Domingo 23 de Febrero, 2020

Concejos Municipales de Distrito: una pequeña municipalidad dentro de la municipalidad

12 de diciembre, 2019

Sergio Araya Alvarado

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El día 2 de febrero de 2020, cada persona que acuda a las urnas tendrá varias papeletas frente a sí. Una de ellas consigna a los partidos con aspirantes a la alcaldía y vicealcaldías del cantón respectivo; otra ofrecerá al votante las propuestas partidistas para integrar el Concejo Municipal; la tercera plantea las candidaturas a sindicaturas y concejalías de distrito.

Las dos primeras serán de alcance cantonal, por tanto, habrá 82 papeletas distintas en directa correspondencia numérica con la cantidad de cantones existentes en la actual división político-administrativa costarricense. Una es de orden distrital. Serán 486 papeletas diferentes, a razón de una por cada distrito administrativo.

En 8 distritos distribuidos a lo largo y ancho de país, ubicados a una considerable distancia del distrito cabecera de su cantón, se incorpora una cuarta papeleta con candidaturas al cargo de Intendencia.

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La figura del Concejo Municipal de Distrito y de la Intendencia existen actualmente en los siguientes distritos: Cervantes del Cantón de Alvarado y Tucurrique del cantón de Jiménez, ambos de la provincia de Cartago; Peñas Blancas del cantón de San Ramón de Alajuela; Colorado en el guanacasteco Abangares y cuatro pertenecientes al Cantón Central de Puntarenas: Monteverde, Cóbano, Lepanto y Paquera.

La Ley n.° 8173 de 7 de diciembre del 2001 y sus reformas regulan la figura del Concejo Municipal y a la Intendencia.

En su primer artículo dicha norma indica los fines y la naturaleza de esta instancia de gobierno distrital. Son concebidos como responsables de “la administración  de  los  intereses  y  servicios  distritales” (Tribunal Supremo de Elecciones, 2019) y se les configura como entidades con “personalidad   jurídica   instrumental,   con   todos   los   atributos derivados de la personalidad jurídica” (Tribunal Supremo de Elecciones, 2019)

El artículo segundo de la ley citada circunscribe la posibilidad de su inminente creación a cuatro aspectos concretos: lejanía del distrito cabecera; voluntad ciudadana expresada en un mínimo de 250 munícipes interesados en su promoción; voluntad política de las autoridades locales, reflejada en el acuerdo adoptado por una mayoría calificada de los miembros del Concejo Municipal respectivo y un acto de legitimación social alcanzado a través de la realización de una consulta popular en donde un quince por ciento de los votantes inscritos en el cantón, deberán respaldar la iniciativa.

Nótese que, salvo el factor geográfico de distancia, los otros mencionados responden a variables de orden político-social cambiantes, sujetas a vaivenes propios de la dinámica política reproducida al interior de un cantón en un momento histórico dado.

Mas, una vez vigentes, los Concejos Municipales de Distrito no son intocables. El artículo doce de la referida ley establece causales para su eventual disolución, así como define un procedimiento para ello. A saber: “Artículo 12.- Las municipalidades, guardando el debido proceso, podrán disolver los concejos municipales de distrito por no menos de dos tercios de los votos del concejo municipal del cantón y solo previa investigación exhaustiva que compruebe, fehacientemente, la inconveniencia de su continuación para el interés público. En tal caso, para todo efecto, la municipalidad sucederá jurídicamente al concejo municipal de distrito.” (Tribunal Supremo de Elecciones, 2019)

La conformación de los Concejos Municipales de Distrito replica la integración de sus referentes a nivel cantonal.

Así, el órgano colegiado equivalente al cantonal Concejo Municipal se conforma por “por cinco  concejales  propietarios  y  sus  respectivos  suplentes,  todos vecinos del distrito”. (Tribunal Supremo de Elecciones, 2019) y “y  tendrán  iguales  deberes  y  atribuciones  que  los  regidores  municipales” (Tribunal Supremo de Elecciones, 2019)

A diferencia de los Concejos de Distrito de las restantes sub-unidades cantonales, en los Concejos Municipales de Distrito, la sindicatura preside el órgano colegiado.

Los miembros de esta entidad recibirán una dieta por el ejercicio de sus responsabilidades, en un monto similar al devengado por quienes funjan en las regidurías.

Por su parte, la función ejecutiva, similar a la Alcaldía, recae en la figura de la Intendencia.

El artículo séptimo de la Ley que les tutela, reformado por el artículo 2 de la ley n.° 9208, publicada en La Gaceta n.° 79 de 25 de abril de 2014, establece la naturaleza y alcances inherentes al puesto, así como las características de la retribución económica otorgada a su ocupante.

Indica el texto: “El órgano ejecutivo de los concejos municipales de distrito será la Intendencia, cuyo titular también será elegido popularmente, en la misma fecha, por igual período, bajo las mismas condiciones y con iguales deberes y atribuciones que el alcalde municipal. El intendente devengará un salario cuyo monto no podrá ser superior al contemplado para los alcaldes en el Código Municipal.”

