Martes 11 de Diciembre, 2018

Msc. Ruth Martínez Cascante: La empresa pública ante la apertura

09 de marzo, 2015

MSc. Ruth Martínez Cascante, Directora Escuela de Economía de la UNA

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A lo largo de la historia, el Estado costarricense se caracterizó por su papel paternalista, tanto a nivel social como económico, por ello fue denominado Estado Desarrollista, Interventor o Benefactor. Dicho papel caracterizó el desarrollo de nuestro país, permitió la universalización y fortalecimiento de los servicios básicos, a partir de empresas e instituciones estatales, en sectores como educación, salud, electricidad, telecomunicaciones, banca y agua potable.



Este avance mejoró las condiciones de vida y creó un patrón de comportamiento por parte del costarricense, donde asume que el asistencialismo estatal debe ser el garante de su bienestar, esa forma de desarrollo vino acompañada de una legislación y normativa acorde con dicha estructura.

 

Con el pasar de los años, las necesidades y requerimientos se modifican, lo que implicó adoptar nuevos modelos y formas de organización, pese a ello, la matriz energética, el sistema de salud y educación, entre otros, habían alcanzado un tamaño y madurez tal, que un cambio de accionar o reestructurar su quehacer, no era una respuesta que se pudiera obtener en el corto plazo.

 

La sociedad costarricense creció bajo la sombra de un Estado proteccionista, cuyo poder y abrigo ha venido disminuyendo. Pagar poco o nada por los servicios públicos, que deben ser universales y con objetivos sociales amparados a la ley, implica subsidios y otras formas de atención.



Entender esa lógica es comprender una de las razones que aumentan los costos para las empresas públicas. Evidentemente, la apertura de los mercados riñe con esos objetivos, la empresa privada no atiende demandas donde no hay negocio, es la empresa pública la responsable de suplirlo, sin importar el costo.

 

Como costarricenses, debemos velar por la optimización en el uso de los recursos, calidad, eficiencia y cobertura, pero la insistencia en comparar como iguales los servicios públicos y privados, no tiene sustento, la inflexibilidad de la norma y la cantidad de entes que piden explicaciones por cada paso que se intenta dar, retrasa e incluso inhibe la posibilidad de reaccionar en los tiempos de mercado, un mercado que no perdona errores ni una mala lectura.



Una triste realidad que golpea diariamente la empresa pública, ante la crítica destructiva y malintencionada de quienes abogan e insisten en invisibilizar la responsabilidad social que estas atienden.

 

Contrastar lo dicho con la corrupción, impunidad, falta de credibilidad y otras manifestaciones que encima carga el sector público las pone en una situación aún más vulnerable.



Con la anterior reflexión, se intenta llamar la atención sobre la imperativa necesidad de poner en la palestra, las consecuencias de la apertura para la empresa pública y mostrar a la ciudadanía, que si se quiere asistencialismo, universalización y cobertura, los requerimientos económicos básicos para enfrentar la competencia, no se cumplen.





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