Miércoles 05 de Agosto, 2020

Diputados superan presiones y avanza proyecto contra licores adulterados

Rechazan mociones negativas
Bharley Quirós14 de noviembre, 2019 | 09:37 AM

Pese a presiones de la industria y algunos medios de comunicación, los diputados de la Comisión de Asuntos Económicos acordaron mantener y obligar al Ministerio de Hacienda a contar con un mecanismo de trazabilidad para bebidas alcohólicas en el país, medida que permitirá un mayor control al producto adulterado y recoger más impuestos al gobierno.

La comisión conoció este miércoles las 53 mociones que se presentaron al expediente 20.968, de las cuales sólo se aprobó la número 19 que era la que tenía más consenso.

Las otras 52 las rechazó muchas porque desmejoraban el proyecto de ley.

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“Fue un avance positivo, se logró rechazar las mociones que pretendían vaciar de contenido el proyecto, y que pretendía matarlo y convertirlo en un chayote, fueron rechazadas por una votación unánime”, indicó el frenteamplista José María Villalta, quien no forma parte de la comisión pero quien estuvo presente.

Una de las mociones rechazadas fue la que presentó el liberacionista Carlos Ricardo Benavides, quien a criterio de Villalta y de la oficialista Paola Vega era un total sinsentido ya que dejaba como una “opción” la implementación del mecanismo de trazabilidad.

“Me genera mucha confusión la moción del diputado Benavides porque cuando estamos discutiendo una ley que lo que busca es poner controles, sanciones o regular un acto que está generando una externalidad negativa, no hablamos de un lenguaje legislativo optativo, sino que la ley se hace para poner parámetros estrictos de control”, señaló Vega.

“Esta propuesta de moción es extraña porque sería como aprobar la ley, pero que el Ministerio de Hacienda decida si decido cumplirla o no y para esa gracia no estaríamos aquí haciendo una reforma legal para obligar al ministerio de Hacienda”, agregó la diputada del PAC.

Benavides señaló que su moción lo que hacía era dar a Hacienda la potestad de adquirir el mecanismo que sea el más eficiente y que tenga la mejor relación precio- eficiencia.

“El país no gana nada obligando al Estado a contratar un sistema que le cuesta a los costarricenses noventa millones de colones al día para evitar una pérdida de diez. Eso solo enriquece a la empresa y no al país”, dijo.

Finalmente la moción se rechazó de forma unánime con el voto de diputados del Partido Liberación Nacional (PLN), Unidad Social Cristiana (PUSC), Partido Acción Ciudadana (PAC) y Restauración Nacional.

El liberacionista Daniel Ulate uno de los impulsores del proyecto agradeció el apoyo y compromiso del resto de los legisladores.

CAMBIOS

La única moción aprobada subsana las dudas que se tenían del proyecto y que generaban preocupaciones a lo interno de algunas fracciones.

Además de que se deja claro que el Ministerio de Hacienda “deberá” (es decir obliga) a establecer un mecanismo tecnológico de identificación y control.

También despeja los cuestionamientos en torno a la inclusión de un posible negocio “ilegal”, esto en caso que se deba contratar una empresa externa que realice esta labor.

Es decir si Hacienda debe contratar un proveedor externo para la implementación del proyecto “deberá asegurar que la elección del proveedor de este mecanismo se realice de acuerdo con los principios de la Ley de Contratación Administrativa y con los parámetros de una licitación pública, abierta y transparente con el fin de evitar cualquier tipo de manipulación indebida del proceso, dando cumplimiento con los compromisos anticorrupción adoptados por el país”, indica el texto aprobado.

“El proceso de elección del proveedor será exclusivo del Departamento del Ministerio de Hacienda encargados de los procesos de licitación y no se podrá delegar a ninguna comisión, comité, órgano u ente interno o externo a ese Ministerio. Para estos efectos, deberán excluirse los proveedores de sistemas que posean antecedentes de corrupción tanto a nivel nacional como internacional, o que se encuentren relacionados directa o indirectamente con la industria de forma tal que generen el riesgo de un eventual conflicto de interés.

Para determinar antecedentes de corrupción, en el caso de empresas multinacionales se entenderá como una sola empresa tanto a las filiales como a sus directivos o representantes; así como a todas las personas jurídicas nacionales o extranjeras que formen parte de un mismo grupo de interés económico”, agrega la moción aprobada.

El proyecto deberá ahora se dictaminado en comisión para pasar al plenario, donde las mociones rechazadas podrían ser reiteradas.



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REMO (14/11/2019)

No permitamos que los intereses de La Nación y Canal 7 y de los grandes empresarios, se impongan a los intereses del país. No permitamos que seamos gobernados por estos dos "medios de comunicación "que han evadido al fisco y le han hecho mucho daño a nuestra sociedad.