Viernes 03 de Julio, 2020

El desafío esencial de la Presidencia en un sistema presidencialista

¿Cuánto Jefe de Estado y cuánto Jefe de Gobierno?

18 de junio, 2020

Sergio Araya / Politólogo

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En todo régimen político existe una autoridad superior responsable de su conducción política. Más allá del tipo de sistema imperante o de los fundamentos doctrinarios que lo sustenten, en forma genérica tal posición de mando es denominada Jefe de Estado o de Gobierno.

La Jefatura de Estado alude a la autoridad suprema de un Estado símbolo de su unidad  y que, de acuerdo al derecho internacional, posee una capacidad general de representación en materia de celebración de tratados suscritos por aquel.

En algunos sistemas políticos comportan roles diferentes con competencias, atributos y funciones específicas, en tanto en otros, ambas se condensan en la figura de la Jefatura de Estado.

Así en los regímenes parlamentarios la Jefatura de Estado carece de fuerza decisoria política real, asumiendo la representación del Estado en actividades de carácter protocolarias. En tal escenario se le considera políticamente irresponsable, inviolable e inamovible.  Únicamente en coyunturas excepcionales asume una suerte de poder de mediación o de equilibrio de poderes, al contribuir proveyendo la integración de los órganos de gobierno. Función que han llevado a autores como Zippelius a caracterizarlo como un “poder de reserva” de tales sistemas políticos.

Las competencias de gobierno y las responsabilidades que le son intrínsecas son asumidas por la Jefatura de Gobierno.  Esta expresa la rama ejecutiva del Gobierno. En sistemas parlamentarios democráticos, es a su vez, a la cual le hace contrapeso la expresión legislativa del mismo.

En los sistemas presidencialistas empero la representación de la unidad estatal y la responsabilidad de la efectiva conducción del Ejecutivo recaen en una sola: la Jefatura de Estado.

Para algunos teóricos es una especie de arcaísmo heredado del modelo monárquico, adaptado a un esquema democrático representativo, donde la soberanía reside en la población y se configura la división y el balance de poderes, con la distribución del poder político en las clásicas tres ramas independientes pero interconectadas: Ejecutivo, Legislativo y Judicial.

El caso costarricense encuadra en esta última categoría. El artículo noveno de la Constitución Política plantea en forma precisa la naturaleza del régimen político vigente.

“Artículo 9- El Gobierno de la República es popular, representativo, participativo, alternativo y responsable. Lo ejercen el pueblo y tres Poderes distintos e independientes entre sí. El Legislativo, el Ejecutivo y el Judicial. Ninguno de los Poderes puede delegar el ejercicio de funciones que le son propias. Un Tribunal Supremo de Elecciones, con el rango e independencia de los Poderes del Estado, tiene a su cargo en forma exclusiva e independiente la organización, dirección y vigilancia de los actos relativos al sufragio, así como las demás funciones que le atribuyen esta Constitución y las leyes” (Tribunal Supremo de Elecciones).

Por su parte el Título X de la Carta Magna desarrolla lo concerniente a la figura  de la Jefatura de Estado y  de  Gobierno, a la cual formalmente designa “Presidente de la República”.

Así, entre otros, los artículos constitucionales 130 y el 139 señalan su razón de ser y principales alcances. A saber:
“Artículo 130.- El Poder Ejecutivo lo ejercen, en nombre del pueblo, el Presidente de la República y los Ministros de Gobierno en calidad de obligados colaboradores” (Tribunal Supremo de Elecciones).
“Artículo 139.- Son deberes y atribuciones exclusivas de quien ejerce la Presidencia de la República:
1) Nombrar y remover libremente a los Ministros de Gobierno;
2) Representar a la Nación en los actos de carácter oficial;
3) Ejercer el mando supremo de la fuerza pública;
4) Presentar a la Asamblea Legislativa, al iniciarse el primer período anual de sesiones, un mensaje escrito relativo a los diversos asuntos de la Administración y al estado político de la República y en el cual deberá, además, proponer las medidas que juzgue de importancia para la buena marcha del Gobierno y el progreso y bienestar de la Nación;
5) Comunicar de previo a la Asamblea Legislativa, cuando se proponga salir del país, los motivos de su viaje” (Tribunal Supremo de Elecciones).
Nótese las atribuciones irrenunciables de la Presidencia de la República, que son la base del control ejercido por los otros poderes, especialmente el legislativo y por el pueblo, en consonancia con lo señalado en el artículo nueve arriba transcrito.
De lo anterior se desprende que en un sistema presidencialista como el costarricense, el papel central de la figura de la Presidencia de la República es innegable e insustituible.

A pesar de la existencia de competencias y funciones compartidas con los ministros de gobierno, especialmente consignados en los artículos 140, 147 y 148 de la Carta Magna, es el Presidente de la República quien ostenta la responsabilidad más elevada, a tal punto que en su sola decisión recae la designación, permanencia y remoción de quienes a su lado, en condición de Ministros y Ministras, conducen políticamente el accionar cotidiano del Poder Ejecutivo.

