Viernes 22 de Noviembre, 2019

Reflexiones a partir de una moción legislativa

07 de noviembre, 2019

Sergio Araya Alvarado

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A propósito de la moción de orden No. 21476 presentada el pasado 31 de octubre, a conocimiento de la Comisión Especial Permanente de Control de Ingreso y Gasto Público de la Asamblea Legislativa, en donde se solicita una suerte de “careo” entre la actual Presidenta Ejecutiva del Patronato Nacional de la Infancia (PANI) y su antecesora inmediata, quien ejerció dicho cargo durante la Administración anterior, surgen reflexiones más allá del tema central motivador de tal acción legislativa.

Esta moción muestra, sin pretenderlo consciente y deliberadamente, la cruda realidad de la institucionalidad democrática costarricense actual, especialmente en su lógica de gestión.

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La necesidad de poner a debatir a dos titulares consecutivas de una misma institución pública, ambas designadas por presidentes provenientes de una misma agrupación política, refleja que en cada institución el liderazgo político de turno reproduce una dinámica de funcionamiento autónoma que trasciende partidos políticos y Administraciones de Gobierno.

Suele mostrarse una especie de margen de maniobra muy amplia ligada al ejercicio de ese liderazgo y de las prioridades que lo animan y promueven, alineada a las características propias de quien lo asume de manera concreta en un periodo de tiempo determinado. Puede coincidir, o no, con los lineamientos emanados de la ruta oficial de acción del Gobierno de turno del que forma parte como integrante de su estamento directivo y, aún más lejano, reproducir lo ofrecido al electorado en el Programa de Gobierno presentado en la campaña electoral respectiva.

Empero, a pesar de la existencia de esta disonancia evidente, durante el proceso electoral se tiende a hacer invisible y, en el más cínico de los escenarios, se tergiversa, vendiendo la idea a la ciudadanía de que cada voto entregado al partido político y a sus candidaturas responde a una visión político-programática armoniosa y coherente, reproducida por un colectivo articulado en torno a una identidad doctrinaria definida.

Lamentablemente, al llegar al ejercicio del poder conquistado mediante el respaldo electoral, quien lo asume imprime su propio sello y prioridades al ámbito de acción que le corresponde tutelar. Comenzando desde la cúspide de la pirámide de poder formal y atravesando sus distintos niveles de conducción política.

Y el panorama se torna más difuso si se considera que, de las casi 335 entidades estatales y públicas no estatales presentes en la jungla institucional costarricense contemporánea, tan solo se elige mediante sufragio universal, directo y secreto a los 57 legisladores del Parlamento; a 82 titulares de alcaldías municipales y sus segundos de a bordo; 8 intendentes y sus respectivos “vices”;  poco más de 500 integrantes de Concejos Municipales; sindicaturas; concejalías de distrito y municipales de distrito  a nivel local y tan solo UNO por el Poder Ejecutivo, junto a sus dos reemplazos.

El restante grupo de autoridades responsables de la conducción del aparataje público no pasan por el escrutinio ciudadano.

¿Será empero tal panorama, más saludable ante la tergiversación vista en la dinámica político-electoral antes señalada? Quizá.

Más allá de responder en una u otra dirección a la interrogante planteada, lo cierto es la existencia de tremendas fisuras y vulnerabilidades en el sistema.

Y para complejizar aún más la situación, coexiste con un entorno caracterizado por la pérdida paulatina de efectiva autoridad de quienes son electos mediante el voto popular, expresado en cambios legales que le limitan y difuminan.

Aunado a lo anterior la sociedad costarricense no escapa a la crisis de la clásica representación política, desbordada por el advenimiento de las llamadas “identidades culturales y sociales múltiples”.

El diseño institucional sustentado en la figura de la representación política referida, descansó en categorías sociales propias de una época histórica anterior que no engloban con esas nuevas identidades visibilizadas especialmente al amparo de la promoción de los Derechos Humanos y que hoy buscan poseer identidad y beligerancia política propia.

Su politización ha generado expectativas de incidencia autónoma de colectivos, otrora integrados en las categorías sustentadoras de la figura de la representación política, deviniendo en dilema complejo de aprehender y mucho menos, de asimilar por parte de un marco jurídico-institucional no apto de origen para ello.

Agravando lo señalado, las contradicciones estructurales aparejadas a las categorías usuales continúan vigentes y sin certeza de pronta superación.

En definitiva, se carece de mecanismos articuladores válidos y legitimados, capaces de canalizar institucionalmente un conflicto social más complejo por su dinámica heterogeneidad.

Esa incapacidad eleva la tensión en una coyuntura global, de la cual Costa Rica también hace parte, donde prevalece la hegemonía de la cultura de la inmediatez, el descarte y la intolerancia al fracaso o a la posposición de fines, sin distingo de su objetiva jerarquización.

Ahondando el sentimiento de preocupación e impotencia impregnado en las líneas redactadas, aún y pese a todo lo antes descrito, sigue siendo el sistema democrático representativo, lo más pertinente conocido por la humanidad en materia de organización política.

*Politólogo



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