Jueves 22 de Junio, 2017

Prisión por 8 años a quien financie y administre loterías ilegales

Propone proyecto de ley
Sharon Cascante07 de noviembre, 2016 | 01:10 PM

La Junta de Protección Social (JPS) entregó este lunes el proyecto de ley con el que pretende acabar con la lotería ilegal.

En la iniciativa, se incluyen penas de cárcel y sanciones económicas.

Dentro de las penas de cárcel se incluyen desde seis meses por falsificar los logos de los juegos de la Junta, hasta ocho años por financiar y administrar la venta y comercialización de lotería ilegal.

De acuerdo con Delia Villalobos, presidenta de la JPS, la lotería ilegal es un cáncer que les impide ayudar como quisieran a las organizaciones sociales.

"La lotería ilegal reporta ganancias de ¢100 mil millones, recordemos que la Junta de Protección Social ronda los ¢26 mil millones", dijo.

Esto se desprende de un estudio elaborado en el 2013, por lo cual indican que podría ser incluso más dinero.

En tanto, respecto a las sanciones económicas, multarán con un salario base a quien compre estas loterías y con 20 salarios base a quienes las impriman y a quienes vendan loterías ilegales extranjeras, como la panameña y la dominicana.

Villalobos dijo que, gracias a la JPS, 1.050 personas tenían trabajo en las organizaciones sociales, 1.700 como vendedores de lotería y 1.300 personas como vendedoras de lotería electrónica.

"La Junta de Protección Social es una institución centenaria que nació para hacer el bien social", dijo Ana Helena Chacón, vicepresidenta de la República.

Para la Vicepresidenta, era importante diversificar la ayuda de la JPS hacia otros sectores en los que debía darse un apoyo mayor.

"Una institución de 160 años hay que defenderla. Hay que combatir la ilegalidad, pero hay que fortalecer los programas de la JPS", dijo Chacón.

Ella asegura que deja en manos de los diputados este proyecto de ley.

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Chacón afirmó que está segura de que el proyecto encontrará mucho apoyo, pero también detractores.

"Hace unos días recibí una llamada de una persona que estaba en contra de esto", añadió.

La Vicepresidenta indicó que la amenaza llegó por medio de un audio donde quien lo envió no se identificó, por esto lo pasó a las autoridades.

En el audio le indican que ellos saben quién es ella, y que ella sabría de ellos, pues le indicaron que quienes salían afectados con el proyecto son personas pobres.

Por su parte, Luis Vásquez, diputado del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) aseveró que lamentablemente "hay más de 7.500 personas trabajando, que no están en estadísticas".

"La Junta de Protección Social tiene una gran responsabilidad desde ahora, porque hay muchas familias y jefas de hogar que llevan sustento de esta forma", agregó.

Para él, este proyecto es un paso importante, pero la JPS debe garantizarle a quienes laboran en esta red por necesidad una oportunidad al acabar con los locales ilegales.



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