Lunes 03 de Agosto, 2020

Hacia una democracia más efectiva

24 de octubre, 2019

Sergio Araya Alvarado

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Señala el artículo 9 de la Constitución Política costarricense con claridad meridiana el papel activo de la ciudadanía en el proceso de conducción política del Estado costarricense. Reza el numeral citado en lo conducente que: “El Gobierno de la República es popular, representativo, participativo, alternativo y responsable. Lo ejercen el pueblo y tres Poderes distintos independientes entre sí. El Legislativo, el Ejecutivo y el Judicial…”. (TSE, 2019).

Adicionalmente, el artículo 11 señala que: “Los funcionarios públicos son simples depositarios de la autoridad. Están obligados a cumplir los deberes que la ley les impone y no pueden arrogarse facultades no concedidas en ella. Deben prestar juramento de observar y cumplir esta Constitución y las leyes. La acción para exigirles la responsabilidad penal por sus actos es pública. La Administración Pública en sentido amplio, estará sometida a un procedimiento de evaluación de resultados y rendición de cuentas, con la consecuente responsabilidad personal para los funcionarios en el cumplimiento de sus deberes. La ley señalará los medios para que este control de resultados y rendición de cuentas opere como un sistema que cubra todas las instituciones públicas” (TSE, 2019)

Lea: Un “sentido potencial”

En concordancia con los artículos citados, y a tenor de lo señalado por la Sala Constitucional en su resolución Nº 10693–2002, relacionado con el principio democrático consagrado en el primer artículo de la Carta Magna, al que conceptualiza y delimita, como el reconocimiento de la existencia del derecho de cada uno de los ciudadanos a participar en la construcción y mantenimiento de la sociedad en la que viven, los artículos 27 y 30 constitucionales, garantizan los derechos fundamentales de petición y acceso a la información pública para la población, mediante los cuales se tornen viables tales potestades.

Enmarcado en esa visión de ciudadanía activa, los Supremos Poderes costarricenses han venido trabajando en la implementación efectiva del marco constitucional que la soporta, a través de acciones desplegadas en forma individual y de manera conjunta.

A nivel conjunto, sobresalen acciones como las siguientes: mediante el Decreto Ejecutivo N° 38994-MP-PLAN-MICITT, del 29 de abril de 2015, publicado en La Gaceta N° 91 del 13 de mayo de 2015, se creó la Comisión Nacional por un Gobierno Abierto con el objetivo de coordinar y facilitar la implementación del Gobierno Abierto en la Administración Pública, acompañando la formulación y evaluación de los planes nacionales de acción que sobre la materia se determinen necesarios; el 21 de marzo de 2016, se dio la firma por parte de los titulares de los Poderes de la República, incluido el Tribunal Supremo de Elecciones, del Convenio Marco Para Promover Un Gobierno Abierto.

En el plano individual, entre otras se menciona lo actuado por el Poder Judicial, que aprobó en 2018 su Política de Justicia Abierta en la que está incluida la promoción de la transparencia, la participación ciudadana y la colaboración, como medios para contribuir a la mejora continua de los servicios, el acceso igualitario a la justicia para todas las personas sin distinción, y la creación de un vínculo permanente con la sociedad civil, potenciadores de efectivos y sostenibles procesos comunicación y de co-creación de políticas.

Por su parte, el Poder Legislativo desde 2015 empezó a trabajar en su propia iniciativa de parlamento abierto, la cual ha sido retomada en el año 2019. En 2015 el Directorio Legislativo, en conjunto con las organizaciones o colectivos Abriendo Datos Costa Rica, Accesa, Costa Rica Íntegra, Instituto de Prensa y Libertad de Expresión (Iplex) y Ojo al Voto, crearon el primer plan de acción para promover la adopción de los principios de Parlamento Abierto, del que salieron resultados tangibles para la efectiva concreción del concepto de Parlamento abierto tales como: procesos de sensibilización del funcionariado y el remozamiento del portal web de la institución.

