Martes 12 de Diciembre, 2017

Alberto Cabezas: Gobierno violenta la orden de la CIJ, ¿dónde están los periodistas?

18 de abril, 2015

Sandra González

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Nuestra ONG, por medio de acuerdo de Junta Directiva, había considerado que la forma en que se estaba construyendo la carretera al margen del río San Juan malgastaba los recursos públicos, destruía el medio ambiente y no estaba accesible a las personas con discapacidad, menos a las que no tienen ninguna afectación física. Al inicio, nadie nos escuchó, luego todos los costarricenses se dieron cuenta del terrible mal y nuestra Presidenta de ese momento pidió disculpas. 

Hoy argumentamos que nuestro Gobierno esta construyendo un dique o una pared de concreto en la zona de isla Calero, algo que violenta las medidas cautelares dictadas por la Corte Internacional de Justicia de la Haya (CIJ) y pone en riesgo el sistema de humedales de esta zona. ¿Qué hay detrás de estas anomalías? ¿Es necesario que los periodistas costarricenses, especialmente, no se hagan cómplices de lo que aquí sucede, investiguen y denuncien?

El personal del Área de Conservación de Tortuguero (ACTO) realizó obras para cerrar el caño en la zona en disputa, algo que contradice lo dispuesto por la CIJ.

Nuestro Estado, al realizar dichas obras en un caño en el sector de la desembocadura del río San Juan, específicamente en la isla Calero, violentó las medidas cautelares dictadas por la Corte Internacional de Justicia, que instó a ambos países a detener cualquier acción, en tanto no existiera una sentencia firme.

Nuestro Gobierno pretende construir un dique de concreto, pues durante los días de Semana Santa llegó a la zona en disputa un helicóptero que realizó más de 120 vuelos; el objetivo era trasladar el material ajeno al lugar.

Nuestro Gobierno, con estas 120 incursiones vía helicóptero, al depositar material ajeno a la zona, violenta las normas establecidas por la Convención de Ramsar.

Esta situación es adversa y amenazante para la integridad de los recursos hídricos, en este caso el sistema lagunar de la bahía, pues colocaron material o sedimentos ajenos a esta zona, poniendo en peligro el ecosistema.

Nuestra Constitución Política recoge, implícitamente, el derecho fundamental de los administrados al buen y eficiente funcionamiento de los servicios públicos, esto es, que sean prestados con elevados estándares de calidad, especialmente en lo que respecta al medio ambiente.

Esta última obligación se desprende de la relación sistemática de varios preceptos constitucionales, tales como el 140, inciso 8, el cual le impone al Poder Ejecutivo el deber de vigilar el buen funcionamiento de los servicios y dependencias administrativas, el 139, inciso 4) en cuanto incorpora el concepto de buena marcha del Gobierno y el 191 en la medida que incorpora el principio de eficiencia de la administración.


Estos principios de orden constitucional han sido desarrollados por la normativa infraconstitucional; así, la Ley General de la Administración Pública los recoge en los artículos 4, 225, párrafo 1 y 269, párrafo 1, y manda que deben orientar y nutrir toda organización y función administrativa, deben ser diseñadas y concebidas para garantizar la obtención de los objetivos, fines y metas propuestos y asignados por el propio ordenamiento jurídico, con lo que debe ser ligado a la planificación y a la evaluación o rendición de cuentas (artículo 11, párrafo 2 de la Constitución Política)

La eficiencia implica obtener los mejores resultados con el mayor ahorro de costos o el uso racional de los recursos humanos, materiales, tecnológicos y financieros.



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