Si bien existen matices que dejan entreabiertas posibilidades para separar funcionalmente, al menos de forma parcial, las competencias inherentes a la Jefatura de Estado y a la Jefatura de Gobierno, tal y como suele acaecer en donde exista una suerte de Jefe (a) de Gabinete, a quien se le asignan más responsabilidades y tareas de la segunda, en tanto quien preside el Gobierno enfoca una importante proporción de su energía y recursos en competencias correspondientes a la primera, ello empero en un régimen presidencialista no resta la responsabilidad absoluta última en la figura del Presidente (a).

Esa separación formalmente establecida o de facto incorporada, en el caso costarricense se aprecia en la figura del Ministro (a) de la Presidencia, a quien se le asigna la coordinación del Gabinete ministerial, si bien, ello tal y como se señaló en el párrafo precedente, no sustituye el protagonismo de la figura presidencial.

Es por ello que, en sistemas presidencialistas, la sociedad centra en la figura del titular del Poder Ejecutivo sus principales expectativas y demandas a lo público. Las propias campañas electorales tienden a reforzar esta imagen, toda vez que focaliza en quien aspira a ocupar la silla presidencial el peso político y la conectividad con la ciudadanía, en este caso, con quienes pueden emitir el voto.

Por lo anterior el ejercicio de la Presidencia será valorado, entre múltiples factores, por la proactividad mostrada por quien ostenta el puesto; lo que a su vez es reflejo de atributos inherentes al cargo y a quien lo asuma en una coyuntura dada y que se expresa en: liderazgo, carisma, empatía, autoridad, firmeza, solidez, coherencia, y generación de confianza.

A partir de ese marco referencial se posiciona en el imaginario la evaluación y calificación del Jefe de Estado y de Gobierno.
Y en función de la combinación aplicada de las variables antes enumeradas por quien posee la investidura presidencial, deviene el sentido y caracterización de la percepción social, constituyendo un arco de opciones que pueden oscilar desde una categorización de una presidencial cuasi imperial, donde su protagonismo tiende a opacar e incluso, anular a quienes le acompañan en la conducción de las tareas de Estado y de Gobierno; hasta un posicionamiento ubicado en el extremo opuesto, donde la Presidencia se subsume en el accionar de sus colaboradores del más alto nivel. En medio pueden haber tendencias a dar más o menos énfasis a una de las dos competencias esenciales: sea un Presidente avocado más a la funciones asociadas a la Jefatura de Estado, delegando más responsabilidades de la conducción de las tareas de gobierno, en quien lidera, en su nombre y por su designación, el Gabinete o bien aquellos que atienden de manera prioritaria y directa, las responsabilidades de la administración del gobierno, pero sin dejar del todo el rol de representación de la unidad del Estado.

En la Costa Rica actual, por el estilo de liderazgo del hoy Presidente, la conducción tiende a situarse en una posición dentro del espectro referido, con una cierta tendencia a dar énfasis al rol de Jefe de Estado. Particularmente la crisis provocada por el Covid-19 lo puso de manifiesto.

Así, la conducción de la crisis sanitaria ha recaído especialmente en las autoridades vinculadas al sector salud de la Administración, especialmente enfocado en el Ministro de Salud Pública y el Presidente Ejecutivo de la Benemérita Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), a tal punto de que encuestas de opinión de reciente aplicación, los sitúan como los mejor valorados por la ciudadanía entrevistada; crisis colaterales relacionadas con las dimensiones social, económica, comercial y migratoria de la pandemia han sido especialmente lideradas por los titulares de las carteras respectivas.

En tanto, el Presidente de la República, según lo divulgado por sus canales oficiales de comunicación y prensa, ha enfocado una buena parte de su quehacer en la dimensión propia de la representación del Estado ante el resto del orbe, sosteniendo relaciones de trabajo y coordinación con vocerías y titulares de gobiernos extranjeros y organismos multilaterales.

La validez de este estilo no posee una única lectura. Elementos propios de la cultura política o de los alcances mismos del marco jurídico-institucional vigente entran a valorarlo desde una perspectiva estructural. Empero aspectos como la magnitud de la afinidad social hacia quien hoy es el Presidente e incluso, corrientes conceptuales disruptivas tendientes a posicionar modelos novedosos de liderazgo, aportan desde la dimensión coyuntural a dicha calificación.

Empero serán los resultados tangibles derivados de la concreción de aquel, lo que en última instancia, y en perspectiva histórica-comparada, determinará el alcance definitivo, o al menos una aproximación más objetiva de su dimensión concreta y de  su sentido, valuado en el espectro de positivo a negativo.

Por ahora de forma descriptiva sólo puede concluirse respondiendo al título del presente artículo  con señalar que don Carlos Alvarado Quesada es un Presidente más Jefe de Estado y menos Jefe de Gobierno.

* Politólogo



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