Miércoles 20 de Noviembre, 2019

Brechas entre lo formal y lo real en el ámbito político-electoral

17 de octubre, 2019

Sergio Araya Alvarado

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En el marco del proceso electoral municipal en que está inmersa la sociedad costarricense, muchos tópicos coexisten e interactúan.

Algunos son evidentes y están en el foco de la atención mediática: identidad e imagen de candidaturas a las alcaldías en cantones estratégicos de la geografía nacional; demandas y expectativas de sectores sociales con mayor capacidad de incidencia para visibilizarlas; limitaciones al ejercicio de una efectiva equidad en la contienda por parte de la totalidad de partidos políticos competidores.

Otros son menos conocidos, pese al efecto concreto producido en el rumbo y desenlace del proceso: luchas intestinas de poder al interior de los partidos políticos; fuentes de financiamiento de campañas.  Existen además temas transversales atractivos para segmentos y actores específicos, especialmente colocados en la trinchera del análisis y la academia.

En esta última categoría se posiciona la contradicción entre lo formalmente estatuido y la praxis concreta, reflejado particularmente en dos ejes temáticos:  el agotamiento del sistema electoral vigente y la fragilidad del sistema de partidos políticos.

En torno al primero mencionado, basta con observar la disonancia entre el mecanismo contemplado en la norma electoral, mediante el cual se traducen en puestos los votos movilizados a favor de una papeleta y la campaña electoral empleada para captar dicho respaldo electoral.

El Código Electoral costarricense establece dos sistemas de elección en función de la naturaleza del cargo a elegir.

Los puestos unipersonales son electos mediante sistemas de votación que procuran reproducir un vínculo directo entre el sufragio emitido y el cargo en disputa.

En el caso de la Presidencia de la República, ello implica alcanzar al menos el umbral de un 40% del total de votos válidos emitidos, siendo que, si dos lo consiguieren, se adjudicará al que haya obtenido el porcentaje más elevado entre ambos.

Por su parte, las alcaldías e intendencias, también puestos de elección uninominal, son escogidos mediante el sistema de mayoría simple, consistente en adjudicar la plaza a aquel que alcanzare la mayor cantidad de sufragios válidos. En este caso, la expresión “un voto hace diferencia” adquiere un sentido literal y real.

La integración de órganos colegiados, como son la Asamblea Legislativa a escala nacional y los Concejos Municipales, Municipales de Distrito y de Distrito en el orden local respectivamente, responden a un sistema de elección basado en la representación proporcional. Esto es: su conformación procura incorporar a varias candidaturas provenientes de varias fuerzas políticas, en función de su peso electoral, aplicando para ello una fórmula aritmética definida y conocida como “Hare Modificada”.

Mediante esta, se distribuye la cantidad total de votos recibidos para cada uno de estos órganos de elección popular entre el número de cargos en disputa, proveyendo una cifra numérica dada, conocida como “cociente”.  Con ese dato referencial y partiendo del que haya alcanzado la mayor cantidad de votos, se van distribuyendo los puestos entre los partidos que como mínimo alcanzaron una votación equivalente a ese número.

La asignación se efectúa en función de la cantidad de veces que ese cociente se refleja en la votación total del respectivo partido. Si agotados los cocientes, aún quedan plazas por designar, se seleccionan de mayor a menor, entre todos los partidos que, sin haber conseguido la barrera del cociente, sí obtuvieron una votación correspondiente a su mitad.

Nótese, de la descripción planteada, la relevancia adquirida por la figura del partido político en la conformación de los órganos de poder colegiados, siendo los espacios naturales donde se plasma de manera efectiva la representación política inherente a su naturaleza.

En concordancia con lo anterior, las papeletas para estos cargos han eliminado los nombres propios de las candidaturas y han consignado de manera exclusiva la bandera de los partidos políticos contendores.

Por el contrario, en papeletas a cargos de elección unipersonal, suele plasmarse la cara de quien aspira a él. Empero aún en estos casos, al presentarse dentro una fórmula complementada con dos aspirantes a ser su reemplazo temporal o permanente, denominados con el prefijo “Vice”, sigue poseyendo la agrupación política que la impulsa un valor propio.

En otras palabras, si por alguna circunstancia, quien resulte electo Presidente, Alcalde o Intendente deja de serlo, no debe automáticamente convocarse a otro proceso eleccionario, toda vez que existen alternativas vigentes para sustituirle, portadoras de la misma legitimidad de la persona reemplazada.

