Martes 14 de Julio, 2020

Celso Gamboa no apoya despenalizar hurtos

Le preocupa que se propicie la impunidad

11 de agosto, 2016 | 05:46 PM

Bharley Quirós

Los magistrados Celso Gamboa y Carlos Chinchilla manifestaron sus dudas al proyecto de ley que se analiza en el Congreso, el cual busca eximir la pena de cárcel a los hurtos que no superen los ¢212 mil.

De acuerdo con Gamboa, si bien la iniciativa está bien construida y tiene el apoyo del fiscal general Jorge Chavarría y la ministra de justicia Cecilia Sánchez, él no cree que el proyecto pueda tener el impacto mencionado.

“Nos preocupa que esta idea propicie la impunidad y el poco impacto que tendría en el hacinamiento penitenciario, ya que 14 personas en cinco años no es una cifra muy significativa”, explicó.

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Para Gamboa, la cifra de ¢212.000 no es pequeña para una gran número de costarricenses y cambiar el delito a una contravención afectará a muchos.

“Nuestro criterio no es favorable para la aprobación del proyecto, porque lo que antes era delito ahora dejaría de serlo”, afirmó.

El magistrado dejó claro que si bien no había un problema para el funcionamiento del Poder Judicial en que se elimine este delito, ellos se limitan a dar su opinión experta.

“Lo que sí queremos dejar claro es que esa suma para un grupo importante de costarricenses es una cifra importante de dinero y que pasar el tema a una contravención es un tema complejo”, ratificó.

La opinión de Gamboa y Chinchilla se dio en la Comisión de Seguridad y Narcotráfico, se trata de una posición personal y no de toda la Corte de Justicia.

Proyecto

El proyecto pretende corregir distorsiones, convertir los hurtos y daños menores en contravenciones, para regresar así a la Ley 8250, del 2 de mayo de 2002 y realizar ajustes procesales para la aplicación de las salidas alternas.

De acuerdo con el Código Penal en su artículo 208, se entiende por hurto el hecho de que alguien se apodere ilegítimamente de una cosa mueble, total o parcialmente, lo que conlleva una sanción de un mes hasta 3 años de cárcel.

Varios diputados también han manifestado dudas al proyecto.

En cuanto a la diferencia entre el hurto y el robo, en este último siempre media la fuerza o violencia en contra de la persona, mientras que en el hurto más bien se trata de la sustracción de un bien sin que el afectado llegue a percatarse.

Para evitar la cárcel, el infractor debe cumplir una serie de requisitos:

- Cometer el delito por primera vez.

- Que no exista violencia sobre las personas.

- Tampoco puede haber fuerza sobre las cosas.

El proyecto busca que estos casos se vislumbren mediante un proceso de “Justicia Restaurativa”.  

Según los diputados que lo impulsan hoy día un proceso judicial normal tiene un costo de ¢7 millones, si se aplica mediante esta alternativa, no supera los ¢400 mil.



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