Domingo 21 de Julio, 2019

Candidatura independiente en el sistema político costarricense

¿Solución disruptiva al debilitamiento de sistema de partidos políticos?

11 de julio, 2019

Sergio Araya Alvarado

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En la última elección de autoridades políticas en Panamá, un candidato presidencial independiente se ubicó en un sorpresivo tercer lugar, superando incluso al aspirante del partido oficialista, quien se situó un peldaño más abajo.

Con un 18,78% de los votos emitidos, equivalente a 368.692 sufragios, el señor Ricardo Lombana reivindicó la figura de la candidatura independiente en el sistema político panameño, tras una década de haber sido incluida como opción válida, como consecuencia de un fallo de la Corte Suprema de Justicia que declaró inconstitucional la norma que restringía a los partidos políticos tal potestad.

Poseyendo como antecedente inmediato, un pálido rendimiento de los tres aspirantes independientes a la Presidencia de ese país en el proceso electoral celebrado cinco años atrás, reflejado en una votación conjunta de tan sólo 14.984 votos, muy distante de los 724.440 sufragios obtenidos por el ganador de dicha contienda electoral, en un quinquenio variaron una serie de elementos en la dinámica política del país que, sumados a características propias del aspirante Lombana, arrojaron el resultado citado.

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A la luz de lo observado en el vecino país es dable valorar si existe en el contexto político costarricense, las condiciones pertinentes para valorar su posible incorporación al marco jurídico e institucional existente.

En la actualidad, la posibilidad de aspirar a cargos públicos a través de una postulación libre no entra siquiera en la agenda nacional. La Constitución Política en su artículo 98, así como el Código Electoral en el Título III consolidan el monopolio de los partidos políticos en materia de acceso a cargos públicos mediante el instituto del sufragio.

Más allá de lo estipulado taxativamente, el contexto sociopolítico parece favorable a iniciar un proceso reflexivo en torno a este tópico.

Son diversas las encuestas y los estudios de opinión que marcan una tendencia caracterizada por la desafección ciudadana a los partidos políticos, con magnitudes oscilantes entre el cincuenta y el setenta por ciento de la población.

Adicionalmente, se ha venido experimentando un fraccionamiento del sistema de partidos políticos, que hoy eleva a una cifra superior a la centena. Y, muchas de ellas tienen la particularidad de representar intereses de grupos específicos, a escala sectorial o a nivel territorial.

La proliferación de este tipo de expresión partidaria puede entenderse tanto como un indicador de agotamiento de la capacidad de articulación y agregación de intereses de los partidos políticos con mayor tradición y permanencia en el sistema de partidos vigente, así como una suerte de respuesta generada desde sectores de la sociedad, a la imposibilidad material de participar en procesos electorales al margen de la figura de un partido político.

A ello debe agregarse una praxis reproducida en dinámicas electorales recientes con algún grado de éxito, caracterizada por la conexión de intereses de un liderazgo individual con una base de arrastre electoral potencialmente alta y de un partido político formalmente inscrito, pero carente de aquella, deviniendo en la concreción en la práctica del llamado fenómeno de “partido taxi” o “partido franquicia”.

A nivel de los últimos comicios municipales celebrados en 2016, se identifican como ejemplos exitosos de este modelo, los casos de Alianza por San José y el candidato a la Alcaldía Johnny Araya en el municipio capitalino y el partido Auténtico Limonense con el entonces alcalde aspirante a la reelección, Néstor Mattis, en el cantón cabecera de la provincia del Caribe.

Recientemente en la elección de autoridades nacionales de 2018, se observó la combinación entre el Partido Integración Nacional y el polémico y reconocido jurista Juan Diego Castro, quien, a pesar de no lograr su cometido, contribuyó con el rendimiento en las urnas del partido, lo que a la postre le permitió colocar a cuatro de sus candidatos, en la Asamblea Legislativa del presente cuatrienio.

En estos y otros casos similares en su praxis, pero no acompañados del éxito de aquellos, se evidencian signos de debilidad estructural del sistema de partidos políticos.

A saber: un partido reducido a ser taxi o franquicia comercializada al mejor postor, pone en evidencia la ausencia de liderazgos endógenos capaces de representarle de forma airosa en contiendas electorales, así como muestra con crudeza, su conversión en mera maquinaria electoral, carente del todo o parcialmente, de identidad ideológica, solidez programática, poroso a la recepción de cualquier liderazgo individual o sectorial capaz de aportarle el capital de votos requerido para acceder a puestos de elección popular o, al menos, al financiamiento público reservado para quienes alcancen el mínimo de apoyo en las urnas establecido en la ley.

La conjugación de los elementos antes mencionados podría configurar las condiciones para viabilizar la puesta en escena de la figura de la candidatura independiente en Costa Rica.

Excluir la obligatoriedad de participación a través de un partido político podría transparentar y regularizar una práctica que, salvo por su cariz formal, es en el fondo una expresión clara del debilitamiento experimentado por la figura del partido político, así como de virtual estafa a quienes le votan más allá de los candidatos ofrecidos en una elección concreta.

Por su parte, establecería una relación directa y cristalina, sin intermediaciones innecesarias, entre el aspirante y quienes le apoyen mediante su sufragio.

Aunado a lo anterior, sería la fórmula para minimizar la preeminencia del modelo de partido taxi, así como para disminuir la tentación de usufructuar económicamente con la figura jurídica del partido político, acto en sí mismo cuestionable desde el punto vista ético.

En conclusión, la presencia de la figura de la candidatura independiente en el marco jurídico-institucional del sistema democrático representativo podría representar una ampliación de las posibilidades de participación ciudadana en la dinámica política del respectivo sistema.

Aunque su inserción no esté exenta de tensión y de polémica.

Su vigencia y tendencia a su consolidación en el entorno cercano al país, tal y como es el caso de Panamá, permite un monitoreo más preciso de su comportamiento concreto, de sus resultados y perspectiva de evolución, así como de las dinámicas políticas que le subyacen, proveyendo de información dura, que sirva de referente en el marco de su eventual colocación en la agenda política nacional e idealmente, de su introducción dentro del marco jurídico e institucional nacional.

* Politólogo



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