En definitiva, el sistema electoral existente, indistintamente del cargo a elegir, privilegia la figura del partido político por encima de las candidaturas individuales, siendo más evidente en el caso de los puestos propios de órganos pluripartidistas conformados bajo el esquema de representación proporcional.

Empero, en la práctica, tal y como lo vienen reflejando distintos estudios y encuestas, se percibe en la ciudadanía una mayor sensibilidad a orientar su decisión de voto en función de las personas y menos de las agrupaciones que les impulsan.

Conscientes de esta tendencia, las campañas electorales privilegian figuras alrededor de las cuales construyen un concepto mediático central, proyectado en mensajes, imágenes y narrativas a través de las cuales buscan una exitosa movilización electoral.

La llamada “personalización de la política” se torna más evidente en las campañas delineadas para alcanzar los puestos unipersonales, como la titularidad del Poder Ejecutivo o la Alcaldía municipal. Empero no es extraña aún para los puestos de los órganos de poder colegiados, siendo en estos escenarios más palpable la disonancia entre lo formalmente estatuido y lo que ocurre en la práctica.

Justificaciones de tal viraje también se encuentran en la reivindicación de una mayor vinculación entre electores y elegidos, especialmente surgidos al amparo de la relevancia adquirida por elementos consustanciales al ejercicio del poder político público en la actualidad como son: la transparencia, rendición de cuentas, Estado abierto y el empoderamiento ciudadano en el ámbito político.

Se torna entonces como componente común de esas campañas la existencia de pancartas físicas y virtuales enfocadas en resaltar personas específicas, en las que los partidos que las promueven, son aludidos de forma marginal, generalmente limitados a la colocación de sus banderas en un plano secundario.

Parece entonces que el sistema electoral vigente, fundamentado en la preeminencia de los partidos políticos, podría requerir un ajuste que lo alinee a la dinámica real observada, donde prevalezca una relación directa entre electores y mandatos. El voto preferente, la lista abierta o la variación de las circunscripciones para hacerlas uni o binominales, podrían formar parte del inventario de posibilidades de cambio tendientes a equiparar lo formal con lo real.

Mas, la disonancia entre lo formal y lo observado en la praxis concreta reproducida en el marco de procesos electorales también permite identificar las falencias y vulnerabilidades de un sistema de partidos políticos vigente. Respaldado por el carácter monopólico en el ejercicio de la representación política que le consigna la ley, el sistema de partidos políticos empero muestra serias debilidades que no solo ubica a los partidos como las instituciones políticas de menor adherencia y credibilidad ciudadana, sino que además los torna en prescindibles para quienes, a través suyo, han accedido a cargos de elección popular e incluso, para quienes aún compiten por ellos.

Campañas electorales individualizadas, con ideas-fuerza, signos externos y mensajes propios y hasta opuestos a los mensajes promovidos desde la institucionalidad formal de la respectiva agrupación política, son expresiones concretas de la ausencia de coherencia y fidelidad presentes entre estructuras partidistas y candidaturas individuales.

Procesos electorales como el municipal actual, exhiben de manera cada vez más recurrente, el accionar de liderazgos concretos que, a pesar de operar apoyados en las plataformas ofrecidas por los partidos, promueven la movilización electoral únicamente para sus fines más directos e inmediatos y, en el peor de los escenarios, configuran en su área de jurisdicción, alianzas ad hoc con opositores, desconociendo lineamientos y directrices en contrario, provenientes de las autoridades formales de su agrupación y sin temor a sufrir consecuencias negativas verdaderamente efectivas que desincentiven tales prácticas.

Los partidos políticos, en definitiva, carecen de mecanismos coercitivos para evitar este tipo de comportamiento, lo que trae aparejado su pérdida de cohesión y abre las puertas a su conversión en partidos-taxi o partidos-franquicia, con el transfuguismo consecuente observado en aquellos que ocupan los escaños asignados por la votación al respectivo partido político.

Aristas relevantes a considerar de cara a la búsqueda de opciones de reforma al marco jurídico-institucional inspiradas en el propósito de ir reduciendo brechas entre lo formal y lo real en el ámbito político-electoral.

*Politólogo



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Lissa (17/10/2019)

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