Domingo 15 de Setiembre, 2019

Recorte en Poder Judicial empodera la corrupción

Afirma la presidenta en ejercicio de ese poder de la República
Alfonso Hernandez22 de agosto, 2019 | 04:52 PM

El Poder Judicial encaró este miércoles a la ministra de Hacienda, Rocío Aguilar, tras la negativa de girar ¢2.543 millones que iban a ser destinados a la lucha contra la corrupción.

Dicho monto se había solicitado por parte de los magistrados al presidente Carlos Alvarado, ya que en cumplimiento con lo dispuesto con la regla fiscal dicha partida quedaba fuera del presupuesto ordinario para 2020.

Este martes, Hacienda comunicó por medio de un boletín a la prensa que la decisión correspondía a que la Corte Suprema de Justicia no estaba aplicando las disposiciones sobre remuneraciones que estableció la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas.

La posición de Hacienda se produjo a pesar de que la propia ministra había indicado por medio de un oficio enviado a los magistrados en octubre del 2018 que la reforma fiscal, que en ese entonces se estaba construyendo, no iba a tener injerencia en los salarios judiciales.

Dicho oficio fue crucial en el voto de la Sala Constitucional que dio luz verde a los congresistas para que votasen el plan fiscal sin la necesidad de una mayoría calificada.

DIARIO EXTRA entrevistó a la presidenta en ejercicio de la Corte Suprema de Justicia, Patricia Solano, sobre el tema.

En resumen, Solano, quien funge como magistrada de Casación Penal, lamentó la posición del Ejecutivo y aseguró que al final quien pierde es el Estado, haciendo a un lado los esfuerzos por el combate contra la corrupción, lucha que se ha convertido en una preocupación institucional.

A continuación, sus observaciones.


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¿Qué lectura hacen sobre la decisión del Ministerio de Hacienda de no girarles la partida?

-Realmente tanto a mí en forma personal y en estos momentos como presidenta en ejercicio de la Corte Suprema de Justicia, como a las compañeras y a los compañeros magistrados, lo que esa noticia nos ha dado es una gran preocupación. Ese tema (la partida para la lucha contra la corrupción) ha sido prioritario, no solo para la Corte Suprema de Justicia y el Poder Judicial, sino porque lo estimamos como un tema país. Resulta ser que, en el informe de transparencia internacional del 2018, en la evaluación de cuál es el combate contra la corrupción por parte de los países, por primera vez nosotros (Costa Rica) bajamos diez puntos y pasamos del lugar 38 al 48 de 100 países evaluados, lo cual dio una gran alerta. Por eso ese tema se venía trabajando desde la Comisión de Transparencia, que yo coordino desde marzo anterior. 

¿Con qué tiene que ver?

-Ese tema tiene que ver con los reforzamientos que se le da al Ministerio Público y al Organismo de Investigación Judicial para que haga los bloqueos necesarios a la penetración de la criminalidad organizada en la institución, ya que el Poder Judicial es un blanco para todo este tipo de criminalidad, la cual viene en aumento. Entonces para nosotros esto se convirtió en una prioridad institucional y por eso se conversó con el Ejecutivo, dado a que esta partida no va en el presupuesto ordinario, porque nosotros hemos respetado en todo momento la regla fiscal en acatamiento de las disposiciones de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas.

¿Creen que la ministra de Hacienda rompió el hilo por el lado más delgado al negarle los recursos para la lucha contra la corrupción?

-Realmente no quisiera calificar esa actuación. Lo que tenemos es una preocupación porque el año pasado el Poder Judicial hizo un gran esfuerzo ante la debilidad de las finanzas públicas. El presupuesto del 2019 se bajó cerca de ¢6 mil millones. Para conseguirlo hicimos toda una reingeniería de todos los servicios que brindamos y de los tribunales que tenemos con el fin de optimizar todos los recursos. Ahora cuando nosotros formulamos el presupuesto del año 2020 con relación al del 2019 decrecimos un 0,6 % que corresponde aproximadamente en ¢2.400 millones, todo en respeto a la regla fiscal. Es por eso que nosotros no podíamos poner en el presupuesto ordinario esta necesidad institucional para poder dar una respuesta adecuada en este tipo de persecución (la lucha contra la corrupción) porque nos lo impide la regla fiscal. Por eso es que nosotros fuimos a conversar con el señor presidente para exponerle la situación y que necesitamos que nos den esos recursos adicionales para poder dar una respuesta, no del Poder Judicial, sino del país porque este combate contra la corrupción no es solo del Poder Judicial, en esto tienen que converger todos los poderes de la República.

¿Queda mal Costa Rica con países como Estados Unidos que nos estaban apoyando?

-En cooperación internacional y en lo que tiene que ver con transparencia, solo la Embajada de Estados Unidos nos aprobó aproximadamente una ayuda en capacitación para todo el personal judicial de aproximadamente ¢46 millones, y ese tipo de ayuda son bimodales, es decir nosotros damos una parte y en este caso la Embajada de Estados Unidos nos da otro tipo de ayuda. Lo mismo pasa con todas las ayudas que le ha dado Estados Unidos al Ministerio de Seguridad Pública, en este caso para el combate al crimen organizado y de corrupción. 

¿Qué comunicación han tenido con la jerarca de Hacienda?

