Jueves 19 de Setiembre, 2019

Los nudos del tejido social

09 de setiembre, 2019

Manuel Miranda

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El tejido social tiene nudos que afectan negativamente el progreso y el desarrollo del país. Esto es una realidad y justamente es lo que nos indica el señor presidente de la República, don Carlos Alvarado Quesada, en su artículo intitulado “Desatar los nudos de nuestro bienestar” mediante el cual nos explica el rumbo que ha tomado para resolver los problemas de fondo del país y para liberar el potencial de desarrollo y bienestar.

Entre los principales problemas descritos por el Mandatario están el rezago y la exclusión en educación, el poco dinamismo en el mercado laboral, el endeudamiento ciudadano, la poca competitividad en algunos mercados y la burocracia que atrasa la agenda de inversión pública. Pero hay un tema más, que no mencionó el Presidente, y que sin duda es fundamental, se trata de la corrupción. Este es un serio problema, de hecho, es el peor de los males que pueda tener una nación, porque la empobrece material y espiritualmente. Al lado de todas las realizaciones positivas que hacen los gobiernos, los de ayer, el presente y los del futuro, la lucha incansable contra la corrupción también es una tarea prioritaria en la agenda política. Nada ganamos con avances en otros campos, si la corrupción nos sigue golpeado en lo más profundo de nuestra esencia.

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El tema de fondo que nos comparte el señor Presidente de la República nos debe motivar a todos a meditar y a reflexionar como miembros de una sociedad. Nadie que se aprecie como buen ciudadano, en el mejor sentido de la filosofía platónica, podría mantenerse al margen sobre el destino del país. Todos somos responsables de ello. La tarea de sacar adelante a un país no es exclusiva del Gobierno, es labor ciudadana también. Eso sí, bajo un sistema político democrático el Estado debe garantizar esta participación, teniendo muchísimo cuidado sobre la conceptualización de la movilización social, porque no es propio verla siempre como una amenaza institucional cuando de reivindicaciones sociales, políticas, económicas y laborales se trata. En una sociedad democrática no solo la voz del gobierno cuenta, puesto que la autoridad de todo gobierno democrático deviene del pueblo. Con todo, la pregunta que personalmente me hago al respecto, es cómo le hacemos para que, aun cuando haya resistencia a los cambios -y a determinadas decisiones políticas-, el país pueda avanzar en su desarrollo político, económico y social sin que se vea amenazada la estabilidad nacional, considerando que no todos los ciudadanos tienen por obligación que estar de acuerdo con el pensamiento y las acciones gubernamentales.

No es posible una sola respuesta a mi interrogante. No obstante, y de cara al bicentenario de la independencia nacional, estimo importante que todos los sectores del país sean convocados por el Gobierno a un simposio nacional para reflexionar, debatir y acordar posiciones sobre el futuro de nuestra nación. ¿Necesita la educación nacional una reforma profunda? ¿Responde la educación actual a las necesidades del país en términos de empleo y productividad? ¿Nos urge un nuevo régimen político más ágil y dinámico? ¿Cuáles son las verdaderas reformas que requiere nuestro régimen de seguridad social? ¿Cuál es el modelo de desarrollo que el país necesita? ¿Cómo afrontaremos los serios problemas de la concentración de la riqueza y del empobrecimiento? Estas y muchas otras interrogantes tienen que ser debatidas por todos los sectores, no es un asunto solo de la parte política.

Habrá que escuchar todas las posiciones, de lo contrario no se estaría actuando en consecuencia con la democracia. En medio de tales circunstancias hay un factor decisivo y determinante respecto a la forma en que también podríamos desatar los nudos de nuestro bienestar, y es extendiendo la mano al diálogo, pues nadie, ni el gobierno, ni los partidos políticos, ni el sector privado y tampoco los sectores sociales, tienen la verdad absoluta o el monopolio de la verdad.

El problema mayor es cuando debemos enfrentar posiciones intransigentes. Nadie debería dejar de lado el principio aquel de que negociar es ceder. Lo ideal es encontrar el mayor consenso posible, pero entendiendo que no todo lo que se desea es posible. Lo que sí es posible y es la ruta indicada por el presidente Alvarado, es lograr el mayor bienestar general. El bien común prima sobre el bien particular. Es por ello que las luchas de los sectores sociales no deben sustentarse en acciones contrarias al ordenamiento jurídico; que el sector privado tiene una cuota enorme de responsabilidad social y que el gobierno no debería nunca romper con una herencia de lucha social que ha evidenciado a lo largo de nuestra historia su capacidad política para escuchar la voz del pueblo. Es cierto que este gobierno, como los anteriores, ha heredado problemas no resueltos, esta realidad se seguirá repitiendo, pero frente a estos problemas, todo gobierno justo tiene que ser heredero también de la más profunda sensibilidad política respecto de las necesidades de los más pobres y de los más humildes. Lograr una Costa Rica más grande en desarrollo y más pequeña en desigualdades sociales, es también trabajar por las personas y por amor al país.

Gobierno y sociedad civil están obligados al diálogo sincero, diáfano y transparente. El mejoramiento del país se construye entre todos y en el marco de la legalidad. Todo dentro de la Constitución, nada fuera de ella. La movilización social es un derecho, pero termina cuando se incurre en violación a los demás derechos que tenemos todos los costarricenses. Luchar por mejores condiciones no implica la afectación de servicios y muchos menos cuando la salud y la vida de las personas está de por medio. El sector privado es generador de riqueza y de empleo, pero debe recordar que cuando en una sociedad se olvidan completamente de la idea de distribuir justamente la riqueza se puede desestimular el esfuerzo productivo de los que ahí trabajan. El Gobierno está facultado para tomar las decisiones que considere oportunas, pero no puede olvidarse que el buen gobierno depende tanto de la legalidad como de la legitimidad social. Por ello, ninguna acción política debería alterar el clima de armonía y de paz. Un gobierno no se instituye para dividir, sino para reconciliar, lo que significa, que el mayor reto que tiene un gobierno nacional es procurar en medio de las adversidades la legitimidad de todos los sectores sociales. En estas luchas y condiciones es justo y correcto unirnos también al Presidente de la República -como líder del país- para trabajar por el bien de Costa Rica.

*Politólogo


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