Martes 24 de Setiembre, 2019

Condena al abandono

02 de setiembre, 2019

Delia E. Villalobos Alvarez M.S.c.

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No me canso de escribir y reclamar por los derechos de las personas adultas mayores, un asunto del que no deberíamos ocuparnos en un país de oportunidades, educación, propuestas y reclamos. Pero la realidad obliga a insistir ante el panorama que delatan instituciones, servicios y por supuesto medios de comunicación.

No solo es el daño que se causa a la salud física, emocional y mental, es el aumento de personas adultas mayores en un país que lejos de cambiar actitudes de edadismo, discriminación por edad, acrecienta en egoísmo, menosprecio y concepciones desactualizadas hacia el envejecimiento y las personas adultas mayores.

Lo triste es que estas actitudes serán aplicadas a quienes las practican y hoy conflictúan la calidad de vida de los que nos superan en conocimientos y sabiduría.

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La situación es complicada, la Organización Mundial de la Salud (OMS) advierte que el número de personas adultas mayores pasará de 605 a 2 mil millones en el 2050. En Costa Rica pasará de 400 a 900 mil personas adultas mayores, según el Estado de la Nación y el INEC.

Este crecimiento plantea retos determinantes que urgen reflexión porque no guardan relación con las necesidades y servicios que se ofrecen a las personas que superan los 60 años.

No solo se trata de ofrecer atención en servicios básicos y salud, vivir más implica más especialización y contextos actualizados que permitan a las personas mayores continuar su crecimiento y realización.
Se trata de personas que conforman una generación diferente, con mayor expectativa de vida, con planes, metas e intereses propios, con competencias diferentes, envejeciendo de manera particular, cercanas a la tecnología, la participación social, con nuevas opciones de aprendizajes, dispuestas a vivir plenamente, cuidan la salud e impiden que se les arrebaten los derechos.

Pero en este maravilloso país muchas personas experimentan diversas manifestaciones de violencia, de extraños y de aquellos que crecieron y lograron construir lo que son y tienen por el amor incondicional de estos.

Los medios de comunicación no dejan de mostrar que la violencia y en especial el abandono, muestra semblantes de dolor, incertidumbre, angustia, depresión y tanto que no alcanzo a describir.

Las épocas de celebración familiar: Navidad, Semana Santa y vacaciones, entre otros, son marcos perfectos para que con trampas y engaños cientos de personas adultas mayores sean olvidadas en centros y servicios de salud.

No hay familia, hogar, convivencia, abrazos ni besos, todo quedó en el atajo que, aunque se llenará de razones, me niego a entender.

Quesada reportó que en el Hospital de Geriatría y Gerontología evidenciaron que, en algunos meses del año, aumentaba el número de personas mayores que requerían hospitalización por descompensación “por falta o aumento de medicamentos”. Increíble, suena a película de extrema ficción, pero es una muy triste realidad.

La Comisión de Discapacidad y Adulto Mayor de la Asamblea Legislativa comunicó que tramitó afirmativamente la “Ley que Penaliza el Abandono de las Personas Adultas mayores”.

Esta integra el artículo 142 bis al Código Penal para sancionar el abandono contra las personas mayores desde diferentes aristas: “a quien teniendo la obligación de cuidar abandone a una persona adulta mayor en estado de vulnerabilidad, colocándola en estado de desamparo, dejándola a su suerte, se le aplicará la pena de diez a cien días multa o de uno a seis meses de prisión”.

La pena aumenta “si se pone en peligro la vida, la salud física, mental o social de la persona adulta mayor con sanción de seis meses a tres años de prisión”.

Si del abandono se deriva “daño grave en el cuerpo o en la salud…, la pena será de tres a seis años de prisión y si a consecuencia del abandono ocurriese la muerte de la persona adulta mayor, será sancionado con una pena de prisión de seis a diez años”.

La diputada Catalina Montero aseveró “Nos preocupan las situaciones crecientes donde personas adultas mayores están siendo abandonadas en hospitales, parques y demás lugares por parte de vecinos y familiares.

Es por eso que hemos unido esfuerzos todas las diputadas de la Comisión de Discapacidad para construir un texto viable que proponga una solución penal que hoy no existe ante esta lamentable situación”.

Apoyamos tan determinante y valiente decisión que concreta la citada Comisión y la diputada Catalina Montero Gómez mujer de probada sensibilidad desde su trayectoria profesional y personal.

Las personas adultas mayores están cansadas de que lejos de integrar una sociedad para todas las edades, tropiecen con frentes cargados de violencia, cuando más seguridad y apoyo requieren de quienes simplemente los olvidan.

*Catedrática jubilada UNA


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