Sábado 11 de Julio, 2020

Reflexiones sobre la no escucha de Solís del discurso del Presidente del Brasil

23 de setiembre, 2016

Sergio Araya

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Lo acontecido el pasado 20 de setiembre en la Asamblea General Ordinaria de la Organización de Naciones Unidas (ONU), específicamente en lo concerniente a la sorpresiva salida del señor Presidente de la República y de su Ministro de Relaciones Exteriores de la sala de sesiones, cuando se aprestaba a iniciar su alocución el recientemente designado Presidente del Brasil, no puede pasar como un hecho aislado que generó críticas y comentarios de toda índole por un lapso de tres días y luego todo continuó como si nada hubiera ocurrido.

Más allá de las valoraciones subjetivas ponderadas por las máximas autoridades responsables de la conducción de la política exterior del Estado, al momento de tomar la decisión de no escuchar el discurso del mandatario brasileño, la cuestión de fondo es determinar si tal proceder fue pertinente y acorde con la investidura de quienes lo llevaron a cabo, o por el contrario transgrede los límites propios del ámbito de acción correspondiente al cargo ejercido.

En un Estado democrático de derecho, como el costarricense, las actuaciones de los titulares de los poderes políticos públicos deben circunscribirse a un marco jurídico e institucional predeterminado, así como responder a un conjunto de principios y valores que configuran y delimitan su margen de maniobra aceptable y permisible.

El artículo 11 de la Constitución Política define con claridad lo antes señalado. Afirma el texto referido: “los funcionarios públicos son simples depositarios de la autoridad. Están obligados a cumplir los deberes que la ley les impone y no pueden arrogarse facultades no concedidas en ella…”.

En esta materia, la misma Carta Magna establece quiénes y bajo que contexto son los encargados del manejo de las relaciones oficiales del Estado con el resto del globo.

El inciso 12 del artículo 140 establece la dirección de las relaciones internacionales de la República como un deber conjunto del Presidente y el respectivo Ministro de Gobierno, en este caso el encargado de Relaciones Exteriores.

Asimismo, al tenor de lo indicado en el artículo 11 constitucional, el actuar del Jefe de Estado y su Ministro de Relaciones Exteriores, cuando ejerzan funciones de representación oficial del país, deben ajustarse al marco legal correspondiente.

En la materia aludida ese marco incluye el ordenamiento jurídico interno, la jurisprudencia que la amplía emitida por los administradores de justicia competentes, la "Proclama de neutralidad perpetua, activa y no armada"  promulgada desde el Poder Ejecutivo, en la Administración Monge Álvarez el 17 de noviembre de 1983 y los numerosos instrumentos internacionales firmados por el país.

La suma de estas normas tiene como común denominador resaltar los valores de la paz, la tolerancia y el respeto a la autodeterminación,  como principios jurídicos y políticos, los cuales devienen en expresión de lo que la doctrina conoce como "constitución viva", es decir aquella particular manera en que el bloque normativo constitucional es entendido y actuado en la realidad por la sociedad.

Tal y como lo señaló la Sala Constitucional en su sentencia No 1739-92  "... de allí que las leyes, en general, las normas y los actos de autoridad requieran para su validez, no solo haber sido promulgados por órganos competentes y procedimientos debidos, sino también pasar la revisión de fondo por su concordancia con las normas, principios y valores supremos de la Constitución..., como son los de orden, paz, seguridad, justicia, libertad, etc., que se configuran como patrones de razonabilidad…”.

De la resolución referida se desprenden con claridad no solo los límites de orden formal que regula el accionar de los operadores del Gobierno en este campo, sino también la obligatoriedad de sujetar su praxis al conjunto de principios y valores arraigados en la idiosincrasia costarricense.

Previendo que en toda acción de política exterior, el interés nacional debe prevalecer como fin último, es deber de las autoridades vigilar la concordancia de sus actos con aquel, entendiendo como positiva y correcta toda acción conducente a su consolidación y expansión, y como impropia o negativa aquellas que vayan en su detrimento.

Colige de lo anterior que el ejercicio de estas responsabilidades debe llevarse a cabo con prudencia, rigor y solidez conceptual, coherencia absoluta con la tradición e historia del país, visión estratégica, sensibilidad diplomática y con claridad meridiana de lo que se representa y se posee, en el concierto internacional de las naciones.