Lo concerniente a sus competencias y al marco regulador de su accionar cotidiano se regula en los artículos tercero y cuarto de la norma.

Así, el primero de ellos indica:

Artículo 3.- (*) A los concejos municipales de distrito se les aplicará la normativa concerniente a las competencias y potestades municipales, así como el régimen jurídico general de las corporaciones locales y del alcalde y los regidores. Los concejos podrán acogerse a los reglamentos de la municipalidad, o bien, dictar sus propios reglamentos, en las mismas materias en que las municipalidades puedan normar. Esta regla rige para manuales y otras disposiciones generales locales. Al efecto, los concejos dictarán y publicarán en La Gaceta los acuerdos correspondientes. (*) Reformado el artículo 3 por el artículo 2 de la ley n.° 9208, publicada en La Gaceta n.° 79 de 25 de abril de 2014. (Tribunal Supremo de Elecciones, 2019)

El cuatro por su parte señala:

“Los concejos municipales de distrito podrán convenir con las municipalidades creadoras toda clase de alianzas de interés común. Todos los convenios de cooperación que celebren las municipalidades y sus concejos municipales de distrito serán informados a la Contraloría General de la República, al igual que los previstos en el párrafo tercero del artículo 1 y el párrafo segundo del artículo 9. (*) Reformado el artículo 4 por el artículo 2 de la ley n.° 9208, publicada en La Gaceta n.° 79 de 25 de abril de 2014.” (Tribunal Supremo de Elecciones, 2019)

Es relevante destacar que los contenidos de ambos artículos sufrieron importantes reformas en 2014, fundamentadas en un propósito de fortalecer la capacidad de gestión de los concejos municipales de distrito, dotándoles de mayores potestades, paralelo al incremento de su margen de autonomía con respecto a las municipalidades de las que se desprenden. Es, por así decirlo, una suerte de desconcentración política de un órgano descentralizado ya existente.

En la práctica se persigue convertirlos en pequeñas corporaciones municipales, a las que tan sólo falta conversión de su territorio en cantón, para darle formalmente tal condición. Huelga empero señalar que tal pretensión se ve limitada por la potestad de disolución del Concejo Municipal de Distrito, dada a la respectiva municipalidad en el artículo doce antes transcrito.

Aspectos vinculados a su financiación y control apuntan por su parte, al empoderamiento de los concejos municipales de distrito, advertido en la mayoría del articulado de la ley, con la excepción expresa del artículo doce.

El financiamiento de estos órganos colegiados reproduce el mismo modelo existente a nivel de las corporaciones municipales. Así, los servicios ofrecidos en su ámbito de jurisdicción se sostienen con las tasas y precios de los mismos. Por su parte la ley les faculta la recepción de contribuciones especiales producto de acciones y obras por ellos desplegados.

Además, como fuente de recursos frescos la norma establece en su artículo noveno que: “el concejo también percibirá directamente los productos por multas, patentes o cualquier otro impuesto originado en el distrito”, facultándole a dotar de una parte a la correspondiente municipalidad, previa suscripción de un convenio entre las partes.

Agrega el artículo que: “en las participaciones por ley de las municipalidades en el producto de impuestos nacionales se entenderá que los concejos participan directa y proporcionalmente, según los parámetros de reparto de la misma ley o su reglamento” (Tribunal Supremo de Elecciones, 2019)

El artículo once indica además que: “toda partida específica o transferencia pública de fondos para obras o proyectos del distrito, deberá girarse directamente al concejo municipal de distrito” (Tribunal Supremo de Elecciones, 2019)

Y en aras de anticipar posibles conflictos con la municipalidad de la que forma parte el territorio bajo su tutela, el artículo décimo de la Ley obliga a la primera a: “ajustar la estructura programática de sus presupuestos para que se incluyan las asignaciones correspondientes a los recursos con los que contarán los concejos municipales de distrito” como requisito previo a elevación de aquellos a conocimiento y refrendo de la Contraloría General de la República.

En lo tocante a los controles y rendición de cuentas, si bien se establece un ligamen con la municipalidad de la cual forman parte, a través de la rendición de informes y entrega de copia de documentos por aquella solicitados, prevalece su autonomía, al dotársele de “su propio auditor interno, a tiempo completo o parcial, según sus posibilidades y necesidades”, según dicta el segundo párrafo del artículo octavo de la Ley supracitada.

Es en definitiva el Concejo Municipal de Distrito y sus respectivas autoridades políticas de elección popular, más que un mero apéndice operativo de la corporación municipal en la que cual esté ubicado geográficamente el distrito al que sirven.

Por ello la elección de quienes le dirigen debe ser atendido con la misma responsabilidad y rigor que las requeridas en la escogencia de sus equivalentes cantonales.

En la voluntad de los electorados de los ocho distritos gobernados por esta figura está el blindaje de la calidad de su gestión, así como de su legitimidad de cara a su potencial multiplicación en otros distritos administrativos, especialmente de aquellos ubicados en áreas rurales y periféricas, cuya distancia del distrito cabecera respectivo, justifique la creación y desarrollo de una pequeña municipalidad dentro de la municipalidad.

*Politólogo



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