Viernes 22 de Noviembre, 2019

Dos dimensiones de una campaña electoral

*Y el papel de la ciudadanía en la configuración de una de ellas.

31 de octubre, 2019

Sergio Araya Alvarado

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En el marco de una campaña electoral, se persigue facilitar una plataforma de interacción entre ciudadanía y candidaturas, mediante la cual se alineen demandas, necesidades, reales y sentidas, así como expectativas de la primera, con propuestas y ofertas generadas por los segundos.

Empero esa relación demanda-oferta debe contextualizarse, si busca una efectividad e impactos concretos inmediatos y de mediano aliento.

A su vez, la naturaleza y alcance de tales impactos, es la resultante de la combinación de fines e intereses, específicos y comunes, de quienes ostenten la doble condición de sus gestores y destinatarios.

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En lo más cercano, los oferentes expresados en candidaturas y partidos políticos compiten entre sí por movilizar la voluntad de la ciudadanía a favor de sus propuestas.

Es esa la esencia misma de la contienda inherente al proceso electoral sustentador del espacio formal de tiempo conocido como “campaña electoral”.

Durante ese lapso, el marco jurídico e institucional de carácter electoral, con las herramientas y mecanismos vigentes, recrea las condiciones materiales delineadoras de la dinámica de campaña respectiva articulada en torno a esa lógica medular.

En este ámbito son determinantes elementos de orden procesal formal, entre los que destacan:  el periodo temporal dispuesto; la validez jurídica de quienes están facultados a intervenir, así como la precisión de las áreas de acción permisibles y de los límites intraspasables y los tipos institucionales de interacción autorizados entre dichos actores.

Complementa lo anterior la identificación, definición y priorización de ejes igualmente relevantes en el marco de la dinámica de una campaña electoral, caracterizados por una menor rigidez y previsibilidad. Se trata de aspectos de orden político a través de los cuales se sustenta e intensifica la interacción demanda-oferta electoral.

Asumen protagonismo, en esta dimensión, la estrategia y comunicación política, así como los contenidos programáticos.

Empero si bien es en aquella cara de la dinámica donde la inmediatez de los fines e intereses de los oferentes en competencia por el favor ciudadano posee la más alta relevancia, no menos cierto es que, de la escogencia de prioridades efectuada, devienen consecuencias de largo brazo y de profundidad mayor.

Es en esta arista donde se entrelazan en un diálogo dialéctico permanente lo ideal o “el deber ser” con lo real o “lo que es”.

Por ejemplo, en una campaña de orden local, como los comicios municipales previstos en Costa Rica para el primer domingo de febrero de 2020, lo ideal dicta una campaña centrada en temas de orden local, propios de cada cantón o municipio. Amparado a esa premisa fundamental la construcción del mensaje, la selección de los intérpretes del mensaje e incluso los canales de comunicación empleados, girarían alrededor suyo.

El marco formal existente, en este caso caracterizado por la laxitud imperante en lo concerniente a la creación de partidos políticos, especialmente observado en el ámbito cantonal, contribuiría a reforzar ese ideal, permitiendo la presencia de agrupaciones políticas inscritas a ese nivel territorial, expresión en sí mismas de la preponderancia de lo local reflejado en su norte de mira y propuestas programáticas.

Empero, dado el carácter no coercitivo de la dimensión en la que sitúan los ejes de estrategia, comunicación y programa político, ese ideal puede coincidir plena, parcial o del todo no hacerlo, con lo observado en la dinámica real.

Las campañas promovidas por distintos partidos políticos, especialmente de escala supracantonal, tienden a posicionar temas transversales no necesariamente circunscritos al ámbito de jurisdicción territorial cantonal y que escapan a la órbita de jurisdicción de la entidad de gobierno, cuyas autoridades superiores surgirán de los comicios de 2020.

La brecha entre lo ideal y lo real incide a mediano plazo en la institucionalidad que la soporta. En este caso concreto, flaco favor le hace al régimen municipal costarricense que, a pesar de conmemorar en agosto de 2020, doscientos años de existencia ininterrumpida en el país, ha sido desde los albores de la República, minimizado y convertido en una suerte de apéndice marginal del marco estatal vigente.

A diferencia de la dimensión formal, donde el marco jurídico regula y determina límites infranqueables, en esta arista política, los filtros capaces de reducir la brecha entre lo formal y lo real, corresponden al otro componente de la ecuación: entiéndase si la oferta electoral la amplía, será deber de la demanda, reducirla.

Es entonces resorte de la ciudadanía obligar a orientar y enmarcar el mensaje y la estrategia de campaña de los contendores, hacia aquellos asuntos a ser asumidos desde el puesto de poder sometido a escrutinio electoral, poseyendo como recurso de poder para ello, su voto el día de las elecciones.

En tanto la ciudadanía avale con su apoyo electoral una campaña centrada en tópicos desvinculados directamente de la égida de injerencia directa y formal del órgano de poder a ser integrado, los partidos políticos y actores sociales ligados a estos, entre ellos los medios de comunicación colectiva y grupos de interés específicos, esta dimensión no sufrirá alteraciones sustanciales, en demérito de la institucionalidad pública local que justificó en su momento al legislador, separar la elección de sus autoridades políticas, de las de sus pares de la institucionalidad pública nacional.

La capacidad de concretar en definitiva cambios en esta dimensión de la dinámica de campaña tiene como sujeto principal a la ciudadanía y no a los partidos políticos y sus candidaturas.

*Politólogo



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