Domingo 25 de Agosto, 2019

Apuntes en torno a la descentralización

31 de julio, 2019

Sergio Araya

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A seis meses y un día de la celebración de los próximos comicios municipales en Costa Rica, se torna en un ejercicio pertinente y necesario continuar abordando tópicos vinculados al régimen municipal, así como al modelo político dentro del cual se inserta y encuentra sentido.

En un mundo caracterizado por una creciente e intensa relación de interdependencia entre las distintas naciones, así como entre los actores económicos, sociales, políticos y culturales que forman parte de ellas, la recuperación de los espacios de acción más cercanos a cada persona, deviene en un elemento fundamental, para equilibrar la internacionalización de las relaciones sociales, que la globalización genera; con la preservación o recuperación, en algunos casos, de la identidad, tanto nacional, local como personal, de cada uno de los pueblos que habitan en el globo terráqueo.

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La identidad, en este caso de naturaleza territorial, es condición sine qua non para preservar la dignidad, esto es, el respeto y amor por lo que cada persona es: su origen étnico, historia, lengua, costumbres y tradiciones; así como es vital para construir desde esa identidad, el proyecto personal y de sociedad que se desee para el mediano y largo plazo.

El modo en que se organiza la sociedad, para definir la forma en que tales acciones se van a ejecutar, corresponde a la visión política e histórica que tiene de las relaciones sociales y se ve afectada por el entorno en que se desenvuelve su dinámica, la que delinea tendencias o “rutas de navegación” capaces de orientar y delimitar los alcances de su proyecto político y social.

A la luz de las enseñanzas arrojadas por la historia de la humanidad, hoy con firmeza se concluye que, es el sistema democrático la forma de organización política más adecuada para poder cumplir con los supuestos antes indicados: identidad-dignidad-participación, así como que es desde local donde puede maximizarse la concreción de los fines que le son inherentes.

Partiendo entonces de que es el modelo democrático el que permite el desarrollo integral de las personas y el alcance de sus más sublimes y legítimos fines, es necesario repasar de manera breve, pero sustantiva, lo que significa y comprende para la colectividad en nuestros días, el concepto de Democracia.

La Democracia supone la Libertad; la Igualdad y la Fraternidad.

Estos tres pilares, expresados con total claridad en la Revolución Francesa de 1789 y, previamente consignados en la Declaración de Independencia de los Estados Unidos de América en 1776, devienen en los componentes esenciales y propulsores de un auténtico Régimen Democrático y son indispensables en la construcción social del eje identidad-dignidad-participación antes mencionado.

la Libertad, Igualdad y Fraternidad, en el tanto componentes de una verdadera Democracia, son propulsores de la participación, porque sólo en un ámbito de libre asociación, respeto al disenso y solidaridad entre iguales, se construyen espacios de participación equitativos, efectivos e inclusivos.

Dentro del marco de la Democracia, surgen distintas alternativas de organización de las relaciones de poder político, las cuales son el producto de un proceso de interacción de distintas corrientes de pensamiento, intereses políticos y acontecimientos socio-históricos, que cada sociedad o grupo de sociedades, experimentan en su diario devenir.

En ese marco, en las últimas décadas, los esfuerzos más consistentes para fortalecer y llevar a la práctica real, los principios y objetivos rectores del sistema democrático, han conducido a encontrar en el espacio local, el ambiente ideal para lograr ese apuntalamiento del sistema.

Siguiendo esa lógica, se ha privilegiado un orden político que fomente una acción de gobierno, promotora del desarrollo humano integral, desde lo local, mediante un modelo de gestión política descentralizada en la que la participación de los actores sociales y políticos locales, sea activa y propositiva, desde su nivel de diseño y ejecución, hasta llegar a su etapa de evaluación, control y elaboración de recomendaciones.

Las reformas políticas que han permitido la elección popular del Administrador general de la corporación municipal, no solo han justificado su cambio de denominación de “Ejecutivo Municipal” a “Alcalde”, sino que ha dado un peso político singular a dicha investidura, otorgándole potestades y competencias que lo van aproximando a la figura de conductor político de una subunidad del territorio nacional.

Con lo anterior se busca fortalecer y cargar de sentido concreto el esfuerzo descentralizador iniciado casi cuatro décadas atrás, con el advenimiento del primer instituto jurídico regulador del régimen municipal, pero que, supeditado a una cultura política dominante de carácter centralista, experimenta desde entonces, un transitar zigzagueante, con avances, retrocesos y amplios periodos de estancamiento.

