Lunes 24 de Febrero, 2020

Del partido al cargo de elección: despartidización resultante y sus impactos en la calidad de la gestión política

13 de febrero, 2020

Sergio Araya Alvarado / politólogo

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Una vez cerradas las urnas electorales y conocidos los resultados, se abre un nuevo capítulo del proceso democrático municipal vivido por Costa Rica.

A partir de la declaratoria oficial de ganadores y ganadoras por parte del Tribunal Supremo de Elecciones y tras la toma de posesión del cargo respectivo, aquellos mutan de candidatos y candidatas representantes de partidos políticos a autoridades políticas de carácter público.

Dejan, por así decirlo, atrás la bandera partidista que les cubrió durante el periodo de campaña electoral y asumen, según corresponda, la bandera del cantón y del distrito administrativo que durante cuatro años será su ámbito de jurisdicción político-público.

En concordancia con lo anterior, el primero de mayo, serán evocados por quienes se juramenten en los puestos municipales, discursos floridos cargados de frases y lugares comunes, donde la idea-fuerza será una sola: la superación de las divisiones propias de la contienda electoral y la puesta del Bien Común, entendido como el interés general de las y los habitantes del municipio, en calidad de principio rector de su actuar.

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Ahora bien, ¿cuán viable y real es el cambio anunciado con “bombos y platillos”? ¿Es realmente posible que pueda darse de manera genuina? ¿Y tiene sentido que se dé esa “despartidización” de quienes asumen los mandatos de elección popular?

Comenzando por la última de las interrogantes señaladas, parece una suerte de sinsentido que tal metamorfosis se dé, considerando el carácter monopólico de la representación política, en manos de los partidos políticos.

A diferencia de otros países, Costa Rica no permite la participación político-electoral más allá de los límites del sistema de partidos. La sumatoria de esta restricción jurídica a la flexibilidad imperante en el ordenamiento legal para crear partidos políticos deviene en el crecimiento exponencial de su número, así como de la aparición en el escenario político de los llamados “partidos-taxi” y los “partidos-franquicia”.

Por su parte, el blindaje de la supremacía de la figura del partido político como actor central de la dinámica política nacional se da, al menos desde el plano estrictamente formal, con las disposiciones contempladas en el marco jurídico competente, caracterizadas por propiciar su institucionalización. De ahí aspectos como la organicidad y estatutos solicitados, o los mecanismos a través de los cuales se sujete su accionar a los principios de democracia interna, transparencia e inclusión, todos ellos contemplados en las normas legales respectivas.

Entonces, resulta paradójico que, una vez alcanzado el objetivo, el vehículo aparentemente sólido, coherente y sostenedor de las aspiraciones singulares de actores políticos, simplemente sea dejado en el olvido, como ocurre en el caso de los funcionarios cubiertos por la prohibición contemplada en el artículo del Código Electoral o como mínimo se reduzca a la mínima expresión, en el caso de los cargos que no poseen tal incompatibilidad.

Si bien tal limitante encuentra asidero jurídico y político en casos específicos, como son los casos del presidente de la República y los ministros de Estado, al tenor del modelo presidencialista imperante , donde se constituyen en los jerarcas máximos de la administración pública y por ello: “sus competencias, así como su ámbito de discrecionalidad en el ejercicio de ciertos actos, eventualmente pueden ser insumos para realizar actos que influyan sobre la voluntad de sus subordinados o sobre la opinión pública en general, y la inclinan hacia una determinada agrupación política, en detrimento de la deseable equidad de la competencia electoral. Desde esa tesitura, el legislador costarricense optó por zanjar el problema, limitando absolutamente la participación política de los miembros de los supremos poderes del Estado, con excepción de los diputados a la Asamblea Legislativa”. (Cambronero, 2012); es tema de reflexión determinar si lo señalado en la norma efectivamente puede concretarse en la práctica, amén de valorar si es o no oportuno.

Deviene en otra suerte de paradoja que se aspire desde lo formal a partidos políticos doctrinarios, programáticos, permanentes y con una institucionalidad objetiva y que, al llegar al ejercicio del poder, se tienda a minimizar su papel como soporte y guía del quehacer de sus representantes en los órganos de poder público. Esta dicotomía, claramente manifiesta en el caso de quienes dirijan el Poder Ejecutivo y solapadamente avalada en los restantes mandatos, los reduce a dar prioridad y reproducir casi de manera exclusiva su rol electoral.

Agréguese como un elemento que tiende a complejizar el panorama, la realidad encarada por quienes asumen un cargo que no surge al vacío y al que le son inherentes decisiones adoptadas por sus antecesores. Huelga aquí señalar la no resuelta discusión en torno al carácter y alcance de las políticas públicas, cuando se alude a su condición de política de Estado, actualmente rebautizadas como políticas o proyectos-país y su oposición a las denominadas políticas de gobierno, cuya longevidad expira al concluir la Administración que las promovió.

En lo concreto esto implica la necesaria articulación de los planes de acción a ejecutar, con los compromisos ya adquiridos y que, salvo opciones establecidas por el propio ordenamiento jurídico, son de cumplimiento ineludible, sin importar si sus contenidos coinciden o no, con la supuesta visión doctrinaria subyacente a las autoridades nuevas.

Pero, además, la construcción de las propuestas de ley, en lo legislativo, o de acuerdos municipales a nivel de los Concejos e incluso el programa de gobierno acreditado por quien ejerza la alcaldía municipal, tendría el desafío de compatibilizar su contenido con la aspiración de subordinar lo partidario al interés general, sin restarle identidad propia, precondición supuestamente dada por el acervo doctrinario ofrecido por el partido político del cual surgieron.

Una posible salida a la aparente paradoja antes citada podría acaecer, si la discusión de fondo se circunscribiera a intercambios de enfoques y propuestas programáticas de distinto signo político, en donde la búsqueda de síntesis articuladoras de plataformas de acción común, fuere el norte que los orientara. Empero ello implicaría no renunciar al rol protagónico del partido en ámbitos ajenos al electoral propiamente dicho y conllevaría partir del supuesto de que existe un marco identitario que armoniza posición y praxis de los actores singulares cobijados por aquel, sean estos parlamentarios, concejales o titulares de alcaldías. Situaciones casi del todo ausentes en el quehacer cotidiano de las actuales agrupaciones político-partidistas costarricenses.

Justo por la carencia apuntada, es fácil para quienes asumen el mandato popular del que se trate, adherirse al discurso antes citado. Deshacerse de una identidad configuradora de la visión de un entorno y responsable de orientar el comportamiento de una determinada forma es más sencillo cuando aquella es débil o prácticamente es inexistente.

Empero entonces respondiendo a las dos primeras interrogantes antes esbozadas, es viable y posible tal despartidización por cuanto aquel fue exclusivamente un trampolín político formal y no una auténtica fuente referencial de la praxis política de quien le capitalizó para obtener el puesto buscado.

Una vez más entonces salta la contradicción y clara distancia entre lo formal y lo real, expresado en el caso atinente a la amplia brecha entre la robustez aspirada del sistema de partidos implícita en el marco jurídico vigente y la vulnerabilidad de hecho de aquel, devenido en una suerte de plataforma electoral de intereses personalísimos y gremiales de actores sociales con afán de poder.

Dicotomía legitimada y aplaudida al amparo de la “supremacía del interés general” o del “proyecto-país” y “proyecto cantón”, según sea el caso. Expresiones vacías de sustancia justamente por la carencia de insumos no aportados desde el sistema de partidos políticos imperante, que tornan en deficitaria la calidad de la gestión de la política y su consiguiente desprestigio social.

*Politólogo



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