su correlato en la crisis de representación política que hoy envuelve al sistema, en especial, a varios de sus actores más tradicionales, como las instituciones de poder públicos (Poderes Ejecutivos, Legislativos, Gobiernos Locales) o su subsistema de partidos políticos.

Tal y como lo señala Norberto Bobbio en su libro “El Futuro de la Democracia” las actuales democracias enfrentan adversidades que tambalean o, al menos ponen en entredicho, sus principios fundantes, entre las que destaca la sujeción de la colectividad y el interés general a los grupos organizados de interés particulares; la cada vez más sólida presencia de estructuras paralelas y opuestas a la institucionalidad formal; la preeminencia de lo técnico sobre lo político (muy acorde con el discurso antipolítico dominante) y la incapacidad de las autoridades de gobierno para procesar en forma efectiva y satisfactoria, el conjunto de las demandas sociales existentes y potenciales, con la consecuente pérdida de legitimidad del sistema en la percepción social.

Detrás de esta ingobernabilidad del sistema democrático emerge el problema de la representación política que es expresión de una crisis de mayor envergadura: la crisis de la organización social en su conjunto, incapaz aún de aprehender las nuevas complejidades y dinámicas surgidas con el desarrollo intensivo de novedosas expresiones tecnológicas y formas de interacción social de ellas derivadas.

Los aspectos antes esbozados desde una perspectiva teórica, adquieren inusual vigencia y significado en la Costa Rica del siglo XXI.

En forma sostenida, desde la última década del siglo pasado, Costa Rica, al igual que muchos otros países de América Latina, vienen experimentando un proceso sostenido de pérdida de legitimidad y credibilidad de sus principales instituciones políticas.

Las elecciones nacionales desarrolladas desde el inicio del siglo arrojaron tasas de abstencionismo de más del 30% del total de electores del padrón, donde a manera de ejemplo, los dos candidatos presidenciales que avanzaron a la II ronda del 1 de abril de 2018, aglutinaron en forma conjunta a tan sólo un 46% del total de electores que acudieron a las urnas el primer domingo de febrero; en el caso de los comicios municipales el abstencionismo se eleva a una 7 de cada 10 costarricenses habilitados para ejercer el voto.

A su vez, distintas encuestas y estudios de opinión reflejan que los partidos políticos son las instituciones políticas con el mayor descenso en opiniones favorables y aceptación de la población. Hoy los “sin partido” superan en forma amplia a los que señalan adherencia partidista.

La Asamblea Legislativa y el Régimen Municipal no gozan de la confianza de la ciudadanía, convirtiéndose en focos permanentes de crítica y sanción social.

Ante ese panorama negativo enfrentado por las entidades del sistema político, ha surgido en el ambiente nacional, una tendencia caracterizada por promover modelos de organización política que descansen en formas institucionales alternativas o sustitutivas de aquellas, cuya lógica se sustenta en la búsqueda de un esquema de democracia participativa, con amplio protagonismo de la denominada “sociedad civil”.

Aunado a ello, grupos de distinta naturaleza y afiliación, se han aglutinado en torno a la defensa de intereses específicos y concretos, autoerigiéndose para ello, como voceros auténticos de la sociedad.

Bajo este contexto, resulta esencial para el futuro del modelo democrático costarricense, analizar las implicaciones, riesgos y eventuales escenarios surgidos como consecuencia de la reproducción de la tendencia observada.

Hoy la democracia, como forma de organización política de la sociedad, enfrenta varios y muy serios desafíos.

El mundo globalizado comporta una serie de problemas y retos de gran magnitud, cuya resolución integral escapa del accionar específico de la actividad política. Por ejemplo, en gran medida, las más relevantes decisiones en el plano económico y social que afectan a la sociedad en su conjunto, se adoptan en los despachos de los responsables de las grandes transnacionales y no en las oficinas de los líderes políticos de los distintos países del orbe.

Lo anterior se contrapone a una creciente demanda de la sociedad al sistema político, de dar solución a sus más apremiantes problemas cotidianos: acceso fijo y digno a fuentes de ingresos económicos; vivienda; salud; educación; seguridad social y física, entre otros.

