Martes 12 de Noviembre, 2019

Reflexiones en torno a las más recientes protestas sociales acaecidas en Costa Rica

04 de julio, 2019

Sergio Araya Alvarado

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Costa Rica ha sido escenario de manifestaciones de protesta social en los últimos días, una vez más.  Tan sólo en diciembre concluía la huelga más prolongada de la historia reciente del país, protagonizada por representantes del sector público, iniciada con una base amplia de actores en septiembre y reducida al gremio magisterial en su epílogo.

En esa ocasión el foco central de la movilización giraba en torno al trámite legislativo del proyecto de Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, hoy ley de la República, a pesar de la oposición contundente de quienes le adversaban abiertamente.

El conflicto producido de naturaleza esencialmente política, tal y como los propios protagonistas lo caracterizaban al darle al movimiento ese calificativo, empero no fue gestionado, ni tampoco resuelto, de manera política.

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En una nueva expresión de la “judicialización de la política”, la entrada en escena de juzgados de primera instancia y tribunales de alzada del Poder Judicial como directos responsables de determinar la legalidad o no de cada movimiento acaecido en las distintas instituciones públicas participantes, delineó el rumbo y desenlace del conflicto, en tanto y de manera subordinada, el Poder Ejecutivo promovía espacios de “diálogo preliminar” con la mediación de la alta jerarquía de la Iglesia Católica.

Un ejercicio fútil, impregnado de emotivos discursos y llamados al diálogo, pero carente de fuerza efectiva para concretarlo en una negociación efectiva, produjo lo inevitable. En una suerte de crónica de una muerte anunciada, el diálogo preliminar fue cerrado de común acuerdo por las partes a instancia del mediador que, consciente de su improductividad, estableció un plazo límite para darle real contenido o suprimirlo.

De ese primer gran conflicto social, poco usual en la primera Administración de Gobierno encabezada por el Partido Acción Ciudadana en el periodo constitucional inmediatamente anterior, hubo efectos tangibles, pero pocas lecciones aprendidas.
De los primeros, los hubo de corto y de mediano aliento.

En lo inmediato, un fracaso en el propósito perseguido por quienes lo promovieron al no lograr el rechazo y posterior archivo del proyecto de ley repudiado.

Antes bien, el proyecto de Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, expediente 20.580, alcanzó la aprobación legislativa con 34 de 57 votos, la cual luego fue refrendada por el Poder Ejecutivo, a través de la correspondiente sanción ejecutiva y su ulterior publicación en el Diario Oficial, todo ello en un inusual corto lapso de tiempo.

Adicional a ello, los opositores al proyecto experimentaron un agotamiento orgánico y un deterioro de su imagen ante el conjunto de la sociedad, quienes les valoraron como defensores a ultranza de su statu quo.

Si bien el Gobierno de la República consiguió su objetivo, que además le posibilitó tender puentes de acercamiento con posibles acreedores internacionales, lo que devino en la cristalización de iniciativas de conversión de deuda interna en deuda externa, tal y como ocurrió con la suscripción de un endeudamiento en euros, conocido como “eurobonos”, sufrió un desgaste político importante y un enrarecimiento de sus ligámenes con aliados históricos o más cercanos desde el punto de vista ideológico-programático.

Aunado a ello mostró debilidades de gestión política y evidenció fisuras al interior del gabinete presidencial, tal y como se hizo evidente con las manifestaciones públicas de apoyo a los huelguistas por parte de la ministra de la Condición de la Mujer y expresidenta del Partido Frente Amplio, uno de los pocos partidos políticos incorporados de manera formal al llamado “Gobierno de Unidad Nacional.

En medio de ese panorama complejo y tenso, donde los éxitos y los fracasos son de efímera duración, como resultados de mediano aliento se advierte una persistencia de la conflictividad social, tan sólo temporalmente apaciguada mas no superada de forma definitiva.

Lo anterior encuentra su razón de ser en múltiples causas, siendo una de sus más destacadas, la raigambre profunda de su naturaleza, composición y temporalidad.

Ciertamente la Costa Rica próxima a conmemorar su bicentenario como entidad política soberana e independiente, dista mucho de ser la concreción del ideal de República cohesionada que visualizaron sus fundadores. En honor a la verdad, tampoco es una versión antagónica extrema de aquel; empero ha acumulado por décadas, especialmente en la etapa más reciente de su historia, brechas y asimetrías que se amplían con el devenir del tiempo, ante la complicidad de políticas públicas y acuerdos políticos incapaces de evitarlo en el mejor de los casos, o por su absoluta carencia en el peor de los escenarios.

Hoy puede con claridad sustentada en estadísticas e indicadores objetivos afirmarse la tesis de la existencia de varias Costa Ricas coexistiendo de manera simultánea, en un mismo espacio territorial.

