Lunes 20 de Enero, 2020

Diciembre: Ante un nuevo periodo de sesiones extraordinarias

05 de diciembre, 2019

Sergio Araya Alvarado / politólogo

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nicia el duodécimo mes del año y con él un nuevo periodo de sesiones extraordinarias en la Asamblea Legislativa costarricense. Es el cuarto periodo de este tipo desde el comienzo del actual Parlamento en mayo de 2018.

De conformidad con los artículos constitucionales 118 y 140 inciso 14, es un lapso donde el Poder Ejecutivo, a través de su titular, posee la iniciativa de agenda legislativa. Esto es, durante los meses comprendidos entre diciembre y abril de 2020, corresponde a la cámara de diputados y diputadas conocer, discutir y votar proyectos de ley propuestos formalmente por la Presidencia de la República. Tal potestad abarca las agendas de las comisiones legislativas, como la del Plenario y las de los conocidos miniplenarios.

De lo anterior se colige que el tiempo de sesiones extraordinarias, deviene en una herramienta estratégica ofrecida por el régimen presidencialista en vigencia, a cada Poder Ejecutivo de turno, mediante la cual posee una oportunidad formal y tangible de impulsar los contenidos de su propuesta político-programática, que poseen directa dimensión legislativa. Es la posibilidad por así ilustrarlo, de tomar casi de manera completa las riendas del timón de la nave estatal. Se enfatiza en el adverbio “casi”, porque si bien la atribución constitucional le atribuye control de la agenda durante este periodo, no implica supresión o relativización de la también garantía de enmienda e incluso de rechazo a proyectos de ley, conferida al cuerpo legislativo, por la misma Carta Magna.

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No obstante lo señalado, en ocasiones es también válido el uso de esta prerrogativa como recurso de negociación política por parte del Ejecutivo, lo que se traduce en la incorporación en la agenda de iniciativas cuya autoría reside en representantes del propio Legislativo, incluso de bancadas de oposición.

Tal práctica se ha incrementado en los últimos tiempos, caracterizados por la existencia de parlamentos altamente fragmentados, donde, como ocurre en la actualidad, la fracción oficialista no posee un número robusto de curules, que le permitan controlar de manera autónoma la dinámica parlamentaria.

Indistintamente de si este hecho político es resultado de un genuino espíritu de desprendimiento democrático del respectivo Ejecutivo o si es el fruto obligado de una cruda lectura de la realidad política que le corresponde encarar, no menos cierto es que la posibilidad de incidir al menos de manera formal, en la configuración de los temas a tratar durante las sesiones extraordinarias, determina las actitudes y comportamiento de quienes capitalizan tal alternativa. Esto será especialmente palpable en el tipo, intensidad y orientación del accionar desarrollado por cada bancada en lo colectivo, y por cada legislador y legisladora, en lo singular.

Asimismo, esas posturas y praxis reproducidas se irán delineando a lo largo del tiempo, en función de objetivos estratégicos y modulándose conforme se aproxime el periodo de extraordinarias respectivo.

Empero, como en toda interacción política, las acciones ejecutadas producen reacciones de los otros actores, que a su vez afectan en menor o mayor grado lo planificado, tornando la relación en un ejercicio dinámico de constantes cambios, donde la agudeza en la observación de estos y la capacidad de flexibilización de maniobra, devienen en activos de gran valía, que marcan la diferencia entre quienes los poseen o no; e incluso entre quienes los tienen, establece diferenciación de volumen y adecuado uso.

Si el panorama descrito se advierte complejo e impregnado de una elevada dosis de sensibilidad, propio de malabares o de consagrados ajedrecistas, debe agregarse un elemento adicional, presente con más contundencia en la última década. A saber: la incorporación como actor beligerante en esta ecuación de la sociedad civil.

Representada en distintos sectores con agendas propias, cuya fuerza en el quehacer político nacional, ha escalado de nivel, hoy no puede simplemente ignorarse al momento de configurar la iniciativa del Ejecutivo en el ámbito legislativo durante el periodo formalmente conferido por el ordenamiento jurídico.

Debe empero con absoluta claridad que, en este campo, están presentes también la desigualdad y las asimetrías expresadas en la jerarquización de sectores sociales en función del peso político provisto por sus recursos de poder y su mayor o menor cercanía con las prioridades gubernamentales del correspondiente Gobierno de la República.

En ese contexto debe ubicarse el acto formal de convocatoria a sesiones extraordinarias efectuado por el Ejecutivo, así como el conjunto de iniciativas de ley incluidas en el mismo. No debe extrañar que, dicha lógica permeará las distintas desconvocatorias de proyectos de ley contemplados en la agenda de inicio, su eventual reincorporación o la agregación de otras propuestas.

De ahí se explica tanto el número de proyectos como su variedad en términos de contenido y orientación.

En el caso concreto del presente periodo, en el ámbito cuantitativo, se inicia con la puesta a conocimiento de la Asamblea Legislativa de un total de 83 proyectos de ley, según lo dispuesto por la Presidencia de la República a los veintiocho días del mes de noviembre de dos mil diecinueve y que rige a partir del 1 de diciembre recién pasado.

En lo cualitativo, se aprecia una variopinta gama de temas, que responden a la lógica subyacente referida.

A manera de ejemplo como propuestas propias del interés directo del Ejecutivo sobresalen: el Expediente 20.159 “Ley Contra la Violencia y el Racismo en el Deporte”; Expediente 20.313 “Ley de Financiamiento del Instituto Costarricense de Ferrocarriles (INCOFER)”; Expediente 20.799 “Ley General de Acceso a la Información Pública y Transparencia”; Expediente 21.165 “Reforma de los artículos 106 BIS y 106 TER del Código de Normas y Procedimientos Tributarios”; Expediente 21.177 “Ley para determinar las comisiones de intercambio y adquirencia por las transacciones de compra con tarjetas de crédito y débito” y el Expediente 21.651 “Ley de medidas para aliviar la situación financiera de los hogares”.

Medidas con un alto énfasis en la arista económica, tal y como ha sido la tónica de la gestión gubernamental actual desde el inicio mismo de su periodo constitucional.

Dentro de las iniciativas introducidas como resultado de procesos de negociación con bancadas parlamentarias de oposición destaca el Expediente 21.309 “Ley para resguardar el derecho del trabajador a retirar los recursos de la pensión complementaria”, proyecto planteado por el Diputado Eduardo Cruickshank del Partido Restauración Nacional
.
Expresión de iniciativas que atienden demandas específicas de sectores lo representa el Expediente 21.133 “Ley para el Rescate, Fortalecimiento y Sostenibilidad del sector palmero nacional”.

Empero es probable que muchas de estas iniciativas mantengan una vigencia corta en la agenda, suficiente para que avancen algunos tramos en los plazos propios de los tiempos legislativos o lo requerido para cristalizar el resultado de una negociación, donde se convierten en monedas de cambio.

Tiempos distintos obligan a estrategias diferentes. En los periodos de sesiones extraordinarias contemporáneas, tal realidad no se puede obviar y forma parte del menú de opciones a contemplar como parte de la dinámica política reproducida. Su grado de efectividad empero es también aún objeto de incertidumbre, siendo certero únicamente que no es estrictamente lineal.

*Politólogo



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