Domingo 09 de Agosto, 2020

¢19 mills. gastaría Recope en asesoría legal

Mario Taboada08 de julio, 2020 | 02:01 AM

El proceso de reestructuración de la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope) tiene mucha tela que cortar. Según el Sindicato de Trabajadores Petroleros, Químicos y Afines (Sitrapequia), en este proceso se comprometería la inversión de fondos públicos, entrando en gastos que superan los ¢19 millones.

La travesía arranca con la idea de reestructurar la empresa, haciendo unos cambios en departamentos técnicos, de distribución y ventas, así como en el área de Relaciones Públicas y Prensa.

La propuesta establece que estos departamentos pasen a ser unidades estratégicas. El plan lo maneja la junta directiva desde diciembre de 2019, pero vio truncado su avance en mayo.

 

PROCESO

 

El proyecto lo presenta el presidente de Recope, Alejandro Muñoz, ante la junta directiva, quien le da el visto bueno de iniciar el proceso. Esa propuesta posteriormente debió enviarse al Ministerio de Planificación y Política Económica (Mideplan). 

Un dato importante es que la propuesta presentada ante esa cartera, según Sitrapequia, mencionaba que la reestructuración no tendría gastos adicionales.

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Lo anterior debido a que en 2018 la administración Alvarado emitió un decreto ejecutivo donde establece que ninguna reestructuración en instituciones públicas puede generar nuevos gastos.

Ante este escenario el sindicato plantea un alegato a la junta directiva, donde indica que hay ciertas nulidades en el proceso, la administración le comunica el pronunciamiento a Recursos Humanos y después decide contratar una firma de abogados para que le asesore en materia de reestructuración y empleo público.

 

INVERSIÓN

 

El pronunciamiento de Sitrapequia SITRAP S.J.078-2020, del cual DIARIO EXTRA tiene una copia, indica que se contrató una asesoría legal por ¢17.242.500.

Cabe destacar que la institución requería que se le aprobara un manual de puestos, donde se indicaban las nuevas funciones de las unidades y sus responsabilidades, pero al momento de iniciar el proceso la Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria aún no lo había aprobado.

Esto lo confirma el oficio DRH-0465-2020, adjunto a la denuncia sindical.

“La Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria mediante oficio STAP-0192-2020 suspende la revisión del Manual Descriptivo de Puestos, ya que estaba amparada en la estructura organizacional aprobada por Mideplan, e indica que: Es necesario que se ajuste el Manual Descriptivo de Puestos a la nueva estructura organizativa, para lo cual deberá considerar los cambios en los procesos, las funciones y responsabilidades de cada unidad organizacional, que indica Mideplan en el oficio de aprobación”.

Para reorganizar Recope la administración creó una comisión ad hoc, donde no se tomó en cuenta al departamento de Recursos Humanos. En esa comisión la junta directiva propuso que algunos funcionarios fueran gerentes de las nuevas unidades.

El sindicato en el punto 4 de su denuncia agrega que al 19 de marzo de este año “se informa que la Refinadora Costarricense de Petróleo, S.A, a la fecha no ha remitido ninguna solicitud de modificación del Manual Descriptivo de Puestos de acuerdo con la reorganización administrativa integral aprobada por Mideplan”.

 

ASESORÍA

 

Toda institución, previo a realizar una reestructuración, requiere conocer cuáles son las restricciones y normativas que enmarcan su proceso para no violarlos, según Sitrapequia.

Recope inició el proceso de contratación pública de una firma legal para asesorarse en materia de empleo público y reorganización institucional “mediante la plataforma del Sistema Integrado de Compras Públicas (Sicop), bajo el número de recurso 708202000000040”.

Este concurso en un inicio fue concedido a la empresa BDS Asesores por un monto de ¢19.484.025.

Dicho proceso fue impugnado por el consorcio C&C-JC con un recurso de revocatoria, posteriormente fue declarado sin lugar por la junta directiva, quien declararía el concurso desierto, justificándolo de esta manera.

“El acto tomado por la Administración se encuentra debidamente fundamentado, siendo que la decisión se encuentra ineludiblemente motivado en razones de interés público, mismas que impiden una satisfactoria ejecución del contrato y por ende imposibilitan obtener el resultado esperado por parte de la Administración”, indica en la resolución del recurso de revocatoria, de cual El Diario del Pueblo tiene una copia.

La junta directiva determinó que factores como el Covid-19 no permitirían a los asesores trabajar con “flexibilidad”, ya que algunos de los empleados están teletrabajando.

“Para la contratación en mención, por el trabajo y análisis que se requiere para llevar a cabo un proceso de reorganización, es necesario contemplar la presencia física de los asesores externos en las instalaciones de Recope, en caso de que tengan que evaluar algún proceso o por cualquier otra razón propia de las funciones de los asesores que justifique su presencia”, se lee en el acta de contratación, emitida por Recope y disponible al público en la plataforma del Sicop.

