Martes 11 de Agosto, 2020

País con sobreinstalación de potencia eléctrica

Revela informe de la Contraloría
Krissia Morris05 de agosto, 2019 | 04:03 AM

De acuerdo con un Informe de auditoría operativa coordinada sobre energías renovables del sector eléctrico, efectuado por la Contraloría General de la República, el Sistema Eléctrico Nacional (SEN) administrado por el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) identificó que el país cuenta con una sobreinstalación de potencia, entendida esta como una alta disponibilidad de recursos, principalmente hídricos, en invierno.

Durante esa época funcionan las plantas de generación de las empresas privadas que operan bajo la Ley No.7.200, las cooperativas de electrificación rural y las empresas de servicios públicos municipales, por lo que tienen un alto factor de planta por ser una generación forzada. Por esta situación se originan vertimientos de agua en plantas del ICE, aspecto que ha ido en aumento desde 2015. Lea: Contralora comparece por campañas del PAC “Durante el periodo 2014-2018 el crecimiento promedio de la demanda máxima de potencia fue del 1,5% y el de la demanda de energía anual del 1,8%, mientras que el crecimiento de la capacidad instalada en ese mismo periodo fue del 5,8%. Así, el SEN tiene una capacidad instalada de 3.617 MW y una demanda histórica de 1.716 MW”, se detalla en el informe del ente contralor.

INVERSIONES ELEVADAS

Entre los planes o desarrollos más grandes promovidos por el ICE se encuentran el Proyecto Hidroeléctrico Reventazón, cuya generación es de 305,5 megavatios (MW), lo que se tradujo en un costo de $1.406 millones, y el Proyecto Hidroeléctrico El Diquís, que se suspendió el año pasado de manera temporal y representaría una inversión de $3.694 millones.

La decisión sobre este último se debe a que la capacidad instalada actual del SEN, en conjunto con otros proyectos de generación, entrará en operación en el corto plazo.

“Este tipo de megaproyectos hidroeléctricos, al tener embalses de almacenamiento y una alta potencia instalada, permite asegurar la suficiente capacidad de generación firme para compensar la variabilidad de los otros recursos renovables en el largo plazo; aunque se debe considerar que tienen costos de inversión elevados e impactos sociales y ambientales considerables, a diferencia de otras estrategias de optimización que podrían desplazarlos”, se lee en el informe.

Además del modelo eléctrico se debería incluir el tarifario, pues diferentes aspectos pueden ocasionar una disminución en los ingresos por la venta de energía de las empresas distribuidoras y esta variable, junto a la falta de tarifas que se asignen de manera óptima a los costos fijos y uso de las redes para la generación distribuida, afectará de manera negativa la sostenibilidad económica y la justa distribución de los costos entre los abonados.

“En consecuencia, una disminución en las ventas de energía, sin tomar previsiones que los costos de operación y mantenimiento de los activos de las redes de distribución y los asociados al repago de inversiones de las empresas distribuidoras recaigan sobre los clientes sin capacidad económica para instalar su propio sistema de generación y que quienes tengan mayor capacidad de autoabastecimiento den un menor aporte tarifario.

De esta manera se desvirtuaría el enfoque social solidario que debe existir en la prestación del servicio público de electricidad, el cual es ampliamente tutelado por el ordenamiento jurídico costarricense”, concluye el documento.



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