Sábado 17 de Agosto, 2019

Hacinamiento obliga a cierre de cárcel nueva

Se le invirtieron ¢11 mil millones del BID
Sharon Cascante Lizano01 de agosto, 2019 | 03:43 PM

En el centro penitenciario La Reforma en Alajuela se ubica la Unidad de Atención Integral (UAI) Reynaldo Villalobos, la cual se estrenó en marzo de 2017 como un proyecto que buscaba desarrollar habilidades que favorecieran las oportunidades de integración social de los reclusos, la cual sería cerrada.

La inversión asciende los ¢11 mil millones costeados con un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Su capacidad máxima es de 704 presos, pero actualmente se ubican 829, es decir, presenta una sobrepoblación de 125 reclusos, para quienes instalaron camarotes adicionales en los recintos.

Así se desprende de la resolución 3917-2019 del juez de Ejecución de la Pena de Alajuela, Juan Carlos Alvarado Miranda, emitida el 29 de julio anterior y de la que DIARIO EXTRA tiene copia.

En el documento se incluye la solicitud de Monique Charpentier, jueza de Ejecución de la Pena, quien señala que hay sobrepoblación y hacinamiento crítico, así como incumplimiento de los planes de atención profesional y preferencias sobre los residentes.

“Solicita la Defensa Pública: medida Correctiva, inspección In sito en la unidad de atención integral Reinaldo Villalobos y un cierre técnico inmediato”, cita.

Otro detalle que señala la resolución es que los profesionales no dan abasto para la atención de habilidades para la vida que deben dar a los reclusos.

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“Adicionalmente a esa problemática de sobrepoblación se tiene noticia de negativa por parte de las áreas técnicas de los procesos grupales de violencia sexual e intrafamiliar, drogodependencia y de habilidades para la vida para la atención individual, que resulta deficiente”, señala el texto.

El documento indica que en junio de 2019 constataron con una visita que se incluyeron dos camarotes en cada residencia.

Añaden que consultaron al director del centro Carlos Brenes Quesada sobre la razón, este indicó que era una disposición de la ministra de Justicia y Paz, Marcia González, ante el cambio de modalidad y de capacidad.

Ante esto, el juez Alvarado determinó ordenar “de forma transitoria el cierre técnico de dicha unidad a partir de la notificación de esta resolución”.

La medida de cierre de la unidad se mantendrá hasta la fecha de la audiencia oral con la que se resolvería su eventual cese o continuidad.

“Se ordena el no ingreso de más residentes y un término de tres meses para que se limite la capacidad real autorizada por reglamento. Se ordena al director de la U.A.I (R.V.) de forma inmediata desalojar los camarotes de más que han sido incluidos en las residencias”, añade la resolución.

Además, piden cuentas sobre el funcionario que, aparentemente, entrega los sobrantes de comida a una chancera de un familiar, para identificar desde cuándo lo hace y quién emitió dicha autorización, así como suspenderla.

El Periódico de más Venta en Costa Rica solicitó una reacción de la ministra de Justicia y Paz, Marcia González, y del director de la unidad, Carlos Brenes Quesada, pero se indicó que estaban en reuniones y no podrían atender.



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