Miércoles 01 de Abril, 2020

Alianzas público-privadas: iniciativa para el desarrollo

25 de febrero, 2020

Luis Fernando Allen

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El Gobierno de Costa Rica sabe que la provisión de una adecuada infraestructura facilitaría el acceso y el funcionamiento eficaz de los mercados, contribuyendo al crecimiento de las regiones y el aprovechamiento de oportunidades empresariales y laborales.

Esa ausencia de infraestructura constituye un serio obstáculo para la implementación de políticas de desarrollo que potencien las tasas de crecimiento de las economías y mejoren la calidad de vida de sus ciudadanos.

No obstante, el rezago en la infraestructura vial y productiva de Costa Rica se calcula en 40 años, y eso se refleja en el colapso y caos vial que se vive a diario en muchas de las principales carreteras que conectan las diferentes provincias.

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Además de lo anterior se deben intervenir los proyectos de Infraestructura que comprenden la construcción, telecomunicaciones, arreglo de ferrovías, oleoductos, tendidos eléctricos, acueductos, puertos, aeropuertos, y centrales de energía, etc.

Ciertamente, la evidencia empírica internacional es abundante y demuestra que la infraestructura tiene impactos socioeconómicos significativos a través de mejoras en la productividad de los factores de producción y la competitividad.

Sin embargo en Costa Rica es difícil hablar de obra pública sin asociarla, directa o indirectamente, a la corrupción, interferencia política, ineficiencia y la falta de transparencia.

A esto, se suma la falta de planificación estratégica y una política de Estado clara sobre infraestructura enfocada en el tema de intervenciones que permita levantar el parque vial y no dedicarse a tapar huecos como se hace en la actualidad.

La situación actual parece ser una repartición manipulada de la obra pública, dirigido a unos pocos. La corrupción se expresa en el deterioro prematuro de las obras, casi siempre, por el uso de materiales de mala calidad o por el ahorro de estos.

La contratación y concesión de obra pública es el medio que se ha utilizado para aprovecharse del erario público. La trocha fronteriza, el puente de la platina, el mantenimiento de las vías públicas y un largo etcétera, son parte de los múltiples ejemplos que muestran una infinidad de delitos que han quedado en la más absoluta impunidad.

Está claro que el desafío inmediato es pasar del compromiso a la acción y así recuperar progresivamente la confianza de la ciudadanía en las instituciones, para el funcionamiento de cualquier sistema democrático.

En síntesis, ni la nulidad del contrato ni el cierre de empresas son la solución a este problema. Dejar sin financiamiento la obra y sin trabajo a la gente hace que perdamos todos. Debe darse un cambio hacia una Nueva Gestión Pública liderada por las alianzas público-privadas, que son una herramienta válida y necesaria para complementar y potenciar el impacto de los programas de cooperación de forma que aumenten su incidencia para el desarrollo del país.

Director Ejecutivo Asociación Salvemos el Río Pacuare



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