-La comunicación ha sido poca. Básicamente ha sido la comunicación muy informal de que no nos iban a dar esos recursos adicionales que yo había estado, como coordinadora de la Comisión de Transparencia, haciendo las acciones institucionales para buscar que nos dieran. Por eso es que no solo me toma por sorpresa, sino porque yo tenía la esperanza que nos lo iban a dar, entiendo la necesidad país.

¿Reiteran que sí están cumpliendo con la disposición de la reforma fiscal?

-Desde el Poder Judicial, desde que se formula este presupuesto nosotros nos ajustamos a la regla fiscal y dentro del presupuesto del año 2019 en respeto a esa legalidad el monto que se aprobó de aumento de salario está ajustado a las disposiciones que tenemos: uno, a la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas; dos, al voto de la Sala Constitucional, donde se toma en cuenta el oficio que nos remitió la señora ministra y que tiene que ver con las potestades que tiene este poder de la República para formular lo de los salarios; y el tercer elemento que nosotros tomamos en consideración fue precisamente el decreto que se promulgó por parte del Ejecutivo para hacer el aumento. Incluso, la Corte hizo el aumento del primer semestre del 2019 hasta el mes de agosto y nosotros en todo momento nos hemos apegado al monto límite que nos indicó la ley que podíamos cumplir según el plan fiscal. 

¿Ustedes pueden hacer variaciones?

-Hay un tema importante aquí. Nosotros no podemos variar, porque además es un principio constitucional, los derechos adquiridos de los funcionarios que ya los tienen. Nos apegamos a la regla fiscal y en los términos pactados nosotros respetamos las disposiciones. No nos estamos saliendo de lo convenido. Aplicamos la normativa aplicable, vea que hago referencia al transitorio 25 de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, donde habla expresamente que los derechos adquiridos de los funcionarios no se pueden irrespetar. Sobre eso hay derechos constitucionales y laborales. Es conocido que los derechos adquiridos, nosotros no podemos simplemente quitarlos porque no se puede, hay que respetar la normativa vigente y así se contempló no solo en la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, sino en el voto de la Sala Constitucional cuando se hace la consulta y expresamente así se da la respuesta: están los derechos subjetivos de los trabajadores existentes y por supuesto que los empleados nuevos tienen condiciones diferentes.

¿Van a conversar el tema con Presidencia? ¿Qué va a pasar ahora?

-Necesariamente tendrá que haber conversaciones en este tema. Si usted me pregunta qué desea como jerarca institucional es que desde el Ejecutivo atendieran los razonamientos que estamos dando y entonces ellos revirtieran la decisión porque esto es un tema país, nosotros no estamos discutiendo salarios del Poder Judicial, lo que estamos discutiendo es la preocupación que hay para la lucha contra la corrupción, porque esa es la partida que nosotros estamos solicitando de forma adicional.

¿Pero buscarán un acercamiento?

-Obviamente. El Poder Judicial está interesado y lo haremos a través de los cánones oficiales. Trataremos de buscar un acercamiento con el Ejecutivo como se estila entre poderes de la República. De parte del Poder Judicial hay un interés enorme que esta partida se nos pueda conceder, porque la corrupción a quien ataca es la gente más débil y es por eso es que nosotros tenemos una obligación como Poder Judicial de defender los derechos en ese sentido y así eso estamos direccionando nuestros esfuerzos.

¿Pueden emprender alguna acción legal para que el Ejecutivo les gire esa partida?

-No, esas son precisamente las potestades que tiene el Poder Ejecutivo. Nosotros formulamos el presupuesto del Poder Judicial y se lo presentamos al Ministerio de Hacienda y eso entra dentro de las facultades de ellos, una vez que Hacienda lo aprueba lo remite a la Asamblea Legislativa, por eso es que con anterioridad de que nosotros aprobáramos el presupuesto institucional, yo como coordinadora de la Comisión de Transparencia había buscado ese acercamiento con el señor Presidente de la República para exponerle la importancia país que tenía este presupuesto adicional, para que cuando llegara el presupuesto ordinario al Ministerio de Hacienda ya él tuviera conocimiento y pudieran darle la evaluación necesaria a esa petición que nosotros estamos haciendo. Por supuesto, que nosotros estamos analizando los canales de acercamiento y comunicación transparente, que como poder de la República nos ha caracterizado.

¿Con esta decisión de no ceder esta partida se podría decir que quien pierde es el Estado y quien gana es la corrupción?

-Así es. Al final, el que pierde es el Estado y quien gana es la corrupción. En ese sentido va porque no se trata de un tema de salarios. Se trata de un tema totalmente diferente. Nosotros en lo referente a las decisiones que se han tomado desde Corte Plena (sobre salarios) tampoco son sorpresivas porque desde el mes de marzo la Corte Plena aprobó un dictamen de la Dirección Jurídica, donde habíamos hecho un análisis de cuáles iban a ser las reglas desde que vino la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, de cuáles son las normativas que nosotros teníamos que aplicar en todos estos temas de manera que no es de un momento a otro que se toma la decisión, sino que se vienen analizando por toda la Dirección Jurídica y por todos los operadores técnicos de la institución para dar una respuesta y por supuesto que nosotros como jerarcas estamos obligados a respetar la ley y en ese sentido veníamos encaminados.

¿Les crea incertidumbre ese cambio de dirección del Ministerio de Hacienda?

-En realidad lo que nos causa es una gran preocupación, ya que no tenemos con los recursos ordinarios opción de combatir este tema (de lucha contra la corrupción).


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