Se abre entonces la puerta a una contradicción difícil de superar: cada día hay más presión sobre el marco institucional de la política para que dé respuesta a los requerimientos de la sociedad y paralelo a ello, los márgenes de acción de este, se van reduciendo y limitando ante el proceso de globalización que caracteriza la actual época de la historia humana.

Aunado a la deslegitimación del sistema, que tal contradicción coadyuva a provocar, las propias instituciones políticas parecen no advertir la complejidad del entorno y se dedican a reproducir una dinámica interna que parece no estar en sintonía con los signos de los tiempos.

Así, uno de los principales actores del sistema, los partidos políticos, centran sus principales esfuerzos y energía en temas electorales (renovación de sus cuadros dirigentes y escogencia de sus candidatos (as) a puestos de elección popular), en lugar de construir vasos comunicantes con los actores sociales y económicos, que les permita articular y agregar intereses en forma ordenada y coherente, de manera que expresen en forma efectiva el sentir de estos y puedan cumplir su rol de intermediación entre la sociedad y el poder político público, contribuyendo con ello a la institucionalización del conflicto social y a la concreción de mayores espacios de gobernabilidad.

Ante un escenario caracterizado entonces, por la imposibilidad del espacio político institucional de procesar satisfactoriamente la totalidad de demandas presentadas por la sociedad y por el “ensimismamiento político” en el que desarrollan su accionar muchas de sus principales instituciones, la sociedad civil ha comenzado a abrir un espacio en el espectro político, buscando dar respuesta a sus reivindicaciones y necesidades históricamente postergadas.

En este marco, la presencia de la sociedad civil, entendida esta como una esfera organizada de la vida social, en la que los actores colectivos expresan, dentro de un marco legal, intereses y valores y efectúan demandas al poder político público, no solamente es positiva sino necesaria para el sistema político democrático, en el tanto puede contribuir a la intensificación y democratización del espacio público.

Como señala Grzobowski en su artículo “Democracia, Sociedad civil y política en América Latina: notas para un debate: “el fortalecimiento de la sociedad civil, conlleva a una ampliación radical del ámbito de la política y de su acercamiento a lo cotidiano, y al lugar donde vive la gente”.

A pesar del aporte que la sociedad civil puede dar al sistema político, la ausencia de mecanismos de comunicación y coordinación entre esta y los partidos políticos, puede debilitar o trastocar la naturaleza y valor de esa contribución.

Así, en nombre de una democracia participativa químicamente pura, se puede propiciar una descalificación del carácter democrático de la institución de la representación política, fundamento central de la democracia sustentada en los partidos políticos y favorecer con ello, formas de gobierno de corte populista y/o autoritario, de lo que algunos países de América Latina son testigos vivenciales en la actual coyuntura.

Ante ello, la solución pasa por establecer la necesaria y sana relación que debe existir entre las instituciones de la democracia representativa, especialmente los partidos políticos, y la sociedad autoorganizada. De ello deviene el que cada una, en su espacio, en forma coordinada aporte su esfuerzo al sostenimiento del sistema democrático.

Como lo señalaba desde el ya lejano 2003 el informe final de la III Reunión del Foro Interamericano sobre Partidos Políticos: “en los tiempos de democracia participativa, los partidos políticos deben mantener una relación fluida con las organizaciones de la sociedad civil. Estas pueden apoyar la tarea legislativa, fiscalizar el financiamiento y promover la educación para la democracia. Así como la democracia representativa y la democracia participativa son conceptos complementarios, también lo son sociedad política y sociedad civil”.

El desafío, en consecuencia, consiste en establecer los mecanismos de coordinación pertinentes entre ambas esferas – sociedad civil e instituciones políticas – que, inspirado en el fortalecimiento de la institucionalidad democrática, permitan la conformación conjunta de una agenda que promueva la gobernabilidad y recupere la legitimidad social a la institucionalidad política vigente.

   

 

Sergio Araya Alvarado

Politólogo



Noticias relacionadas

VEA MÁS



Comentarios

COMENTAR