De forma transversal a la dinámica reproducida por el proceso de descentralización promovido por unos y combatido por otros, emerge un concepto específico de descentralización, definido como “como un proceso político-administrativo, que busca revalorizar los poderes locales, a efecto de que asuman con eficiencia y eficacia, las competencias y recursos necesarios, a la vez que potencie el autogobierno”.

Lo anterior significa reconocer: “la existencia de un sujeto-sociedad o colectividad de base territorial- capaz de asumir la gestión de intereses colectivos y dotado a la vez, de personalidad sociocultural y político-administrativa, y por otra parte, aceptar la transferencia a este sujeto, de un conjunto de competencias y recursos (financieros, humanos y materiales) que ahora no tiene, y que podrá, a partir de esa acción política de traslado, gestionar autónomamente en el marco de la legalidad existente, dentro del contexto de un complejo sistema articulado de coordinación de funciones, mediante el que se aborde, la relación de tensión surgida entre los órganos centrales y locales de poder”.

En otras palabras, al hablar de descentralización como proceso político-administrativo, se hace referencia a: “una secuencia de actos distribuidos en el tiempo, encaminados a dotar de competencias decisorias, esto es, con poder de resolución y de recursos para ello, a unidades territoriales menores, a efecto de que, en el marco de una articulación real con los órganos de poder central, puedan diseñar, ejecutar y controlar, políticas y programas de interés público, con un cierto grado de autonomía” .

Ahora bien, enfocada la descentralización de esta forma, supone la existencia de un conjunto de elementos que dan forma y fondo al concepto.

Primero: el proceso descentralizador debe ir encaminado a profundizar el carácter democrático del sistema político, lo que implica el fortalecimiento de las entidades de poder político formal del ámbito local, y la búsqueda de mecanismos y espacios de interacción entre estos y el tejido social organizado existente, entre las que sobresale el movimiento comunal, permitiéndoles a estas últimas, su efectiva incorporación en la toma de decisiones políticas.

Segundo: la descentralización establece como principio motor, la subsidiariedad, lo que conlleva que la gestión de recursos y programas, se efectuará en cada nivel de decisión, en función de su capacidad de incidencia efectiva y el nivel de satisfacción obtenible; de forma que una unidad política superior, en el escalafón institucional, no asuma acciones y responsabilidades perfectamente manejables por las unidades que están por debajo de ella.

Partiendo de los elementos antes mencionados, se puede concluir que la democratización conlleva a la descentralización y a la promoción de la iniciativa social local, en el marco de una articulación plena y consensuada con el resto de las instancias de poder político y público, existentes.

Aún ese ideal está en proceso de construcción, cuyo grado de avance y profundización, difiere en la percepción social, en función del actor o sitio desde el cual se observe.

Empero más allá del debate académico, los hechos fácticos evidencian una agenda en materia de descentralización con muchos pendientes.

A manera de ejemplo: aún no termina de hacerse efectivo lo dispuesto en el artículo 170 constitucional, tras la reforma adoptada en 2001, que dejó la redacción del artículo así:

“Artículo 170.-
Las corporaciones municipales son autónomas. En el Presupuesto Ordinario de la República, se les asignará a todas las municipalidades del país una suma que no será inferior a un diez por ciento (10%) de los ingresos ordinarios calculados para el año económico correspondiente.
La ley determinará las competencias que se trasladarán del Poder Ejecutivo a las corporaciones municipales y la distribución de los recursos indicados.
Reformado el artículo 170 por Ley N.° 8106 de 3 de junio de 2001, publicada en La Gaceta N.° 132 de 10 de julio de 2001” (Tribunal Supremo de Elecciones, 2019)

En la práctica, tras 18 años de haberse establecido ese imperativo constitucional, hoy los Gobiernos Locales participan de manera marginal en el gasto público total del Estado Costarricense, con aproximadamente un 2%, muy distante de ese ideal mínimo del diez por ciento consignado en la norma constitucional.

Es relevante aprovechar el escenario de la contienda electoral municipal donde los asuntos municipales devienen en foco de atención mediático, para posicionar en el imaginario social de la Nación, tópicos como el antes indicado.
 
*Politólogo



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