En el pasado reciente, ante acciones emanadas desde los entes encargados de atender esta materia que han transgredido parcialmente alguno de los elementos enumerados, se debió enmendar el rumbo. Por ejemplo durante el periodo de gobierno del Dr. Abel Pacheco, la Sala Constitucional mediante sentencia 2004-09992 de las catorce horas con treinta y un minutos del ocho de setiembre del dos mil cuatro, anuló el acuerdo del Poder Ejecutivo del diecinueve de marzo del dos mil tres, relacionado con el conflicto bélico contra Iraq, y todo acto o actuación relacionado con este y ordenó  al  Gobierno de la República a hacer las gestiones necesarias para que el Gobierno de los Estados Unidos de América excluyera al  país de la lista de países "aliados" de la "Coalición" o "Alianza", establecida en aquella ocasión para enfrentar al régimen de Sadam Husein.

Más allá de las razones esgrimidas por el Ministro Manuel González, las cuales en sí mismas son difusas, lo cierto del caso es que lo acaecido en el Brasil con la destitución de la hoy expresidenta  Dilma Rousseff y su reemplazo por el entonces vicepresidente Michel Temer, se desarrolló al amparo de la normativa jurídica interna de aquel país.

En otras palabras, independientemente de las valoraciones políticas que se hagan en torno a las características del proceso efectuado, el mismo fue totalmente legal y responde a una decisión soberana de las autoridades políticas legítimas de la nación.

Por tanto no se advierten elementos extraordinarios que, congruentes con la doctrina y el marco legal regulador del manejo de las relaciones internacionales del Estado costarricense, justifique el acto efectuado por el Presidente y el Ministro de Relaciones Exteriores en la Asamblea General de la ONU.

Empero, siendo también consistente con la tradición nacional de dar a las partes la posibilidad de plantear sus argumentos, es relevante conocer a profundidad las razones que les motivaron  a actuar de la manera en que quedó registrada a nivel mundial.

En ese sentido sería adecuado recibir respuestas, por parte del Presidente o del Ministro, al menos a las siguientes interrogantes:

1. ¿Por qué abandonaron el Presidente y el Ministro de Relaciones Exteriores el salón de sesiones justo cuando iniciaba el Jefe de Estado brasileño su alocución?

2. ¿Cuándo y quién tomó esa decisión?

3. ¿Respondió a una acción orquestada con otros Gobiernos? De ser así, ¿con cuáles?

4. ¿Qué se pretendió simbolizar con ese acto?

5. ¿En qué se fundamentó la decisión de ausentarse de la sala?

6. ¿Qué buscó el Gobierno costarricense conseguir con esta medida?

7. ¿Aparte del acto del abandono de la sala, qué otras acciones se tiene contemplado llevar adelante en lo que a la relación diplomática con el Gobierno brasileño se refiere?

8. ¿Representa el gesto un rechazo al actual Presidente del Brasil?

9. ¿Se expresó con anterioridad y por los canales usuales, la posición del Gobierno costarricense ante su homólogo brasileño?

10. ¿Se valoró los posibles efectos y alcances del acto efectuado?

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11. ¿Qué significa en el texto emitido por  la Casa Presidencial la expresión "aleccionar sobre prácticas democráticas"?

12. ¿Cómo y quién ha dado seguimiento desde la Cancillería a los acontecimientos acaecidos en el Brasil, tras la destitución de la hoy ex-Presidenta?

13. ¿Por qué se ha dado ese monitoreo?

14. ¿Se aplica un procedimiento similar con lo que acontece en otros países de la región?

15. ¿Cuáles criterios son empleados para escoger qué países se monitorean y para definir qué se evalúa?

Esperemos, en aras de preservar la línea unívoca del quehacer del Estado costarricense en el manejo de la política exterior del país, una respuesta sesuda y convincente a estas y muchas otras  interrogantes suscitadas a partir del acto efectuado el día 20 de setiembre por las autoridades de turno, de forma tal que por un solo hecho puntual no se desvirtúe una línea de Estado que ha sido fiel reflejo de los principios y valores arraigados en el ser social costarricense y que han sido referentes ante el mundo.

*Sergio Araya



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