Martes 04 de Agosto, 2020

La reforma al 116 constitucional: algo más que un cambio de forma

02 de julio, 2020

Sergio Araya / Politólogo

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El pasado lunes 22 de junio el presidente Carlos Alvarado Quesada y el ministro de la Presidencia Marcelo Prieto, a través de sus respectivas rúbricas, dieron el ejecútese a la reforma al artículo constitucional 116, mediante la cual se organizará de forma diferente el año legislativo.

Como es sabido, un periodo constitucional de cuatro años consta de un número similar de años legislativos, conocidos como legislaturas. Estas empero no coinciden con el año calendario. A saber, cada una formalmente comienza el 1 de mayo y concluye el 30 de abril del año inmediatamente posterior. Durante ese lapso, en función de quien posee iniciativa en la definición y conducción de la agenda legislativa, se distribuía el periodo en sesiones ordinarias y extraordinarias.

Las primeras antes mencionadas otorgan a las y los 57 legisladores la potestad de construir la agenda de proyectos de ley, en función de sus propias prioridades o como resultado de negociaciones con el Poder Ejecutivo, pero conservando dicha facultad de definición; en tanto en las sesiones extraordinarias tal rol es trasladado al Poder Ejecutivo, usualmente expresado en las figuras que sancionaron la ley N°9850 “Reforma del Artículo 116 de la Constitución Política”, a saber: el Presidente de la República en su calidad de titular del Poder Ejecutivo y quien ejerza la conducción del Ministerio de la Presidencia.

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Antes de la entrada en vigor de la reforma alcanzada mediante la referida ley aprobada por el Pleno Legislativo en su condición de constituyente derivado, la distribución de cada legislatura era la siguiente: del 1 de mayo al 31 de julio se desarrollaba el primer periodo de sesiones ordinarias; el mes de agosto constituía el primer espacio de sesiones extraordinarias; del 1 de septiembre al 30 de noviembre se desarrollaba el segundo y último periodo de sesiones ordinarias de la respectiva legislatura y del 1 de diciembre al 30 de abril se efectuaba el otro periodo de sesiones extraordinarias, coincidiendo con el cierre del correspondiente año legislativo, tal y como fue indicado en párrafos precedentes.

A partir de la entrada en vigencia de la reforma constitucional se mantienen los cuatro segmentos de sesiones, pero reordenados temporalmente de forma diferente.

Cada legislatura mantendrá su fecha de inicio en el primer día del quinto mes del año calendario, pero comenzando con el primero de los dos periodos de sesiones extraordinarias. Así las sesiones extraordinarias se realizarán del primero de mayo al treinta y uno de julio y del primero de noviembre al treinta y uno de enero; mientras los periodos ordinarios se desplegarán del primero de febrero al treinta de abril y del primero de agosto al treinta y uno de octubre.

Nótese que las dos grandes diferencias radican en dos aspectos de distinta naturaleza. Una de carácter política y otra de orden procedimental.

En la dimensión política se sitúa el inicio de cada legislatura con un periodo de sesiones donde el Ejecutivo poseerá el control de la agenda legislativa, factor particularmente estratégico de cara al inicio de una nueva Administración, por cuanto podrá implementar desde su arranque en lo que al ámbito parlamentario corresponda, lo ofrecido durante el periodo de campaña electoral y que, gracias al respaldo conseguido en las urnas, comporta una legitimidad suficiente para ser impulsado por el novel gobierno, aunque poseyere una cantidad reducida de diputados y diputadas afines.

El segundo cambio, de orden funcional, versa sobre la homologación de la extensión de cada periodo de las sesiones, toda vez que iguala en tiempo cada segmento de la legislatura. Es decir, cada periodo, sea de ordinarias o de extraordinarias, consta a partir de ahora de tres meses calendario y no como ocurría en el pasado reciente, cuando el primer periodo de extraordinarias de la respectiva legislatura tan solo comprendía 30 días calendario.

Como es usual con estos cambios en la Carta Magna, hay aspectos complementarios que deberán ser abordados, entre ellos, en el plano jurídico-formal modificaciones en el bloque de legalidad y reglamentario subordinado a la norma constitucional y en lo fáctico, las estrategias políticas de los actores legislativos y de aquellos con los que estos interactúan en la dinámica parlamentaria cotidiana.

La ley entra regir a partir del primero de mayo siguiente posterior a la publicación en el Diario Oficial La Gaceta, es decir en la cuarta y última legislatura del periodo constitucional 2018-2022, justo el año que cobija la conmemoración del Bicentenario de la vida independiente de Costa Rica, lapso de por sí lo suficientemente simbólico para albergar esta reforma del quehacer del llamado Primer Poder de la República.

*Politólogo



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