Miércoles 18 de Setiembre, 2019

Parlamentarias costarricenses y su oportunidad histórica

12 de setiembre, 2019

Sergio Araya Alvarado

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A lo largo de más de dos décadas, estudios de opinión e investigaciones académicas han observado la pérdida paulatina de solidez y adherencia social del sistema político costarricense, ha ido perdiendo fuerza, reflejado en la pérdida sostenida de su credibilidad y opinión favorable ante la ciudadanía.

Ciertamente aún la situación del apoyo difuso hacia el marco institucional democrático no arroja datos negativos de corte traumático, si se comparan con sus pares de otros países de la región ni del resto de América Latina; empero la persistente tendencia a perder respaldo entre los distintos sectores sociales, aunado a las tasas de abstencionismo electoral cada vez mayores, obligan a no bajar los brazos y a acometer todo esfuerzo en pro del fortalecimiento de dicho marco político-institucional.

En ese esfuerzo, es de especial atención lo que ocurre alrededor de una de las instituciones más importantes en el engranaje del sistema democrático, como lo es el Parlamento.

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En el caso que nos ocupa, la situación no ha sido la más feliz.

La crítica hacia el funcionamiento de esta institución se ha caracterizado por su dureza y pérdida de confianza en su eficacia e importancia para el desarrollo integral de la sociedad costarricense.

En consonancia con lo anterior, se ha ido posicionando en el imaginario colectivo la percepción de que la Asamblea Legislativa es poco productiva en términos de su aporte efectivo al desarrollo político e institucional del país y en contraposición, deviene en fiel exponente de la parálisis que enfrenta el sistema en su conjunto, así como del reducido norte de mira de muchos de los principales actores políticos del concierto nacional.

Más allá de entrar en un debate sobre la validez o no de tales críticas y criterios, lo relevante de visibilizar esta situación, recae en lo que, a partir de la presente coyuntura histórica puede hacerse, para detener y revertir esta tendencia al descreimiento y pérdida de adherencia social de dicha institución, aspecto medular en la tarea aún mayor de fortalecer el sistema democrático en su conjunto.

La presente Asamblea comporta elementos específicos que la convierten en el escenario político ideal para desarrollar un auténtico “relanzamiento” del llamado “Primer Poder de la República”.

Entre estos factores se encuentran indiscutiblemente la presencia de 26 mujeres como legisladoras, lo que convierte a este Parlamento en uno de los que cuenta, proporcionalmente, con mayor representación femenina en el mundo.

Pero podrían preguntarse algunos: ¿por qué esta situación contribuye en forma decidida al proceso de reconstrucción de la relación de confianza entre la ciudadanía y sus instituciones políticas?

Como lo ha señalado la Plataforma de Acción de la IV Conferencia Mundial de las Mujeres de Beijing en el año 1995: “la participación plena de las mujeres en el ejercicio del poder, así como la incorporación de sus puntos de vista a todos los niveles de la toma de decisiones, deviene en imprescindible para la consecución de los objetivos de igualdad, desarrollo y paz de las sociedades contemporáneas”.

Esto se complementa con la Declaración del Milenio, en setiembre de 2000, en la que por vez primera se afirma la “urgencia de promover la igualdad de género y el logro del empoderamiento de las mujeres, como las formas más efectivas para combatir la pobreza, el hambre, las enfermedades y para estimular el desarrollo verdaderamente sostenible”.

Esta visión de desarrollo se consigue a través de la llamada “búsqueda de la buena gobernabilidad” que, como fue señalado en la Cumbre de Copenhague sobre Desarrollo Social, del año 1995, se considera: “base indispensable para la concreción del desarrollo sostenible, centrado en los aspectos sociales y el ser humano”.

Concluía dicha Cumbre indicando que: “la buena gobernabilidad y el desarrollo humano sostenible se han vuelto indivisibles”.

Como lo señala el Instituto Internacional de Investigaciones y Capacitación de las Naciones Unidas para la Promoción de la Mujer, este eje central solo puede alcanzarse mediante la incorporación de la perspectiva de género en la gobernabilidad y los procesos de reforma política actualmente impulsados en los distintos países del orbe.

La presencia efectiva de la posición política y perspectivas de la mujer, en estos asuntos de gran relevancia para el fortalecimiento de las instituciones democráticas y el desarrollo integral de quienes viven bajo su alero, sirve de insumo al proceso de reconstrucción de la Democracia, el Estado, la Política, la Ciudadanía, así como sus principios y valores, produciendo como resultante concreto: marcos políticos, normativos e institucionales inclusivos, equitativos y solidarios, que conduzcan en forma efectiva a estadios de desarrollo cualitativamente superiores a sus sociedades.

La situación actual de Costa Rica demanda justamente la construcción y concreción de estos esquemas de buena gobernabilidad con sensibilidad de género, como requisito sine qua non para alcanzar un desarrollo sostenible efectivo de todas y todos sus habitantes.

La agenda actual comporta temas de gran relevancia e impacto, los cuales requieren del concurso de todas las fuerzas sociales, económicas, intelectuales y políticas, existentes, para que lleguen a buen puerto.

En ese proceso, el rol ejercido por señoras diputadas es esencial, imprimiendo su sello y perspectiva al manejo de dicha agenda.

Son las legisladoras encargadas, desde su propia visión de género, de la búsqueda de la gobernabilidad requerida para devolverle a la sociedad costarricense la confianza en su sistema democrático, a la vez que, le permita dar el salto definitivo hacia un estadio de desarrollo integral y plenamente inclusivo.

Como es señalado por Virginia Guzmán en el documento de trabajo de Cepal denominado “Gobernabilidad Democrática y Género: una articulación posible”, presentado en la Trigésima cuarta reunión de la Mesa Directiva de la Conferencia Regional sobre la Mujer en América Latina y el Caribe, en alusión al reto antes indicado: “es posible articular la gobernabilidad democrática y la equidad de género siempre y cuando las mujeres ganen fuerza y legitimidad en los espacios públicos e ingresen en los debates articulando sus intereses de género con los intereses más generales de la democracia y la gobernabilidad democrática”.

La oportunidad histórica que les ha correspondido vivir a estas 26 legisladoras es única y debe ser abordada con visión de mira y claro compromiso de sororidad con sus pares y de convicción con los principios y valores del sistema democrático del que forman parte activa.


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