 

ACTA DE CONTRATACIÓN

 

De acuerdo con el acta, Recope justifica la declaratoria de desierto, ya que si los asesores no pueden trabajar con el personal podría afectar los resultados que la institución espera de la asesoría.

Además la resolución menciona que la junta directiva justificó la declaración de desierto en que todavía la empresa no se encuentra exenta del Decreto ejecutivo No.41162-H.

“Al analizar el contenido de este decreto, prohíbe las reestructuraciones mientras no impliquen la creación de plazas adicionales o reasignaciones de puestos. Esta disposición podría limitar el resultado de la asesoría. Los asesores externos deben tener la flexibilidad para también evaluar, y de ser el caso, establecer las propuestas en las plazas que requiera Recope de cara al futuro. Con la disposición vigente, no sería posible para el contratista poder trabajar en ese sentido”, señala el escrito de contratación.

De acuerdo con Sitrapequia, las razones por las que Recope declara desierto el concurso no son justificantes y más bien atentan contra el principio de probidad.

“En resguardo de los intereses de los trabajadores optamos por interponer una medida cautelar en contra de Recope y el Mideplan, por considerar que las acciones realizadas por la Administración superior contravienen el bloque de legalidad y a manera de ejemplo, entre otras citar que después de la aprobación hecha por el Ministerio, se contrató los servicios profesionales especializados en derecho laboral, empleo público y derecho administrativo”, señala la agrupación.

El acta de contratación de la asesoría concluye: “Con el fin de garantizar un escenario idóneo para que el proceso de reestructuración, y de acuerdo con lo indicado en el estudio técnico, esta Dependencia somete al nivel de competencia la recomendación para declarar DESIERTO el presente concurso”.

 

EXCEPCIÓN

 

La institución se encuentra en trámite de solicitar al Gobierno de la República una excepción al decreto ejecutivo para continuar con la reorganización y en dado caso contratar plazas a futuro.

“Recope se encuentra tramitando la exclusión a la aplicación del artículo primero del Decreto ejecutivo 41162-H. Una vez dicho trámite se complete, se le puede garantizar al contratista la mayor flexibilidad para que revise la estructura organizativa, las plazas y tenga la libertad de realizar las propuestas de mejora que preparen a la empresa a los futuros retos. Por esta razón, esta limitación es un impedimento a la ejecución material de la contratación y esa situación cambiará una vez que Recope esté exceptuado de la misma. 

Es así como, bajo razones de interés público, resulta necesario esperar a que el trámite se complete porque eso incide directamente sobre el resultado de la asesoría y limita el análisis que los asesores pueden hacer sobre las plazas. Esta sería la otra razón que limita la ejecución de la contratación en estos momentos”, reza el texto del acta de contratación en la página 7.

El Periódico de Más Venta en Costa Rica consultó al ministro de Hacienda, Elián Villegas, si tenía conocimiento de esta petición y si estaría en su disposición exceptuar a la petrolera del decreto.

“Al día de hoy no ha llegado a mi despacho el tema concreto al que usted hace referencia, sin embargo toda reestructuración debe tener como objetivo general aumentar la eficiencia y disminuir el gasto, y eso deberá demostrarse para obtener la respectiva autorización. Cualquier actuación en contrario no sería de recibo”, expresó el jerarca. 

 

RECOPE RESPONDE

 

Ante la publicación de DIARIO EXTRA el 4 julio, con respecto a la denuncia que realizó Sitrapequia, Recope expresa que su proceso de reorganización respeta todos los lineamientos legales y se lleva a cabo por fases.

“La reorganización de Recope es un proceso que se ejecuta por etapas y de conformidad con las competencias que les han sido asignadas a las diferentes entidades públicas, en este caso al Ministerio de Planificación y la Autoridad Presupuestaria (Oficio MIDEPLAN-DM-OF-0237-2020 del 24 de febrero del 2020). De acuerdo con lo establecido, las etapas que se van cumpliendo son etapas preclusivas que llevan un orden de prelación en este tipo de procedimientos”, alega la institución mediante un comunicado.

La empresa estatal de petróleo afirma que su proceso de reestructuración no violenta el ordenamiento jurídico y que esta reorganización es una necesidad debido a las transformaciones en materia de producción de energías.

“Recope reitera una vez más que sus acciones se ajustan a las normas que regulan este tipo de actos y que su único fin es avanzar en posicionar a la empresa como una entidad eficiente en el marco de transformación energética que vive la humanidad”, agrega la institución.

Por otra parte, indica que la medida cautelar interpuesta por Sitrapequia en el Contencioso Administrativo se resolvió sin lugar.



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Comentarios

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Rodrigo (08/07/2020)

Está barato comparado con los salariazos de algunos que poco harán...