Viernes 22 de Setiembre, 2017

Acción de Óscar López promueve paraíso de lavado de dinero en el país

Sergio Jimenez19 de abril, 2017 | 05:14 PM

El diputado Óscar López, del Partido Accesibilidad Sin Exclusión (PASE), presentó ayer martes 30 mociones contra un proyecto de ley que urge el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), el cual evitaría que Costa Rica ingrese a una lista indeseable por no combatir la legitimación de capitales y el financiamiento al terrorismo.

Se trata del expediente 19.951, de reformas a la Ley de estupefacientes, sustancias psicotrópicas, drogas de uso no autorizado, actividades conexas, legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo.

Para algunas personas, entre ellos, funcionarios del Instituto Costarricense Sobre Drogas (ICD) , esto podría generar, además de una mala imagen para el país, un posible paraíso para el lavado de dinero, entre otras acciones.

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El legislador comentó que el documento se trata de un texto sustitutivo, que en esencia es una nueva ley, de manera que se debe consultar. Según dijo, las leyes se deben consultar antes y no después.

En el ICD explicaron que hay una serie de señalamientos que hacen en el GAFI, mediante los cuales indican que hay vacíos legales en el marco normativo costarricense.

“El estándar GAFI dice que las actividades profesionales no financieras deben ser reguladas, tener una entidad que vele por el sistema en prevención contra la legitimación de capitales y financiamiento del terrorismo, que sea adecuado, eficiente y se aplique con efectividad.

Nosotros tenemos ese vacío y este proyecto lo que hace es ampliar las competencias y modificar la naturaleza de la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef), para que se convierta en el regulador y sea el fiscalizador de políticas como ‘conozca a su cliente’, para darle trazabilidad al origen del dinero, poderlo determinar y también el destino de los servicios o productos de estas actividades que estarían reguladas”, comentó Guillermo Araya, director del ICD.

Araya asegura que han conversado con todas las fracciones legislativas.

Acotó que se estaría regulando los casinos virtuales y físicos, organizaciones sin fines de lucro, venta de metales y piedras preciosas, bienes raíces, fideicomisos, prestamistas, casas de empeño, tarjetas de crédito que no estén ligadas a entidades financieras, entre otras.

Para el 25 de abril, este proyecto tendría que estar aprobado, o Costa Rica quedaría destinada a ser catalogada como país no cooperante con el sistema de prevención antilavado y legitimación de capitales y financiamiento del terrorismo, similar a naciones como Irán, Afganistán, Corea del Norte, Irak y Siria.

“Estos son países con problemas bélicos, militares y Costa Rica caería en esos por simplemente cuestiones que no se pudieron subsanar con el dialogo, aquí estuvimos presentes funcionarios del ICD a altas horas de la noche, reuniéndonos con los diputados para subsanar debilidades y hemos estado abiertos como para que digan que no se les ha buscado.

En las reuniones de jefes de fracción, Óscar López se retiraba, nunca se acercó, se acercó a decirnos que tenía dudas, se esperó hasta este momento para obstaculizar el proceso, es el nombre de Costa Rica lo que está en juego, ¿dónde queda el patriotismo de este señor? No le importa que el país vaya a lista gris”, aseveró Araya.

Por su parte, López alega que nadie llegó a un acuerdo con él, que nadie se acercó a hablarle, e incluso manifiesta que llegó a conversar con el presidente Luis Guillermo Solís, quien no lo atendió.

“Yo creo que en la esencia del proyecto, por el fondo, hay que meter en cintura a profesionales liberales y actividades lucrativas para evitar que el país se convierta en cuna de lavadores, pero no atropellando los parámetros legislativos, no es la forma”, concluyó López.



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