Sábado 24 de Agosto, 2019

Macho Coca y Mattis se libran de caso Portete

Sharon Cascante13 de junio, 2019 | 02:59 PM

Hace un año un juzgado dejó libre al empresario Gilbert Bell Fernández, alias “Macho Coca”, por la investigación de robo de combustible a la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope). 

Doce meses después recibe una buena noticia, en audiencia preliminar realizada el 14 de mayo un juez declaró sobreseimiento definitivo por la causa que se le seguía por usurpación de bienes de dominio público en playa Portete, Limón, donde construyó un muelle.

De acuerdo con la resolución, de la cual DIARIO EXTRA tiene una copia, se tomaron tres decisiones. Se dictó el acto de apertura a juicio contra dos imputados, dictaron sobreseimiento definitivo contra los demás y reservaron la restitución de la cosa a su estado anterior para el debate.

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Esto se debe a que la causa prescribió. Los abogados defensores explicaron que en el delito de usurpación de bienes de dominio público la prescripción es de cuatro años, sin embargo si se indaga a los imputados el plazo se reduce a dos.

A estas personas las indagaron el 18 de agosto de 2015; es decir, la audiencia preliminar debía realizarse antes del 18 de agosto del 2017. Mientras que a las dos personas que irán a juicio las indagaron en 2018, por lo que para ellos la causa no ha prescrito.

 

SOBRESEIMIENTO DEFINITIVO

El documento dicta un sobreseimiento definitivo, o sea una resolución judicial dictada por un juez en la etapa intermedia o de juicio que pone fin al proceso.

En el texto se aclara que es para los imputados Miguel Bell Fernández, Luis Álvarez Fernández, William Róger Garita Lara, Gilberth Bell Fernández (Macho Coca), Manuel Rivera Salazar, Benigno Sebastián Guevara Mondragón y Luis Manuel Picado Grijalba.

“De conformidad con los artículos 30 inciso e), 311 inciso d) y las razones de hecho y de derecho se ordena sobreseimiento definitivo (…), por cuanto se encuentra prescrita la acción penal de los imputados”, se lee en la resolución del juez Luis Daniel Montero.

Además dicta la misma resolución para Néstor Mattis, alcalde de Limón, pues el juez determinó que no cometió ningún delito.

“Se ordena levantar la medida cautelar que pesa en contra de los aquí sentenciados”, añade.

 

APERTURA A JUICIO 

A juicio irán dos de los imputados cuya causa no ha prescrito, debido a que su indagatoria se efectuó en 2018.

“Se ordena el auto de apertura a juicio en la investigación penal seguida en contra de Henry Neptuno Lindo Royes y de Roberto Eduardo Buchanan Stephens, por un supuesto delito de usurpación de bienes de dominio público en perjuicio de los recursos naturales”, señala la sentencia.

El abogado Álvaro Moreno explicó a DIARIO EXTRA que son las personas más humildes y quienes no tienen relación con los muelles, sino que residían en la zona.

“Son dos adultos mayores pobladores de la zona marítimo terrestre que vivían ahí hace muchos años. El Ministerio Público mintió diciendo que las personas que estaban ahí invadieron en 2014 y vivían ahí hace más de 10 años”, manifestó el defensor.

Recalcó que en la zona no existen mojones, lo cual es parte de las labores de la Municipalidad de Limón, pese a que en la acusación se dice que sí estaban.

 

RESERVA DE RESTITUCIÓN 

La sentencia del juez Montero recalca que no se levanta la medida cautelar que estaba en la zona y bahía de Portete.

“No se levanta la medida cautelar atípica que pesa en la zona y bahía de Portete, las costas del proceso quedan a cargo del Estado, se ordena realizar un testimonio de piezas, el cual se mantendrá en el Juzgado Penal de Limón para las personas que se les dictó sobreseimiento definitivo”, indica el texto.

La medida que se mantiene es el desalojo de las personas que ejercían la pesca artesanal en Portete, los cuales pagaban impuestos al ayuntamiento y contaban con permisos de Incopesca y Senasa.

Esta decisión de mantener la medida cautelar será apelada por Moreno, defensor de la mayoría de imputados.

 

AUTORIDADES REACCIONAN 

Tras conocer la resolución en la Procuraduría General de la República afirmaron que analizan lo dictado por el juez.

“La Procuraduría General de la República recibió la decisión del Juzgado Penal del I Circuito Judicial de la Zona Atlántica, donde se indica que se ordena auto de apertura a juicio y se encuentra en análisis por parte de la institución”, indicaron mediante un correo electrónico tras la consulta de El Periódico de más Venta en Costa Rica.

Mientras que en la Fiscalía Adjunta Agrario Ambiental confirmaron que, al igual que la Procuraduría, recibieron la notificación de la sentencia el martes.

“En este tipo de casos es fundamental gestionar la solicitud de una medida cautelar, por lo que la Fiscalía había pedido al Juzgado Penal que ordenara el derribo de todas las estructuras. Dicha petición fue rechazada por el Juzgado Penal de Limón, por lo que la Fiscalía se encuentra realizando la respectiva apelación”, confirmaron.

 

ABOGADOS RESPONDEN 

Tras recibir la sentencia de sobreseimiento definitivo, los abogados defensores reaccionaron.

“Siento que esto nunca tuvo razón de ser desde el principio, es más, ahí hay una propiedad que está inscrita en el Registro Público de la Propiedad a nombre de un particular que no ha sido ni siquiera parte del proceso de expropiación del Estado y está inscrita desde antes de la promulgación de la Ley Marítimo Terrestre”, comentó Álvaro Moreno, defensor de los imputados.

Mientras que Ewald Acuña, abogado de Néstor Mattis, alcalde de Limón, dijo que en la resolución se demuestra que a su cliente lo ligaron al proceso sin tener responsabilidad alguna.

“Satisfechos por dos razones, la primera porque la Fiscalía solicita ese sobreseimiento y al igual que el Juzgado encuentra que don Néstor no tiene ningún tipo de responsabilidad con la construcción de los muelles en Portete, que no incumplió con ninguna de sus obligaciones”, expresó.

 

LO OCURRIDO

En diciembre de 2014 Allan Obando, quien en ese momento era el director de la Fuerza Pública de Limón, observó la construcción ilegal de muelles en playa Portete, a 7 kilómetros del centro de Limón.

Se trataba de terrenos de dominio público, por lo que denunció ante la Fiscalía la construcción del muelle, bodegas y casas, y manifestó que la playa quedó sin acceso al público.



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Amelia Delport (13/06/2019)

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