Recientemente, en los meses de marzo y abril de 2019, el Directorio adoptó los acuerdos respectivos que llevaron a la aprobación de la Política de Parlamento Abierto, actualmente en desarrollo.
Complementando estas y otras acciones, en el ámbito internacional Costa Rica ha suscrito una serie de convenios mediante los cuales se compromete a garantizar los derechos ciudadanos a participar en la dirección de los asuntos públicos (Artículo 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 1969) y a eliminar las desigualdades favoreciendo que la población tuviera acceso a la información, una participación activa en la toma de decisiones y el acceso a la justicia, así como la implementación a todos los niveles instituciones eficaces y transparentes que rindan cuentas (Objetivos del Desarrollo Social, Principio 16, 2012).

Adicionalmente, en una decisión de profunda significancia y repercusión, el Estado costarricense adquirió el compromiso de cumplir con el control de convencionalidad vinculado con la firma de los citados convenios internacionales, estén o no ratificados.

La voluntad política por hacer efectivo desde la institucionalidad pública, el espíritu del marco jurídico potenciador del empoderamiento ciudadano, reflejada a manera de ejemplo, en los acuerdos y decisiones antes enumerados; empero requiere de otros elementos para cristalizarlo a plenitud.

Demanda una ciudadanía consciente, crítica, responsable y convencida de darle vitalidad a sus derechos y de activar los mecanismos aportados desde el sistema político. Ello supone reversar una tendencia a la aversión hacia lo político que hoy parece encontrar visos de oportunidad en la cada vez más beligerante participación de la denominada sociedad civil organizada, reivindicadora de espacios permanentes de diálogo e interacción con los poderes públicos.

Aún empero, sigue como desafío pendiente la mejora en la participación electoral, especialmente en la dimensión local, donde 7 de cada 10 potenciales votantes, no acuden a las urnas.

Mas la voluntad señalada requiere de un pilar esencial sin el cual se torna insostenible y disfuncional. A saber: el rol proactivo del funcionariado permanente del aparato institucional del Estado.

En regímenes democráticos, donde la rotación continúa de los decisores políticos del más alto nivel es la práctica normal que la blinda y robustece, deviene en fundamental que los operadores permanentes de la institucionalidad sobre la que se sostiene estén sintonizados con los principios, valores y modelos de gestión que les configuran, siendo sus principales reproductores y legitimadores.

Ello supone, tal y como lo advertía el plan de acción de la Asamblea Legislativa de 2015, un proceso permanente de información, sensibilización y capacitación de quienes conforman la planilla permanente del Estado.

En ese marco, con el aporte de la cooperación internacional y de la academia, entidades rectoras de la administración del talento humano de la institucionalidad pública, poseen la responsabilidad primigenia de gestionar tal proceso.

Inspirado en el cumplimiento de ese propósito la Dirección General del Servicio Civil, con el apoyo del Instituto Centroamericano en Administración Pública (ICAP), el Centro de Investigación y Capacitación en Administración Pública (CICAP) y la Fundación Konrad Adenauer, coordinó con la Escuela de Gobierno de la Organización de Estados Americanos (OEA) el Curso intitulado: “El Futuro del Gobierno: Gobernanza, Innovación y Liderazgo Público en el siglo XXI”, dirigido a servidores públicos con responsabilidades directivas, a través del cual se potencia una plataforma de reflexión rigurosa y de co-construcción de las capacidades técnicas y habilidades gerenciales requeridas para, desde sus respectivas áreas de acción, articular las acciones encaminadas a materializar la voluntad política plasmada en convenios, políticas y acuerdos vigentes. Tal actividad se llevó a cabo los días 22 al 24 de octubre del año 2019.

La democracia se robustece con una clara, efectiva y dinámica interacción entre sus actores centrales.

*Politólogo



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