Existen distancias reales en desarrollo humano integral en función de criterios étnicos, de género, etarios, territoriales o socioeconómicos que atentan contra la inclusión y cohesión social necesarias como garantes de la sostenibilidad del régimen político.

Discursivamente promovida por operadores y agentes políticos, económicos y mediáticos, la cohesión social brilla por su ausencia en la realidad tangible de la sociedad y cada vez se torna más evidente hasta para el ojo más distraído.

En contraposición se fortalece la fragmentación y la preeminencia de sectores específicos impulsores de agendas propias, produciendo un escenario de política corporativizada.

En ese contexto, la representación política se vacía progresivamente de contenido, siendo sustituida por la prevalencia de intereses sectoriales, en algunos casos estrictamente individuales, confrontados entre sí, donde la canalización de las dinámicas conflictivas propias de la interacción social no logra contenerse en los límites de los marcos jurídicos e institucionales de carácter representativo.

En países cercanos tal dinámica ha generado transformaciones del orden político existente, migrando de modelos de representación política democrático, a mecanismos autoritarios, donde impera la supremacía del más fuerte.

Matizado por praxis políticas populistas y narrativas demagógicas, el autoritarismo subyacente excluye estructuralmente, escala el nivel de confrontación y desinstitucionaliza el aparato político construido a partir de representación política de orden democrático.

Si bien el panorama costarricense aún no parece llegar a ese extremo, la tensión acumulada y en permanente crecimiento fruto de las brechas antes referidas, azuzada por emergentes agendas de sectores sociales específicos, caracterizadas por tocar hilos sensibles de la construcción sociocultural dominante, no garantiza la inmunidad del sistema a tal posibilidad.

En medio de una realidad poco entendida, la gestión política gubernamental reproducida contribuyó a atizar el fuego en la hoguera, proveyendo de justificaciones para reactivar el descontento social de grupos legítimamente disconformes y de pretextos para otros que pretenden su capitalización instrumental.

La percepción cada vez más consolidada de la existencia de un trato diferenciado desde el poder político público hacia sectores sociales, de acuerdo con su mayor o menor sintonía con las aparentes prioridades de aquel, devino en un factor catalizador que permitió la articulación de una gama variopinta de grupos, agendas y demandas, ante el asombro y desprevención de las autoridades de gobierno y de sesudos observadores del acontecer nacional.

La conjunción de intereses de grupos diversos, amalgamados de manera transitoria, ligado a su lento abordaje por parte de los representantes estatales correspondientes, fruto del tiempo de espera requerido para su adecuado dimensionamiento y construcción de la estrategia respectiva, brindaron condiciones para la escalada del conflicto, favoreciendo de manera indirecta los objetivos y fines de poderes fácticos responsables en otras latitudes de promover el colapso de la institucionalidad democrática vigente.

Costa Rica forma parte de un espacio regional atravesado por distintas tendencias y dinámicas reproducidas alrededor de una lógica desestabilizadora del orden político imperante.

Populismos con rasgos autoritario; porosidad del aparato político y del cuerpo social a expresiones sistémicas de corrupción y violencia, presencia, penetración y capacidad de incidencia política de poderes fácticos de origen dudoso o claramente ilegítimo como el crimen organizado transnacional, se entremezclan con los problemas estructurales históricos, generando condiciones de erosión sostenida de los regímenes políticos de América Latina. En algunos casos extremos, se advierte la conversión del Estado de Derecho Democrático en narcoestados o en Estados fallidos.

En ese contexto, es saludable leer los acontecimientos acaecidos en suelo costarricense, sin perder de vista el entorno más allá de sus fronteras.
La tensión generada por el cúmulo combinado de deudas históricas y de factores coyunturales no debe escalar sin término, independientemente de su legitimidad y urgencia.

La construcción de espacios de diálogo y negociación son un imperativo, tanto para su oportuna y real atención, como para alcanzar un objetivo común a tan plural repertorio de actores y agendas: la preservación de un espacio de convivencia propio democráticamente sano y limpio de influencias de intereses ilícitos.

Con la mira puesta en los temas de su directa incumbencia, pero con la convicción de la salvaguardia de la casa común, los distintos actores deben evitar la tentación del extremismo descalificador y de la polarización que desnaturaliza.
La suma cero no es de recibo.

*Politólogo



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Comentarios

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Francisco (04/07/2019)

Don Sergio, como siempre, muy acertados sus análisis, le rogaría que para la próxima vez haga un análisis muy profundo del papel que está teniendo la prensa de este país, ya que los medios más poderosos están tomando partido a favor del Gobierno y están realizando una campaña muy fuerte en contra de los grupos sociales y sindicatos como los "únicos responsables" de la crisis fiscal del país, además se está fomentando una división y una campaña de odio en la sociedad de nuestro país ( Gobierno-Prensa- Empresarios VS Sindicatos, Grupos Sociales, Estudiantes, Trabajadores y Empleados Públicos).