Sábado 04 de Julio, 2020

Breves apuntes en torno a la comisión presidencial

Liderada por el Ministro Rodolfo Méndez Mata.

12 de marzo, 2020

Sergio Araya / Politólogo

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Transcurrido un periodo de más de tres semanas desde que un medio de comunicación digital puso en el centro de la opinión mediática lo acontecido con la Unidad Presidencial de Análisis de Datos (UPAD), se han venido sucediendo una serie de dinámicas en distintos órdenes, que hoy sitúan al tema como la crisis política más relevante encarada por la Administración Alvarado Quesada desde su inicio, 23 meses atrás.

Desde lo político, pasando por su expresión comunicacional, y transitando el sendero de lo judicial, el caso UPAD ha puesto en evidencia que las debilidades en materia de gestión política del actual Gobierno, detectadas en crisis anteriores, como las derivadas del proceso de aprobación de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas en el II semestre de 2018 o del deficitario manejo de demandas insatisfechas de distintos sectores de la sociedad durante los primeros meses de 2019, no solo persisten, sino que se han agudizado, a pesar de los cambios ocurridos en las carteras ministeriales vinculadas de manera directa al ámbito de la conducción política.

Ni la sapiencia del experimentado Víctor Morales Mora logró en su paso relámpago por la Casa Presidencial corregir las deficiencias de un manejo político débil, reactivo y cortoplacista, abundante en táctica, pero carente de estrategia, que ha sido la tónica imperante del Gobierno de la República en lo que va del periodo constitucional iniciado en mayo de 2018.

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Sin entrar en detalles de la crisis específica, cuya activa evolución está hoy centrada en las dimensiones legislativa y judicial, la primera con el abordaje desde lo político y la segunda con el desarrollo de la investigación a cargo de la Fiscalía General, huelga indicar que sus efectos inmediatos produjeron un auténtico cisma en la cabeza del Poder Ejecutivo, traducido en la salida del entonces Ministro de la Presidencia y de varios Viceministros directa e indirectamente vinculados al tema; la desactivación del equipo responsable de la Unidad Presidencial de Análisis de Datos; así como la desarticulación de otros cuerpos de apoyo adscritos directamente a la Presidencia de la República y la decisión del propio Mandatario de solicitar en un lapso de dos meses, “propuestas de mejora de la gobernanza de la Casa Presidencial”, a una Comisión Ministerial, liderada por el Ministro de Obras Públicas y Transportes, el octogenario y experimentado líder político Rodolfo Méndez Mata al que se suman las actuales Ministras de Trabajo y Seguridad Social, Geaninna Dinarte Romero y la Ministra de la Presidencia a.i. Silvia Lara Povedano.

Crisis como la experimentada por el actual Gobierno a menos de dos años de haber iniciado no es algo inusual en la historia política del país, como tampoco la búsqueda de salidas a la misma, aplicando distintas fórmulas que van desde la reorganización del Gabinete, traduciendo la crisis en una oportunidad; centrando su atención en aspectos específicos del problema respectivo; e incluso, desviando la atención hacia otros asuntos susceptibles de ser mediáticamente relevantes, como el cierre de instituciones consideradas emblemáticas en una coyuntura dada.

En el caso concreto de la crisis de la UPAD, particularmente en lo concerniente a la creación de la comisión antes señalada, sobresale un aspecto que la distingue. A saber: a pesar del carácter sensible y estratégico de la tarea encomendada, la cabeza de la terna citada, no ejerce una posición formal de dirección de la gestión política, como jerarca del Ministerio de la Presidencia, sino tan solo coadyuva como un apoyo externo a la Casa de Gobierno, proyectando una suerte de imagen de “consejero del más alto nivel” responsable de cumplir un mandato específico y puntual, tras lo cual culminaría su papel protagónico.

Idealmente hubiere generado mayor solidez revalorado el liderazgo del titular del Ejecutivo, tan venido a la baja por la sumatoria de las crisis encaradas, especialmente la presente, si la conducción hubiere sido asumida desde la posición de poder formal conferido por el cargo de Ministro de la Presidencia.

En oposición a lo anterior, asemeja la naturaleza y alcance de la comisión, a lo decidido por la presidenta Laura Chinchilla Miranda en 2012, al integrar la llamada “Junta de los Notables”, con la diferencia de que el objeto de atención y acción de esta última era más amplia y que carecía de presencia de figuras activas de su Gobierno.

En efecto, según el mandato recibido, la “Comisión Presidencial sobre Gobernabilidad Democrática” -nombre oficial-, perseguía: “analizar aspectos críticos en materia de gobernabilidad democrática, en los que existieran oportunidades de introducir cambios positivos para nuestro sistema jurídico y político”; en tanto como se indicó atrás, la actual Comisión liderada por el señor Méndez Mata busca aportar propuestas de mejora en la capacidad de gestión de la propia Casa de Gobierno, esto es: “revisar funciones correspondientes a los tomadores de decisiones ubicados en aquella, que permitan una mejoría en la calidad de sus decisiones y el establecimiento de políticas públicas”.

Posee también un paralelismo con las comisiones creadas al inicio de la Administración y que, integradas por personalidades provenientes de distintos sectores y diversos pensamientos político-ideológicos, lideradas por los entonces Ministro de la Presidencia y de Planificación y Política Económica, buscarían construir propuestas de reforma del aparato institucional del Estado y del marco jurídico y procesal de la administración pública, respectivamente.

También en este caso, a diferencia de lo solicitado por el Presidente al trío ministerial, el objeto de atención iba más allá de los límites del quehacer inmediato y directo de la Casa Presidencial.

Se reafirma entonces con este comparativo, el reconocimiento explícito por parte del Presidente de las deficiencias de gestión política inherentes a su ámbito de acción directo, visibilizadas a partir de la crisis de la UPAD, pero existentes desde el inicio mismo de su gestión.

En concordancia con la aceptación de tales fragilidades, tardío si se considera la magnitud de sus efectos, pero aún a tiempo para tornar viable su amortiguamiento, una de las primeras valoraciones del líder de la Comisión es la de buscar consejo de actores políticos concretos con un común denominador: experticia comprobada en el manejo de crisis similares de gestión política acaecidas en el pasado. Específicamente el señor Méndez señaló como posibles consejeros a los exministros de la Presidencia: Rolando Laclé Castro y Rodrigo Arias Sánchez.

El señor Laclé Castro asumió dicha cartera en 1991 en la Administración Calderón Fournier, reemplazando justamente al señor Méndez Mata, quien fue trasladado a liderar el Ministerio de Hacienda. Algo particularmente simbólico en la presente coyuntura.

Por su parte, el señor Arias Sánchez fue el Ministro de la Presidencia en los dos gobiernos liderados por su hermano, Óscar Arias Sánchez, los cuales estuvieron siempre inmersos en dinámicas sensibles que demandaban un manejo efectivo de la gestión de lo político desde Zapote. Huelga señalar que, durante la II Administración, bajo la tutela del entonces Ministro de la Presidencia, se logró construir un bloque legislativo de 38 parlamentarios proveniente de varias fuerzas políticas, en torno al proceso de discusión, votación y aprobación de la agenda de implementación del Tratado de Libre Comercio de Centroamérica, República Dominicana y Estados Unidos de América (CAFTA por sus siglas en inglés), a pesar de que la bancada oficialista representaba el 43,85% del total de la cámara y con sus votos no se alcanzaba siquiera la mayoría absoluta y mucho menos la calificada requerida para la aprobación de muchas de las iniciativas de dicha agenda.

No obstante, tan pronto la idea del señor Méndez Mata fue del conocimiento público, provocó reacciones de todo tipo.

Desde las que avalaron la pertinencia, oportunidad y valor de la misma, pasando por aquellos que buscaron “llevar agua hacia sus molinos”, reforzando con ello su validez, hasta aquellas de rechazo rotundo, como las esgrimidas por la Comisión Política del partido oficialista Acción Ciudadana. Huelga señalar que estas últimas generaron a su vez, contra-reacciones igualmente fuertes y de distintos frentes, encabezados por quienes les representan en los órganos de poder político público, incluido el propio presidente Alvarado Quesada.

Más allá de los dimes y diretes producidos alrededor de la iniciativa presidencial,  atractivos para el espectáculo mediático azuzado desde los mismos medios de comunicación y capitalizado por tirios y troyanos con agendas particulares, especialmente de carácter político-electoral, es, dentro del cúmulo de desaciertos atribuibles a la deficiente gestión política del Gobierno de la crisis UPAD, una oportunidad de transmitir credibilidad, coherencia y confianza a distintos sectores del país, con interés especial de los detentadores del llamado “poder fáctico” y sin cuyo concurso, un Gobierno débil, con un modesto capital político, inmerso en una dinámica de crisis constante y con una compleja situación entre manos como la referida crisis UPAD, difícilmente puede maniobrar y, potencialmente, salir airoso, al menos en imagen, en lo que resta de su periodo constitucional.

Es en definitiva una acción positiva, pese a las carencias que le son intrínsecas, en medio del carácter precario de la gestión política del Gobierno y de su principal referente: el Presidente de la República.

*Politólogo



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